Las señales de advertencia de las agencias calificadoras dictan el ritmo de los mercados y la confianza global. Recientemente, S&P Global Ratings revisó a negativa de estable la perspectiva de las calificaciones soberanas de largo plazo de México. Aunque la agencia confirmó nuestras calificaciones soberanas en moneda extranjera de BBB y en moneda local de BBB+, este cambio es un llamado de atención que merece un análisis riguroso.
En el argot financiero, una perspectiva negativa incorpora el riesgo de que resultados fiscales persistentemente débiles deriven en un aumento más rápido que el previsto en los niveles de deuda pública. En términos prácticos, S&P advierte que en los próximos 24 meses podría bajar la calificación soberana si no se reducen los déficits fiscales de manera oportuna para estabilizar y contener la deuda, la carga de intereses y los pasivos contingentes.
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El diagnóstico apunta a fallas estructurales. El crecimiento del PIB se ha ralentizado hasta el 0.8% en 2025, y probablemente se traduzca en un modesto 1% para 2026. A esto se suma el continuo apoyo fiscal sustancial a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Este respaldo se prevé aumente en el futuro, lo que seguiría presionando al déficit público y empeorando la rigidez fiscal del país.
El informe destaca que, durante varios años, no se han implementado políticas públicas encaminadas a corregir de fondo los problemas que explican una baja productividad y un bajo crecimiento económico en México, tales como el contar con una mayor y mejor infraestructura física, combatir la gran economía informal, revertir el limitado acceso al crédito, así como la baja calidad educativa y las débiles condiciones de seguridad.
Por supuesto, el informe no pasa por alto, la complejidad coyuntural en la que se encuentra parado México, en medio de una negociación comercial que se ha visto afectada por cuestiones ajenas al comercio, derivando en nuevas tensiones en la relación bilateral con Estados Unidos.
Aunque se reconoce la apertura mostrada en esta Administración, hacia la participación de privados en el sector energético, S&P señala que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha buscado reaccionar mediante el Plan México, anunciando un plan de infraestructura por $5.6 billones de pesos que contempla inversiones públicas, privadas y mixtas. No obstante, señala la agencia calificadora, existe incertidumbre sobre los mecanismos de financiamiento y el papel del sector privado, lo que ha derivado en una implementación muy lenta.
Para poner esta noticia en su justa dimensión internacional, es indispensable observar el panorama completo. Mientras S&P mantiene a México en BBB, Moody’s evalúa al país en Baa2 (el equivalente directo), y Fitch Ratings mantiene una postura ligeramente más cautelosa ubicándonos en BBB-, a tan solo un escalón de perder el grado de inversión.
Aún conservamos el codiciado grado de inversión, manteniendo el acceso a los mercados globales de capitales. No obstante, el margen de maniobra se estrecha. El reto ineludible del país es reactivar la inversión del sector privado para impulsar el crecimiento económico, lo que ayudaría a fortalecer la resiliencia del país y a estabilizar las finanzas públicas.
De no hacerlo pronto, esta luz amarilla podría materializarse en un encarecimiento del crédito para todo el país.
Economista y Catedrático de la Facultad de Economía de la UAdeC