Una colombiana de 29 años que había solicitado asilo en Estados Unidos terminó enviada a la República Democrática del Congo, pese a que se encontraba bajo monitoreo con GPS en Texas. El caso, documentado por AP y retomado por Univision, forma parte de un grupo de ciudadanos latinoamericanos deportados a un tercer país bajo acuerdos migratorios impulsados por la administración del presidente Donald Trump.
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La mujer relató que salió de Colombia en 2024 tras recibir amenazas de grupos armados y sufrir abusos de su expareja, quien, según su testimonio, trabajaba para el gobierno. Su intención era llegar a Estados Unidos para buscar el llamado “sueño americano”, pero ahora enfrenta una disyuntiva distinta: regresar a Colombia pese al riesgo que denunció o permanecer en Congo, un país cuya existencia aseguró desconocer antes de ser enviada ahí.
De Colombia a México y luego a Texas: el camino que terminó en una deportación a Congo
Antes de llegar a Estados Unidos, la mujer viajó a México y esperó una cita migratoria para ingresar de forma ordenada al país. Las autoridades estadounidenses determinaron inicialmente que existía un posible riesgo de persecución en su caso, lo que le permitió comenzar un proceso de asilo.
Ese punto es relevante porque, de acuerdo con lo reportado, varios de los latinoamericanos enviados a Congo tenían órdenes de protección emitidas por jueces migratorios, las cuales impedían devolverlos a sus países de origen por riesgos de persecución o daño.
Posteriormente, la colombiana fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, pese a que estaba bajo vigilancia mediante un dispositivo GPS en Texas. Después fue enviada a Congo junto con otros migrantes latinoamericanos.
Qué se sabe del grupo enviado a la República Democrática del Congo
Deportaciones de migrantes desde EUAP reportó que 15 ciudadanos latinoamericanos fueron deportados desde Estados Unidos hacia la República Democrática del Congo bajo una política que permite enviar migrantes a países distintos a los de su nacionalidad. El grupo permanece en condiciones inciertas, con supervisión y sin claridad sobre su futuro legal.
La situación coloca a estas personas frente a una decisión compleja:
- Regresar a sus países de origen, donde algunos denunciaron riesgos
- Permanecer en Congo, sin redes familiares ni arraigo
- Esperar una salida legal que todavía no está clara
- Depender de apoyos limitados mientras vence su situación migratoria
La Organización Internacional para las Migraciones, según AP, ha brindado asistencia humanitaria limitada, pero no decide deportaciones ni define los acuerdos migratorios entre gobiernos.
El acuerdo entre Congo y Estados Unidos todavía deja preguntas abiertas
Los detalles del acuerdo migratorio entre el gobierno congoleño y la administración de Donald Trump no han sido aclarados por completo. Otros países han recibido recursos económicos por aceptar deportados, aunque el presidente congoleño Félix Tshisekedi sostuvo que la decisión fue un “gesto de buena voluntad” y que no hubo compensación económica.
El caso ha generado cuestionamientos porque estos acuerdos de tercer país permiten a Estados Unidos enviar a migrantes a naciones con las que no tienen vínculo personal, familiar o cultural. Organizaciones defensoras de derechos humanos y especialistas legales han advertido que estas prácticas pueden debilitar protecciones básicas del derecho de asilo.
Un precedente que puede llegar a tribunales
Los acuerdos de deportación a terceros países ya enfrentan revisión legal en Estados Unidos. En otro caso, un juez federal ordenó al gobierno de Trump gestionar el regreso de una ciudadana colombiana deportada a Congo, al considerar que su expulsión probablemente fue ilegal y riesgosa por su condición médica.
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