Guadalajara.- Al menos ocho Presidentes Municipales de la Ribera se reunieron ayer en Guadalajara para endurecer su postura en contra del acueducto Solís-León. Acordaron, además, solicitar a la Conagua que les proporcione información técnica, oficial y sustentada sobre la obra.
Los Ediles de Chapala, Ocotlán, Jocotepec, Poncitlán, Jamay, La Barca, Tizapán y Tuxcueca se reunieron en privado para reforzar estrategias en defensa del Lago de Chapala.
De acuerdo con el proyecto, el acueducto Solís-León contará con 119.91 millones de metros cúbicos de agua por año, equivalente a 3 mil 802 metros cúbicos por segundo.
La obra permitiría abastecer a 3.5 millones de habitantes, de ellos 1.8 millones viven en León, el municipio más beneficiado.
El acueducto Solís-León tendrá una longitud de 201 kilómetros recorriendo 10 municipios: Celaya, Villagrán, Cortázar, Salamanca, Salvatierra, Acámbaro, Tarimoro, Silao, Irapuato y León beneficiando directamente al corredor industrial de Guanajuato.
Fuentes confirmaron a MURAL que los Alcaldes coincidieron en que los trabajos de construcción del acueducto encienden focos rojos ante el riesgo de que se interrumpa la descarga de grandes volúmenes de agua a Chapala y se afecte el suministro a la ZMG.
Encienden alertas en Jalisco
El pasado mes de febrero, el gobierno de Jalisco manifestó su preocupación por la construcción del acueducto que enviará agua de la Presa Solís hacia León. Según las autoridades, esta obra pone en riesgo el suministro para la zona metropolitana de Guadalajara.
La administración jalisciense sostiene que el proyecto impacta negativamente en el Lago de Chapala. El estado busca frenar la afectación a la cuenca del Río Lerma para garantizar la seguridad hídrica de sus habitantes en México.
La alerta surge en un momento crítico debido a los bajos niveles de almacenamiento en las presas de la región. El trasvase de agua hacia Guanajuato es visto por Jalisco como una amenaza directa a su principal fuente de abastecimiento.
Expertos técnicos señalan que la distribución del líquido en la cuenca Lerma-Chapala debe revisarse bajo los nuevos criterios de sequía. La disputa entre ambos estados ha escalado a niveles políticos y legales en México.
Por su parte, el proyecto hacia León es defendido como una necesidad urgente para el desarrollo industrial y humano de Guanajuato. La falta de alternativas de suministro ha presionado la ejecución de esta infraestructura.
Se ha solicitado formalmente que la Conagua realice un nuevo estudio de impacto ambiental y social. Se requiere un arbitraje neutral que defina los volúmenes de extracción permitidos para cada entidad federativa.
Habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara han expresado temor por posibles tandeos o recortes en el servicio. La estabilidad social de la región depende de una resolución técnica clara sobre el uso de la Presa Solís en Jalisco.
Las negociaciones entre los gobiernos estatales continuarán durante las próximas semanas bajo la supervisión federal. El objetivo es evitar una crisis de escasez que afecte la economía y la salud pública en el occidente de México.
Y se endurecen también en Guanajuato…
Campesinos de Acámbaro fortalecieron su oposición al proyecto que busca llevar agua de la Presa Solís hacia la ciudad de León. En esta ocasión, el movimiento recibió el respaldo formal de diversos sacerdotes de la región.
La comunidad religiosa y agrícola coincide en que el trasvase afectará la economía de subsistencia de las familias rurales. El grupo planea interponer recursos legales para frenar la obra y proteger el derecho al riego en el sur de Guanajuato.
La participación de la iglesia en Acámbaro ha dado un nuevo impulso a las asambleas informativas sobre el acueducto. Los productores temen que la extracción masiva de líquido deje secos sus canales de distribución en México.
Durante las reuniones, se destacó que miles de hectáreas dependen directamente del almacenamiento de la Presa Solís. Los manifestantes argumentan que el desarrollo de León no debe ser a costa del empobrecimiento del campo en Guanajuato.
El clero local hizo un llamado al diálogo con las autoridades estatales para buscar alternativas sustentables. Consideran que el agua es un bien común que debe gestionarse con justicia social para las comunidades de Acámbaro.
Por su parte, el gobierno estatal insiste en que el proyecto cuenta con estudios técnicos que garantizan la viabilidad. Sin embargo, la desconfianza persiste entre los habitantes que ven amenazada su única fuente de ingresos en México.
El movimiento ciudadano no descarta realizar cierres carreteros o manifestaciones masivas en los próximos días. Exigen que se respete el decreto original de uso de la presa para beneficio de los productores de Guanajuato.
La tensión en la región ha crecido conforme avanzan los anuncios sobre el inicio de las licitaciones. La defensa del agua se ha convertido en una causa que une a diversos sectores sociales en la zona fronteriza de México.