En política, la lealtad dura hasta que se ve comprometida la libertad. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en una de las investigaciones más delicadas que enfrenta el régimen de la Cuarta Transformación.

Es la red de presuntos narcopolíticos sinaloenses —faltan otros gobernadores, legisladores y funcionarios del oficialismo—, el huachicoleo fiscal y los vínculos de altos servidores públicos con estructuras criminales.

Los llamados testigos protegidos han comenzado a soltar toda la sopa.

Uno de los casos más explosivos es el del vicealmirante retirado Fernando Farías Laguna, exalto mando de la Secretaría de Marina, quien decidió colaborar con la justicia argentina ante la fiscalía de Buenos Aires, con información que también sería compartida con fiscales de Estados Unidos.

Su testimonio podría comprometer a personajes de primer nivel, entre ellos al exsecretario de Marina del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, José Rafael Ojeda Durán, y a Adán Augusto López Hernández.

Farías Laguna no es un actor menor. Su conocimiento de operaciones marítimas, redes logísticas y movimientos financieros lo convierte en una pieza clave para reconstruir presuntas complicidades entre mandos navales, operadores del crimen organizado y estructuras de poder político.

Pero el efecto dominó no termina ahí.

En Sinaloa, otras figuras cercanas al gobernador Rubén Rocha Moya también han optado por cooperar con autoridades estadounidenses. Entre ellos destaca Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, así como Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.

Ambos tendrían información sensible sobre esquemas de protección institucional, desvío de recursos y presuntas operaciones de lavado de dinero.

La pregunta es inevitable: ¿cómo quedan esos morenistas que piden pruebas y más pruebas y que han pretendido blindar políticamente a los diez narcopolíticos de Sinaloa señalados por cortes estadounidenses?

Durante semanas, la narrativa oficial insistió en que todo era parte de una campaña de desprestigio orquestada desde Washington y amplificada por la oposición. Sin embargo, la realidad se impone con crudeza.

Los implicados no están acudiendo a la Fiscalía General de la República para demostrar su inocencia; están buscando acuerdos con fiscales extranjeros.

Eso dice mucho.

Significa que consideran más confiable negociar con el sistema judicial de Estados Unidos que entregarse a las autoridades mexicanas. Significa también que saben que la protección política interna tiene límites y que, llegado el momento, cada quien buscará salvarse por su cuenta.

El golpe más severo ha venido por el frente financiero.

La Unidad de Inteligencia Financiera habría intensificado el congelamiento de cuentas vinculadas con Rubén Rocha Moya, familiares y colaboradores cercanos.

También se están investigando transferencias relacionadas con empresas fachada y operaciones que podrían estar vinculadas al huachicoleo fiscal: una compleja red de evasión a través de importaciones irregulares de combustibles y el movimiento de recursos.

Este mecanismo, de acuerdo con especialistas, permitió el movimiento de miles de millones de pesos —600 mil millones— y benefició a redes empresariales, funcionarios y operadores políticos.

No es exagerado afirmar que estos escándalos han golpeado en la línea de flotación del proyecto de la Cuarta Transformación.

Porque ya no se trata únicamente de señalamientos aislados. Estamos frente a testimonios, investigaciones internacionales, congelamiento de cuentas y posibles acuerdos de cooperación judicial con Estados Unidos.

En otras palabras, la protección política comienza a resquebrajarse.

Y cuando eso sucede, la regla es simple: los involucrados hablan.

Desde luego, el oficialismo intenta desviar la atención con cortinas de humo. La más reciente tiene como objetivo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien pretenden llevar al terreno del desafuero por el operativo en el que fue desmantelado un laboratorio de drogas sintéticas.

Sin embargo, la narrativa se desmorona rápidamente.

En dicho operativo participaron fuerzas mexicanas, incluyendo el Ejército y, según diversas versiones, personal estadounidense en labores de inteligencia. Lejos de constituir una conspiración, la acción evidenció la coordinación bilateral para combatir a los cárteles. Pero para el oficialismo, el caso resulta útil como distractor político.

La estrategia es evidente: mientras se pretende concentrar la discusión pública en Chihuahua con una manifestación de Morena que fue un fracaso, se busca restar reflectores al escándalo que sacude a Sinaloa y que amenaza con alcanzar a funcionarios del más alto nivel del sexenio anterior.

Los documentos judiciales, las declaraciones ministeriales y las investigaciones financieras avanzan con independencia de la propaganda política. Y si los testigos protegidos continúan revelando información, el costo para el régimen será devastador.

El PAN pide desaparición de poderes en Sinaloa, y el PRI llama incluso a que se extienda esta figura a nivel federal.

El caso Sinaloa y el huachicoleo fiscal son el mayor escándalo político-criminal de la surrealista política nacional.