Adolescentes que todavía estudian o recientemente dejaron la secundaria en Phoenix, Arizona, participan en redes que consiguen y revenden armas destinadas a operadores de cárteles mexicanos, de acuerdo con una investigación de The New York Times que documentó las actividades de cuatro jóvenes de entre 16 y 19 años y siguió parte de sus negociaciones mediante WhatsApp y Telegram.
El fenómeno no parece limitarse a cuatro casos. Datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF) muestran que, entre 11 mil 105 traficantes cuya edad fue identificada en investigaciones realizadas de 2017 a 2021, 3 mil 656, equivalentes a 32.9%, tenían menos de 25 años; 529 de ellos tenían 17 años o menos.
De la escuela a una cadena transnacional
El reportaje del diario estadounidense, realizado por Paulina Villegas, reconstruye una red formada por estudiantes y exalumnos del oeste de Phoenix que consiguen pistolas y rifles y los ofrecen a intermediarios relacionados con organizaciones criminales mexicanas.
Uno de los jóvenes, identificado solamente como “JM”, afirmó que su red alcanzaba a estudiantes de al menos 20 escuelas. Otro de los entrevistados aseguró que podía obtener entre 4 mil y 5 mil dólares incluso durante un “mal mes”, según la investigación publicada el 3 de octubre.
Las afirmaciones individuales provienen de los propios jóvenes entrevistados, por lo que no deben confundirse con estadísticas oficiales. Sin embargo, el perfil juvenil sí encuentra respaldo en los datos nacionales de ATF: los jóvenes de 18 a 24 años representaron 28.2% de los traficantes identificados en las investigaciones de 2017 a 2021 y los menores de 18 otro 4.8%.
ATF encontró además que la llamada compra de paja —cuando una persona aparece como comprador formal aunque el arma está destinada realmente a otra— fue el principal canal detectado en los casos que involucraron traficantes de 18 a 24 años. Más de 48% de esos expedientes presentaba ese mecanismo.
¿Cómo termina un arma estadounidense en México?
La cadena puede comenzar mucho antes de la frontera. Un arma entra inicialmente al mercado legal estadounidense y después puede desviarse mediante compradores de paja, reventas ilícitas u otros intermediarios. Posteriormente, otras personas se encargan de incorporarla a redes de contrabando hacia México.
Una vez recuperada por una autoridad mexicana, el número de serie y otros datos pueden enviarse al National Tracing Center de ATF, que intenta reconstruir su trayecto hasta el primer comprador minorista. El rastreo no significa necesariamente que el primer comprador haya cometido un delito; funciona como una pista para reconstruir la cadena.
Los datos más recientes dimensionan el problema. Durante 2025, México remitió a ATF para rastreo 32 mil 144 armas recuperadas. De ellas, 22 mil 817, 71%, fueron clasificadas como de origen estadounidense, es decir, fabricadas en Estados Unidos o importadas legalmente a ese país antes de aparecer en México.
La proporción aumentó respecto de 2020, cuando las armas de origen estadounidense representaban 67.4% de las rastreadas. También creció el peso de los rifles: pasaron de 30.4% de las armas sometidas a rastreo en 2020 a 39.4% en 2025. ATF, sin embargo, advierte que estas cifras corresponden sólo a armas recuperadas y enviadas para rastreo y no representan estadísticamente a todas las armas utilizadas por grupos criminales.
Arizona ya aparece en investigaciones federales
El caso de los adolescentes surge mientras autoridades estadounidenses mantienen abiertas investigaciones de mayor escala en Arizona.
En agosto, el Departamento de Justicia informó que 28 personas fueron acusadas después de una investigación sobre compras ilegales y tráfico de armas en Phoenix. La acusación sostiene que integrantes de la red reclutaban a otras personas para adquirir armas con vendedores autorizados a cambio de dinero y que algunas estaban destinadas a salir de Estados Unidos.
En otra investigación, un joven de 21 años, Jorge Adan Garcia Martinez, fue sentenciado en agosto a 130 meses de prisión. La fiscalía estadounidense determinó que una célula adquiría armas en el área de Yuma y que algunas estaban destinadas a Los Salazares, facción del Cártel de Sinaloa que opera en Sonora.
En México también existen casos recientes. El 11 de septiembre, autoridades federales detuvieron en San Luis Río Colorado, Sonora, a una estadounidense identificada como Yanet “N”, de 22 años, a quien aseguraron 5 mil 445 cartuchos y señalaron como presunta operadora logística para el trasiego de armamento. Su responsabilidad deberá determinarse judicialmente.
Más de 30 mil armas aseguradas en México
El propio gobierno mexicano ha colocado el tráfico desde Estados Unidos como uno de sus reclamos centrales en materia de seguridad bilateral.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó el 11 de agosto que durante la actual administración se habían asegurado más de 30 mil armas y que más de 80% provenía de Estados Unidos. Aproximadamente una quinta parte del total había sido decomisada en Sinaloa.
Un informe publicado recientemente por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia estadounidense aporta otra dimensión: entre 2020 y 2024, México generó 127 mil 518 solicitudes de rastreo, equivalentes a 59% de todas las solicitudes internacionales recibidas por ATF. Desde 2019, información proveniente de México permitió abrir más de 500 investigaciones estadounidenses, con más de 75 arrestos y 42 condenas.
El hallazgo de adolescentes en Phoenix, por tanto, no sustituye la historia más amplia del tráfico de armas hacia México. Añade un nuevo rostro al primer eslabón de esa cadena: jóvenes para quienes entrar al mercado ilegal puede comenzar antes de terminar la preparatoria.
