Mantienen en prisión a Liliana por caso de maltrato animal contra Rocky en Saltillo
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La jueza rechazó el sobreseimiento y el cambio a prisión domiciliaria solicitados por la defensa; la imputada seguirá en prisión preventiva
La jueza de control rechazó las dos solicitudes presentadas por la defensa de Liliana durante la audiencia celebrada este lunes 9 de noviembre, por lo que la imputada continuará en prisión preventiva justificada mientras avanza la investigación por el delito de maltrato animal en agravio de Rocky, un perro de raza Gran Pirineo que murió después de ser arrastrado por una camioneta en un fraccionamiento residencial de Saltillo.
La audiencia comenzó a las 10:30 horas y representa el segundo intento de la defensa para conseguir que Liliana abandone el centro penitenciario. La primera solicitud de modificación de la medida cautelar se presentó en octubre; sin embargo, tampoco fue autorizada por la autoridad judicial.
Entre los argumentos para mantenerla privada de la libertad se encuentran el riesgo de evasión de la justicia y la posible obstaculización del procedimiento. De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, cuando agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al domicilio de la imputada para localizarla, esta se ocultó. Además, se señaló que habría alterado la escena de los hechos.
DESESTIMAN PETICIONES DE LA DEFENSA
Durante la diligencia de este lunes, los representantes legales de Liliana plantearon dos solicitudes. La primera consistió en el sobreseimiento de la causa penal, bajo el argumento de que el delito previsto en el artículo 261 no se configura en las circunstancias del caso.
La jueza desestimó esta petición al considerar que el planteamiento ya había sido materia de discusión en etapas anteriores del procedimiento y ratificó que existen elementos para continuar con la investigación por el delito imputado.
La segunda solicitud fue modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada por arresto domiciliario, con el uso de un brazalete electrónico en la vivienda de un familiar. Como parte de su argumentación, la defensa sostuvo que no existen antecedentes de agresiones seriales.
Sin embargo, la juzgadora determinó que las condiciones procesales no han cambiado y que persisten los riesgos que justificaron la prisión preventiva, por lo que rechazó sustituirla por una medida menos restrictiva.
DEBATE POR SITUACIÓN FAMILIAR DE LA IMPUTADA
Otro de los puntos discutidos durante la audiencia fue la condición de las víctimas dentro del proceso y los argumentos relacionados con el interés superior de la infancia.
La defensa expuso que los dos hijos menores de Liliana llevan tres meses separados de su madre, situación que, señaló, debe considerarse al momento de resolver sobre la medida cautelar. También cuestionó la presión ejercida por organizaciones protectoras de animales y consideró que la atención mediática del caso ha influido en la percepción pública.
Uno de los argumentos centrales de la defensa fue la postura del Ministerio Público, al señalar una aparente contradicción entre su obligación de proteger los intereses de las víctimas y su oposición a que Liliana regrese con sus hijos, quienes tienen reconocida esa calidad dentro del proceso.
“Han pasado tres meses sin su madre”, expuso la defensa durante la audiencia.
Ante este planteamiento, la representación del Ministerio Público reconoció la complejidad de su posición procesal, pues, mientras sostiene la acusación contra Liliana, también debe velar por los derechos de las víctimas, cuya representación familiar busca que la imputada recupere su libertad.
“Estoy entre dos defensas”, expresó el representante ministerial.
Durante la diligencia, la jueza confirmó que la calidad formal de víctimas corresponde a integrantes de la familia de Liliana. En la audiencia estuvo presente su esposo, quien compareció en representación de sus hijos.
Por su parte, la defensa también cuestionó lo que calificó como una “falsa moralidad” por parte de la organización civil Dignidad Animal, al considerar que su participación y postura en el caso están relacionadas con la atención mediática que ha generado el proceso.
Pese a estos planteamientos, la jueza mantuvo la determinación de que la imputada permanezca en prisión preventiva justificada mientras continúa el procedimiento penal.
EL CASO ROCKY
Los hechos que originaron la investigación ocurrieron en julio, cuando Rocky, un perro de raza Gran Pirineo, fue atado a la parte trasera de una camioneta y arrastrado por la vía pública.
Un vecino intervino para rescatarlo y consiguió que fuera trasladado a un centro de atención veterinaria. Sin embargo, pese a recibir atención médica, el animal murió después de permanecer tres días en terapia intensiva.
La circulación de un video que documentó la agresión provocó indignación entre usuarios de redes sociales. A raíz de los hechos, la asociación Dignidad Animal presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado para exigir que se investigara lo ocurrido.
El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva justificada, que fue impuesta desde el 11 de julio, al considerar que existían riesgos de evasión de la justicia y de obstaculización del procedimiento.
El pasado 6 de noviembre, la autoridad judicial autorizó una ampliación de dos meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía deberá continuar con el desahogo de las diligencias y la integración de los elementos de prueba.
Una vez concluido ese plazo, se prevé una nueva audiencia en la que se revisarán los avances de la investigación y se determinarán los siguientes pasos del proceso. La resolución sobre la existencia del delito y la eventual responsabilidad penal de Liliana corresponderá a las etapas posteriores del procedimiento judicial.
DISPUTA POR LA REPRESENTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
Antes del inicio de la audiencia, el equipo jurídico de Dignidad Animal intentaron ser considerados asesores en el proceso legal, lo cual fue negado por la jueza al indicar que ya se había debatido ese punto.
La negativa impide que los integrantes de la organización tengan intervención directa en los debates judiciales bajo esa figura jurídica.