La “excelente conversación” telefónica sostenida el pasado viernes entre los presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump representa en realidad el refinamiento de una estrategia de asfixia. En la gramática del poder estadounidense, la cortesía presidencial funciona como el lubricante diplomático para hacer transitable una agenda de exigencias punitivas. Mientras el mandatario sostiene el teléfono con tersura desde Washington, los ejecutores de su gabinete de seguridad blindan los expedientes judiciales dirigidos a desmantelar la estructura política del oficialismo en el Pacífico mexicano.
El contexto de las semanas recientes despoja a la llamada de cualquier pátina de inocencia. El enlace ocurre apenas quince días después de que el Departamento de Justicia en Nueva York emitiera una acusación formal por narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y su círculo cercano. El telefonazo sucede también tras las comparecencias ante el Congreso de figuras como Terrance Cole, director de la DEA, y Pete Hegseth, Secretario de Guerra, quienes advirtieron que el encausamiento de Sinaloa es el prólogo de una ofensiva mayor contra la protección institucional al crimen organizado, bajo la premisa de que Washington actuará con o sin el consentimiento de México.