• El PJF en Querétaro mantiene paro laboral este lunes y martes.
• La SCJN firmó acuerdo nacional para modificar esquema de evaluación.
• Sindicalistas argumentan que las pruebas buscan destituir a jueces con antigüedad.
Este lunes por la mañana, se registró una manifestación a las afueras del juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación, a un costado del congreso del estado, donde se señaló que el paro de labores se mantendría durante este lunes y martes.
La secretaria del Tribunal Colegiado en materia Administrativa y de Trabajo en el Segundo Circuito del Poder Judicial, Erika Díaz López, destacó que en este espacio se generó una votación, en la que se definió mantener esta suspensión de labores.
Lo anterior, pese a que a nivel nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ), junto con representantes sindicales, firmaron un acuerdo para modificar el esquema de evaluación del desempeño y frenar el paro de labores.
La secretaria comentó que aún consideran que las evaluaciones deben ser aplicadas a los nuevos jueces, ministros y magistrados elegidos en votación ciudadana; ya que aseguran que las evaluaciones aplicadas a quienes ya cuentan con experiencia en el poder judicial servirían para su destitución.
“Las evaluaciones, al final de cuentas, no tienen como finalidad mejorar la calidad del servicio; si esa fuera, hubieran empezado con la evaluación o eligiendo perfiles capacitados de los titulares; es decir, ministros, jueces, y magistrados de elección, no tienen la más mínima preparación, no se les exigió ningún tipo de preparación. Ahora, ¿por qué quieren hacernos este tipo de exámenes a nosotros? En mi caso que tengo 30 años de antigüedad, voy a cumplir 30 años de antigüedad. El tema no es si paso o no paso el examen. El tema es que los exámenes tienen como finalidad quitarnos el trabajo, quitarnos nuestra base“, expuso.
Erika Díaz consideró que, para mejorar la calidad del servicio, debieron elegirse mejores perfiles que buscaran la elección de la ciudadanía; por ello, consideró injusto e insuficiente el acuerdo nacional en materia de evaluación.
“Finalmente, en la ley de carrera judicial están contemplada todavía las evaluaciones y esas son las que queremos que las quiten por completo“, enfatizó, al señalar que los trabajadores de base realizaron los exámenes de preparación.
Por último, Díaz López indicó que las condiciones actuales podrían propiciar que los titulares de elección realicen las evaluaciones y reprueben a trabajadores “por no caerles bien“ y no por conocimientos o resultados. Esto, dijo, también genera temor a represalias para quienes se manifiestan.
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