Después de leer y analizar el comunicado de prensa del 16 de marzo, publicado por la Fiscalía General de la República (FGR) parecería confirmar que en México se está viviendo un estado de excepción no declarado. Este comunicado, donde la FGR por fin da algunas explicaciones de lo sucedido 22 días antes, cuando fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Osceguera, alias “El Mencho”.

Tuvieron que pasar 22 días para que la FGR, institución que juega un papel fundamental en asegurar que todavía existe el estado de derecho en el país, no solo ha estado ausente en el caso del intento de captura de El Mencho, cuando por fin publica un comunicado, confirma la incapacidad o falta de coordinación entre los actores que tienen la responsabilidad de impartir justicia y proteger la seguridad nacional del país.

En un país donde prevalece el estado de derecho, el Ministerio Público o Fiscal General, debería haber convocado una conferencia de prensa horas, o posiblemente días, después del abatimiento de El Mencho y la reacción violenta de sus seguidores, que incluyó la muerte de más de 40 personas (yo todavía no encuentro un número oficial de muertes) y más de 800 vehículos robados y quemados.

Pero la fiscal Ernestina Godoy no solo estuvo desaparecida los días después de los “sucesos acontecidos luego de la captura y fallecimiento del posible líder de un grupo criminal, ocurridos en un fraccionamiento ubicado en Tapalpa, Jalisco”, pero la presidenta tuvo que asumir los costos políticos de un operativo donde la Fiscalía debería de haber jugado un papel fundamental en la estrategia de desmantelamiento de las organizaciones criminales que azotan al país.

Como lo comenté en este espacio, días después de la muerte del Mencho, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que defender en la mañanera lo indefendible: la violencia vivida el 22 de febrero no fueron actos terroristas y que su estrategia de seguridad difiere a la de Felipe Calderón y que sigue los lineamientos de “abrazos y no balazos” de su predecesor Andrés Manuel López Obrador.

Pero el comunicado de la FGR nos da claros indicios de que la estrategia es otra:

“El lugar referido no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial. En ese sentido, no se realizó el aseguramiento inmediato de los inmuebles, sino hasta que la situación fue contenida y se restablecieron condiciones mínimas de seguridad en la zona, momento en el que la FGR solicitó a una autoridad judicial una orden de cateo para ingresar legalmente a seis inmuebles.

Previo a ello, se tuvo conocimiento de que, sin autorización alguna de quien estuviera facultado legalmente para otorgarla, diversas personas ingresaron a dichos inmuebles, lo que alteró y contaminó la escena.

En consecuencia, esta Fiscalía no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí.

Del mismo modo, no es posible establecer si los elementos encontrados fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes, lo que podría romper la cadena de custodia de eventuales pruebas”.

¿Cómo se clasifica la muerte del Mencho? ¿Abatimiento? ¿Intento de captura? ¿muerte intencional? ¿Captura fallida? Esta definición la debería haber hecho la FGR, basados en una investigación para aclarar lo que sucedió en Tapalpa el día que murió El Mencho. Pero como pudimos ver en el comunicado, simple y llanamente aseguran que no pudieron llegar a la escena, llegando a la conclusión que se contaminó la escena del crimen y no podrán proceder en contra de individuos u organizaciones que fueron expuestos en documentos encontrados.

Y por lo visto, la Fiscalía tampoco va a responder a la otra pregunta que quedó en el aire… la violencia que se suscitó en reacción a la muerte del Mencho ¿fueron actos terroristas?

Si la FGR no quiere o no puede jugar un papel principal en la estrategia para enfrentar y mitigar la violencia de las organizaciones “terroristas” en el país, es casi una declaratoria-no oficial-de que México vive un estado de excepción por el control territorial de los cárteles y la incapacidad de las instituciones con la responsabilidad de administrar justicia. Y por no ser una declaratoria oficial, obviamente los individuos y las instituciones, con la responsabilidad de estos operativos, podrían enfrentar en un futuro investigaciones por violar el debido proceso y violentar derechos humanos.

Pero eso si la “continúa con las investigaciones relacionadas con este caso y mantendrá informada a la opinión pública, conforme el debido proceso lo permita” nos asegura la Fiscalía en el comunicado.

¿Qué o quién están investigando?