La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el congelamiento que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda a las cuentas de los exfuncionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos de tener presuntos vínculos con el crimen organizado, se hizo de manera preventiva; no obstante, la Institución financiera informó que sí se está analizando la información.
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La titular del Ejecutivo federal negó que exista una investigación en México en contra de los 10 exfuncionarios de Sinaloa acusados por la fiscalía de Nueva York de estar, presuntamente, involucrados con el cártel de Sinaloa.
“Es de una manera preventiva, ahí se va a explicar en el documento. Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática, preventivamente lo hace la UIF”, explicó.
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UIF
Al respecto, la UIF, informó que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
Informó que “actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano”.
La institución financiera, señaló que dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo.
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Sin dar a conocer los nombres, la UIF precisó que, con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, “la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”.
Y aclaró que “estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”.
Enfatizó que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes.
