Mientras el senador Enrique Inzunza niega que busque entregarse, el cerco sobre el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, se estrecha ante la presión de que dos de sus colaboradores clave están bajo custodia de Estados Unidos, y con la advertencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de que los deshonestos y corruptos no se podrán esconder bajo la 4T.
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Las entregas voluntarias de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega a autoridades de Estados Unidos, que los requería en extradición por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Abrieron un nuevo frente de presión sobre el Gobierno mexicano, ante la posibilidad de que las investigaciones alcancen a los perfiles de mayor peso político:
- Rubén Rocha Moya
- El senador Enrique Inzunza
- Juan de Dios Gámez, alcalde con licencia de Culiacán
Todos ellos de extracción morenista.
En ese contexto, Inzunza rechazó estar buscando a autoridades de EU para “entregarse”.
Además, se ha negado a pedir licencia en el Senado, por lo que mantiene el fuero y su sueldo de 132 mil pesos mensuales.
Sin mebrago, no ha acudido a las sesiones de la Comisión Permanente en las últimas dos semanas.
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Aunque hace unos días aseguró que se encontraba en Badiraguato, el legislador informó ayer en sus redes sociales que se encuentra en Culiacán, Sinaloa.
Añadió que no ha contratado abogados y que atenderá cualquier requerimiento que le formulen autoridades mexicanas.
“Es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras. Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad”, dijo.
Custodia
Esto luego de que el general de División en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, extitular de Finanzas estatal, quedaron bajo custodia de autoridades estadounidenses por su propia voluntad.
Para Gustavo López Montiel, académico de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, se necesita también una limpia en las estructuras de Gobierno del estado.
Debido a la infiltración del Cártel de Sinaloa pudo haber alcanzado otros rubros, como salud, educación y obra pública.
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"Eso es lo que habría que ver, no solamente la salida de Rocha Moya, sino una limpia en todas las estructuras de Gobierno", explicó en entrevista con 24 HORAS.
En el caso de Díaz Vega, las investigaciones apuntan a una riqueza inexplicable superior a 141 millones de pesos, que no coincide con sus ingresos como funcionario.
Mientras que Mérida Sánchez, quien estuvo un año y tres meses al frente de la seguridad estatal, también tiene un peso relevante por su trayectoria militar.
Antes de llegar al gabinete sinaloense, Mérida fue subjefe de la sección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
La entrega de ambos exfuncionarios también abre la posibilidad de que busquen convertirse en cooperantes de los fiscales estadounidenses.
Lo que podría aumentar la presión sobre otros perfiles políticos mencionados en la acusación.
En medio del impacto político por las imputaciones contra figuras de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió este fin de semana, durante un acto en Yucatán, que “ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la Transformación del pueblo de México”.
A la par, el partido Morena anunció la semana pasada que mejorará los blindajes para elegir a sus futuros candidatos.
Incluso solicitando antecedentes a dependencias federales de seguridad sobre los aspirantes a cargos públicos.
Detenciones en Sinaloa tras salida de Rocha
A 15 días de la salida de Rubén Rocha Moya del Gobierno de Sinaloa, tras solicitar licencia en medio de las acusaciones presentadas en Estados Unidos en su contra y contra otros funcionarios y exfuncionarios estatales por presuntos delitos de narcotráfico y armas, el Gobierno federal reportó nuevas acciones operativas en la entidad.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, del 1 al 15 de mayo fueron detenidas 35 personas como parte de las acciones coordinadas que mantienen elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en Sinaloa.
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Las autoridades federales informaron que, durante ese periodo, también fueron aseguradas:
- 51 armas de fuego
- Una granada
- 11 mil 543 cartuchos
- 304 cargadores
- 350 artefactos explosivos improvisados
Además, como parte de los operativos desplegados en la entidad, se aseguraron 40 vehículos, 39 kilogramos de metanfetamina y 335 kilogramos de marihuana.
El Gabinete de Seguridad también reportó la inhabilitación de 62 áreas de concentración, donde fueron asegurados 42 mil 816 litros y mil 170 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de droga sintética.
En las acciones federales, además, fueron localizados 233 plantíos de marihuana y 68 plantíos de amapola.
Además, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo del juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Sinaloa, con sede en Culiacán, vinculación a proceso en contra de 13 personas, imputadas por portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como asociación delictuosa.