Alrededor de 500 morenistas procedentes de Juárez no pudieron asistir a la concentración de Morena en la ciudad de Chihuahua el sábado, debido al bloqueo que se presentó en la caseta de Sacramento, dijo ayer el presidente del Consejo Estatal de Morena, Hugo González.
“Hubo un boicot tremendo en contra de la manifestación. Tenemos información de que en Delicias se quedaron más de mil personas que no pudieron acceder a la capital. En Sacramento, tenemos información de que se quedaron varados 10 camiones, con 500 más o menos”, apuntó.
El sábado, previo a la movilización morenista en la ciudad de Chihuahua, se reportaron bloqueos en la carretera Delicias-Chihuahua; en Satevó, en el entronque con la carretera Delicias-Presa Las Vírgenes y en la vía Juárez-Chihuahua, en la caseta de Sacramento.
Sin embargo, el dirigente morenista no confirmó el número de juarenses que sí se integraron al movimiento. Días antes, el área de comunicación social de Morena Chihuahua, había previsto la asistencia de al menos 3 mil juarenses.
Luego de la concentración, explicó el dirigente, esta semana, militantes morenistas a cargo de secciones electorales del estado, realizarán recorridos para la recolección de firmas que servirán de respaldo a la procedencia de un juicio político contra la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos, en la Cámara de Diputados.
Aunque Morena ha manifestado su intención de impulsar el juicio político, el procedimiento requiere la mayoría legislativa y un proceso de revisión institucional. La Cámara de Diputados actúa como órgano acusador y el Senado funciona como jurado de sentencia.
No existe una resolución judicial
Históricamente, en México los juicios políticos contra gobernadores han sido poco frecuentes y complejos de concretar, por falta de consensos legislativos o ausencia de pruebas suficientes; no existe una resolución judicial ni una declaratoria que establezca responsabilidades en contra de la gobernadora de Chihuahua.
De la misma forma, para que exista un juicio político también deben de contar con elementos jurídicos concretos y no únicamente declaraciones, entre los requisitos están la presentación formal de denuncia, la integración de pruebas y el análisis por parte de diputados y senadores.
La acusación de “traición a la patria” tiene un tratamiento distinto, este delito está regulado en el artículo 123 del Código Penal Federal, donde establecen que incurre en el ilícito quien realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana. Hasta el momento no existe una acusación formal presentada ante tribunales federales en contra de la gobernadora de Chihuahua por este delito.