El sábado pasado hubo un foro convocado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) y el Congreso de la Ciudad de México, para recoger las opiniones de integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) de la alcaldía Miguel Hidalgo y cumplir con lo que mandata la ley respecto a las consultas públicas sobre el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025-2045 (PGD).
Aunque la convocatoria era para COPACOS, en la mesa de registro no se pidió a los asistentes acreditarse como integrantes de ese órgano de representación contemplado en la Ley de Participación Ciudadana (LPC). En esa mesa se entregó una Cédula de opinión y propuesta de la consulta pública para el PGD cuya pregunta central era: ¿Cómo es la Ciudad que sueñas? También un papelito en blanco para participar en una tómbola para elegir a cuatro representantes que integrarían mesas de trabajo para la elaboración de una nueva LPC.
La Constitución Política de la Ciudad de México mandata el contar con un PGD con visión a 20 años y asigna la responsabilidad de su elaboración al IPDP, organismo público descentralizado con [supuesta] autonomía técnica y de gestión.
El Consejo Técnico y el Consejo Ciudadano del Instituto, elementos centrales para la elaboración del proyecto de PGD, fueron integrados en septiembre de 2025. El 25 de octubre de ese año, sin embargo, el documento estaba listo para el proceso de consulta. Esto es materialmente imposible, viola el proceso de formulación y nos hace preguntarnos quién elaboró el proyecto y con qué motivaciones.
Por su trascendencia, este plan debe diseñarse con profesionalismo, seguir los procesos establecidos en la ley —incluida la participación de los sectores sociales, culturales, académicos y económicos— y hacer consultas públicas serias, sin preguntas etéreas —ni tómbolas—, e integrando mesas de trabajo que incluyan la representación ciudadana legalmente constituida, así como la participación de especialistas en cada materia.
Las consultas realizadas no cumplen con la normativa, han habido diversas irregularidades en el proceso institucional y el contenido vulnera los derechos ciudadanos y pone en riesgo el desarrollo sustentable de la ciudad. Este PGD busca centralizar el poder en el gobierno, pasar por encima de los Programas Parciales de Desarrollo Urbano y crear Asambleas Ciudadanas — a mano alzada — para la toma de decisiones sobre el ordenamiento territorial.
El foro del pasado 14 de marzo estuvo nutrido de expresiones de inconformidad hacia el proyecto de la jefa de gobierno. A forma de caricaturización de los mecanismos democráticos de mano alzada, una vecina preguntó quién estaba a favor del PGD. De aproximadamente 100 asistentes, solo cuatro se manifestaron a favor, el resto en contra. Se entregó un documento con 57 firmas de representantes de distintas colonias en el que se fundamenta el porqué de la exigencia de reponer el proceso, y de rechazar el proyecto.
La democracia empieza desde lo local; los atropellos a los derechos de la ciudadanía que hoy observamos en este PGD tienen implicaciones a nivel nacional. No permitamos que sigan comprometiendo nuestro futuro, el de la ciudad y el del país.
@isilop