España ha obtenido unos resultados negativos en el último Informe PISA. Así, ha logrado un 477 en ciencias, un 457 en matemáticas y un 451 en lectura. La media de indicadores de la OCDE y de la UE es superior a la de nuestro país en cada una de las tres competencias citadas.
¿Por qué hemos llegado a esta situación? Analicemos los factores de este fracaso educativo:
Económicos
a. De acuerdo con la Comisión Europea (Eurostat, 2023), el Estado, a nivel supralocal (poder central y CC.AA.), invierte en torno al 4,3% del PIB frente al 4,7% del conjunto de la UE. En contraposición, Singapur, el país nº 1 del Informe PISA, gasta en torno al 5,6% del PIB en Educación (OCDE, Education at a Glance, 2026).
b. En línea con el punto anterior, otros países, como Suiza, Suecia, Finlandia o Corea del Sur poseen un elevado nivel de gasto educativo, ratios pequeñas y mejores resultados que España.
Por ejemplo, analicemos el caso finés (OCDE, Education at Glance, 2026):
-504-469-474 de resultados en ciencias- matemáticas-lectura (Informe PISA, 2025).
-Ratio inferior a 20 alumnos por aula (en España el número es, de media, superior a los 20 estudiantes por docente) en los niveles preuniversitarios.
-5,2% de gasto en Educación sobre el PIB.
-Por otro lado, la renta per cápita de Finlandia es de 56.149 euros, frente a los 38.627 de nuestro país. Este exitoso resultado académico guarda una relación estrecha con su también excelente modelo educativo.
Filosóficos-Educativos
a. La pedagogía progresista es reacia al regreso a una FP voluntaria a los 14 años (ello es perfectamente compatible con el mantenimiento de la obligatoriedad de formarse hasta los 16; ya sea -entre los 14 y 16 años- en FP Básica o en la educación ordinaria). La Ley General de Educación (1970-2006) estableció dicha oportunidad formativa al cumplir 14 años. Dicha medida tendría un triple beneficio:
-Dar una alternativa formativa a aquellos estudiantes que no deseen seguir en la educación ordinaria.
-Facilitar el silencio en las aulas y, por tanto, un mejor aprendizaje del alumnado que sí desee instruirse.
-Mejora de la salud mental de los docentes.
b. Además de la cuestión anterior, la normativa educativa actual otorga un peso desproporcionado a los elementos curriculares de naturaleza axiológica y competencial, en detrimento de los epistemológicos y del fomento de la cultura del esfuerzo.
Jurídico-Institucionales
a. La inestabilidad legislativa, que contrasta con los pactos educativos en otros países, es un hecho fehaciente en España. Ello conlleva una constante readaptación a los nuevos marcos normativos por parte del profesorado. Es decir, a nivel educativo se traduce en una constante readaptación burocrática, por un lado; y pedagógica, en lo referente a la planificación de las sesiones.
b. El actual marco constitucional, caracterizado por una descentralización asimétrica -donde las competencias educativas pertenecen a las Comunidades Autónomas-, impide o dificulta muchísimo la intervención de la UE o del poder central en la armonización de esta cuestión desde un enfoque “inversor” y “universal” desde el punto de vista geográfico interno.
Sociológicos
Estos son los más complejos, ya que, salvo el segundo punto, el resto dependen muy poco o nada de las autoridades públicas:
a. Gran cantidad de divorcios y familias con disputas internas: obviamente, defendemos el derecho al divorcio libre, pero ello no quita que dicho proceso ocasione un notable malestar psicológico en los menores de edad afectados. De acuerdo con el Observatorio Demográfico CEU (2024), más del 50% de matrimonios acaba en separación formal. Asimismo, muchas familias no divorciadas viven serios problemas estructurales de carácter personal o laboral. Dicha situación evidentemente tiene una repercusión en la salud mental de niños y adolescentes.
b. Problemas socioeconómicos: de acuerdo con el INE (2024), un 63% de los hogares tiene problemas para llegar a fin de mes. Y el 25,7% de los españoles está en riesgo de pobreza (EAPN, 2026). Ello se traduce en ambientes familiares más complejos a nivel psicosocial, así como en menos oportunidades para adquirir material escolar. En otras palabras, el Estado español debe emprender una lucha más feroz contra la pobreza y la desigualdad social: para potenciar la igualdad de oportunidades, para lograr un mayor progreso educativo, para que se reduzca drásticamente el número de delitos y también para aumentar el bienestar psicológico intrafamiliar.
c. Conciliación familiar: la ausencia de racionalización horaria, tal y como critica la asociación ARHOE, afecta a la productividad, salud y al bienestar familiar. Por tanto, la escasez de tiempo para atender a los hijos influye también en los resultados educativos.
d. Auge de las redes sociales: estas plataformas, digitales, fomentan, en general, el consumo de lo inmediato, así como lo audiovisual, en detrimento de la comprensión lectora y del espíritu crítico.
En resumen, la calidad de la educación en España es mejorable. El insuficiente nivel de inversión económica, la inestabilidad-desarmonía normativa más un enfoque ideológico buenista hacia el alumnado disruptivo operan en un sentido negativo en nuestro sistema. Asimismo, la realidad sociológica, marcada por el auge de la tecnología, los problemas socioeconómicos, las separaciones/disputas y la falta de conciliación familiar, dificulta también el correcto aprendizaje. Los resultados del Informe PISA de 2025 son indicadores de todos estos problemas estructurales.
Al igual que en el ámbito de la vivienda -tal y como analizamos en el artículo El progresismo y el liberalismo conservador, corresponsables de la situación de la vivienda-, en la esfera educativa se han mezclado los elementos negativos de estas dos ideologías.
