Hace varios años participé en un proyecto dirigido a mujeres de nivel operario en una empresa, donde el gerente de Recursos Humanos me pidió apoyo para identificar candidatas para una vacante de supervisión. De inmediato pensé en Sonia, una colaboradora con un claro potencial de liderazgo, confirmado tras diversas evaluaciones.

Cuando le comuniqué que estaba siendo considerada para el puesto, sonrió llena de orgullo, pues se había ganado esa oportunidad a pulso. Sin embargo, al día siguiente dejó de presentarse a trabajar y, después de varios días de silencio, nunca regresó ni formalizó su renuncia.

Al preguntar a sus compañeras por ella, una frase dicha con incomodidad lo explicó todo: “Es que su vato ya no quiso que trabajara”, una respuesta que me dejó con una profunda sensación de frustración.

Lamentablemente, este no es un caso aislado. La violencia económica y patrimonial es una de las formas más normalizadas e invisibles de violencia de género en México y se encuentra estrechamente vinculada a condiciones sociales, económicas y políticas que la sostienen y la reproducen dentro de las familias.

Esta realidad se explica, en parte, por una estructura social tradicional donde persisten roles de género que colocan al hombre como proveedor económico y a la mujer como cuidadora del hogar. En ese contexto, el trabajo doméstico y las tareas de cuidado que realizan diariamente, en su mayoría mujeres —como la limpieza, la cocina, las compras y el cuidado de niñas, niños, personas adultas mayores, con discapacidad o enfermas— no reciben retribución económica, pese a que su aportación al bienestar de los hogares y al crecimiento económico del país es significativa y representa más del 25?% del PIB en México. Sin embargo, al no ser valoradas ni medidas formalmente, estas actividades permanecen invisibles en los análisis macroeconómicos y limitan la generación de evidencia para el diseño de políticas públicas.

Esta invisibilización impacta directamente la autonomía de las mujeres, pues reduce sus posibilidades de participar plenamente en el ámbito laboral y, cuando lo hacen, las empuja a optar por empleos informales y flexibles que les permitan continuar asumiendo las labores de cuidado, aun cuando ello implique la falta de seguridad social e ingresos estables. Aunque algunos indicadores de pobreza han mejorado, las mujeres siguen siendo mayoría entre la población económicamente vulnerable, lo que incrementa su exposición a la violencia en el ámbito familiar.

Ante este panorama, la dependencia económica no debe ser nunca el ancla que ate a una mujer a una vida de abuso. Romper este ciclo es una responsabilidad colectiva que comienza en casa, educando para no normalizar el control ni la dependencia, y apostando por una educación que fomente la salud emocional, la autonomía financiera y la libertad de elegir como base para construir una vida y relaciones libres de violencia.