El debate político en el país muestra una pobreza alarmante, preocupante y que envía señales peligrosas. Analizar la propuesta de reforma electoral en términos de éxito o fracaso es perder el tiempo e ignorar el fondo del asunto. Es no entender el ejercicio de la política y asumir que la acción del gobierno atenta contra la continuidad del proyecto. Sostener y difundir, hasta el cansancio, que la presidenta fracasó con el Plan A y que ahora impulsa un Plan B como una salida de menor desgaste resulta tan absurdo como pensar que eso debilita a la 4T.

En un escenario mediático donde quien gana la narrativa gana el debate, la presidenta Sheinbaum logró sumar simpatías a su movimiento transformador. Este era un buen momento para que los aliados de Morena que no estaban de acuerdo, así como la oposición de derecha, debatieran desde una visión de contraste, obligando a Morena y a los actores de la 4T a sentarse en foros de alcance nacional para fijar posiciones. Sin embargo, por más esfuerzos que hacen para atribuir un fracaso a la 4T, en la percepción nacional quedó marcada su imagen como partidos que no quieren perder privilegios, dinero, posiciones políticas ni mecanismos de presión sobre el poder público.

La reforma electoral de la presidenta modificaba la ley aprobada por el PAN y el PRI cuando eran la columna vertebral del viejo régimen. Con esa misma ley, y bajo las reglas de competencia establecidas en su estructura, Morena ha ganado la mayoría de las elecciones desde 2018: dos veces el Poder Ejecutivo, la mayoría de las gubernaturas y congresos locales, miles de ayuntamientos —base de atención directa a la ciudadanía— y, en el ámbito federal, primero la mayoría absoluta y luego la calificada en el Poder Legislativo. Hasta hace poco, este marco normativo era considerado un ejemplo de la fortaleza de la democracia mexicana cuando el control lo compartían el PRI y el PAN; sin embargo, en cuanto Morena obtuvo ese control, dejó de serlo para convertirse, según sus críticos, en un camino hacia el autoritarismo.

El PRI y el PAN no solo han perdido elecciones, sino también la capacidad de ejercer una oposición efectiva. En algún momento se declararon en moratoria legislativa, renunciando al debate de los grandes temas nacionales; es decir, dejaron de representar los legítimos intereses de sus votantes. La cúpula creyó que, al levantarse de la mesa, provocaría un vacío frente a Morena y la 4T, en un contexto en el que la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador crecía y su partido-movimiento arrasaba en los comicios locales y federales. Su estrategia generó mayor rechazo y se reflejó de manera contundente en las elecciones presidenciales de 2024. Ahí se consolidó el proyecto de la 4T, al obtener la mayoría calificada en el Poder Legislativo y con ello la posibilidad de modificar el control que las élites económicas y políticas ejercían sobre el Poder Judicial.

Nuevamente, se alejan de sus electores y renuncian al debate de fondo. Aparecen como intransigentes, como un bloque que no quiere a México y que actúa en contra de los intereses reales y emocionales del pueblo. Han construido un discurso político en su contra: no apoyan porque salen perdiendo, no quieren dejar sus privilegios, buscan mantener una vida de lujos a costa de los más pobres; no aceptan que las reglas del poder ya cambiaron. Solo ellos parecen no percatarse del error estratégico de su reiterado proceder. En unos meses iniciará el proceso electoral federal y ya evidencian un desgaste discursivo letal ante los electores.

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