La izquierda situada a la izquierda del PSOE se ha encontrado con un problema que ya no puede aplazar: organizar su alternativa política antes de que Pedro Sánchez decida si adelanta las elecciones generales. La derrota parlamentaria de los decretos de vivienda ha acelerado los movimientos internos y ha puesto en evidencia que el espacio político que aspira a revalidar el Gobierno progresista sigue sin tener resueltas cuestiones esenciales, desde el liderazgo hasta las alianzas electorales.
Los partidos que integran Sumar en el Ejecutivo —Izquierda Unida, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar— llevan meses intentando definir un proyecto común para las próximas generales. Sin embargo, la sucesión de Yolanda Díaz al frente de este espacio continúa pendiente, al igual que buena parte de las decisiones sobre su estructura y su relación con Podemos y las formaciones territoriales.
El posible adelanto electoral ha cambiado los plazos. Lo que hasta hace poco podía resolverse mediante negociaciones prolongadas amenaza ahora con convertirse en una carrera contrarreloj. Las reuniones se han intensificado y los principales dirigentes saben que llegar a una convocatoria electoral sin una candidatura reconocible ni una estrategia compartida podría debilitar sus posibilidades de representación.
Mónica García y Ada Colau, entre las posibles candidatas
Uno de los principales interrogantes es quién encabezará la candidatura de este espacio político. La ministra de Sanidad, Mónica García, aparece entre las opciones con más posibilidades, aunque todavía no ha confirmado que vaya a asumir esa responsabilidad.
La dirigente de Más Madrid aseguró que habría una candidatura en un plazo relativamente breve, pero evitó despejar si será ella quien lidere el proyecto. Su eventual salto a la política nacional obligaría a reorganizar también la estrategia de Más Madrid en la Comunidad, donde García es una figura central.
Mónica García, ministra de Sanidad en el Congreso. / Congreso
Su perfil ofrece algunas ventajas para la coalición: cuenta con experiencia institucional, forma parte del Gobierno y tiene visibilidad pública. Además, permitiría construir una campaña con otros representantes reconocibles del espacio progresista en diferentes territorios, en lugar de concentrar toda la atención en una única figura.
Otra alternativa es Ada Colau. La exalcaldesa de Barcelona ha vuelto a situarse en el centro de las conversaciones después de defender la creación de una gran alianza progresista que evite que cada partido compita por separado. Su trayectoria vinculada a los movimientos sociales y a las reivindicaciones sobre la vivienda puede resultar especialmente relevante si esta cuestión domina la campaña.
Sin embargo, su posible candidatura también genera reservas dentro del espacio. Algunas voces consideran que su perfil podría facilitar el acercamiento a los movimientos sociales, mientras que otras señalan las dificultades que supondría su relación con Podemos y las distintas sensibilidades de la izquierda.
Ada Colau. / Mundiario
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también figura entre los dirigentes con un papel relevante en el futuro proyecto, aunque las conversaciones contemplan que pueda ocupar una posición destacada en la lista por Barcelona. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, mantiene asimismo un importante reconocimiento interno después de su defensa parlamentaria de las medidas de vivienda, aunque no está confirmado que vaya a aspirar a encabezar la candidatura.
La decisión final dependerá de las negociaciones entre las organizaciones y de la capacidad de encontrar un liderazgo que genere consenso sin abrir nuevas disputas internas.
Podemos exige primarias y plantea otra estrategia
La relación con Podemos constituye uno de los principales obstáculos para construir una candidatura unitaria. La formación liderada por Ione Belarra, con Irene Montero como una de sus figuras más visibles, insiste en que las primarias deben servir para decidir quién encabeza el proyecto y cómo se articula la participación de los distintos partidos.
Montero ha defendido una candidatura amplia de la izquierda y ha planteado la necesidad de que las organizaciones compitan en un proceso compartido para elegir a sus representantes. La propuesta busca evitar que las decisiones se adopten exclusivamente mediante acuerdos entre las direcciones de los partidos.
Pero las diferencias no se limitan al procedimiento. También afectan a la estrategia política que debe seguir el espacio progresista en plena crisis parlamentaria.
Yolanda Díaz, Irene Montero e Ione Belarra. / RR SS
Mientras algunos dirigentes consideran que el bloqueo de los decretos de vivienda justifica convocar elecciones cuanto antes, Podemos defiende que el Gobierno debería intentar aprobar antes una nueva norma que prohíba las compras especulativas de vivienda y permita reducir los alquileres.
Desde esta perspectiva, acudir ahora a las urnas podría resultar contraproducente si la derecha parte con ventaja en las encuestas. La prioridad debería ser, según esta posición, demostrar que todavía es posible impulsar medidas concretas y recuperar la iniciativa política antes de abrir la campaña.
La diferencia de planteamientos refleja un dilema que atraviesa a toda la izquierda alternativa: cómo transformar la indignación social por la vivienda en una propuesta electoral común sin agravar las divisiones entre las organizaciones.
El temor a una mayoría de PP y Vox condiciona las decisiones
La posibilidad de un adelanto electoral también preocupa a otras fuerzas progresistas, entre ellas Esquerra Republicana y EH Bildu. La incertidumbre sobre el futuro de Sumar y la falta de acuerdo con Podemos generan dudas sobre la capacidad del bloque progresista para conservar una mayoría parlamentaria.
Una convocatoria anticipada podría obligar a todas estas formaciones a revisar sus estrategias y acelerar las negociaciones. El riesgo de que el Partido Popular y Vox consigan una mayoría suficiente hace que parte de la izquierda prefiera ganar tiempo y tratar de recuperar apoyos antes de acudir a las urnas.
En cambio, otros dirigentes creen que la crisis de la vivienda ha creado una oportunidad que no debería desaprovecharse. Desde esta posición, las movilizaciones y el rechazo de los decretos podrían ayudar a movilizar al electorado progresista y situar el debate político en un terreno favorable para sus reivindicaciones.
Ambas opciones parten de la misma preocupación, pero conducen a conclusiones distintas: convocar elecciones cuanto antes para aprovechar el momento o intentar reconstruir una mayoría antes de que el presidente tome una decisión definitiva.
Una carrera contrarreloj que puede definir el futuro de la izquierda
Las reuniones previstas durante estos días serán determinantes para comprobar si las organizaciones consiguen avanzar en los principales desacuerdos. La elección de una candidatura, el procedimiento para decidir el liderazgo y el modelo de relación con Podemos y los partidos territoriales marcarán el futuro inmediato del proyecto.
El posible adelanto electoral ha convertido estas cuestiones en decisiones urgentes. Lo que estaba previsto como un proceso de reorganización progresiva puede terminar resolviéndose bajo la presión de una campaña inminente.
La izquierda alternativa todavía dispone de una oportunidad para construir una candidatura reconocible y aprovechar la centralidad de la vivienda en el debate público. Pero necesita superar las diferencias que han impedido cerrar el proyecto durante los últimos meses.
La incógnita es si la amenaza electoral servirá para acelerar un acuerdo o si, por el contrario, hará más visibles las disputas internas. De esa respuesta dependerá en buena medida la capacidad del espacio situado a la izquierda del PSOE para influir en el próximo ciclo político y contribuir a una eventual mayoría progresista. @mundiario
