Ante el anuncio de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, para posponer la elección judicial al domingo 4 de junio de 2028 y realizar ajustes al proceso de selección, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) consideró que llevar a cabo una elección sin criterios específicos de funcionalidad generará que colapse el sistema de impartición de justicia en el país.
Jufed propone atender causas
En un comunicado, la organización indicó que trasladar la elección a 2028 es la confesión más clara del oficialismo sobre la inviabilidad del diseño original. Aseveró que aplazar un año el ejercicio, equivale a "posponer un error sistémico sin atender las causas de fondo. La reducción, por ejemplo, del número de candidatos (de 81 a 54 para la SCJN y de 45 a 30 para el TDJ) y la simplificación de las boletas resultan medidas insuficientes".
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Abundó que "estas modificaciones no resuelven la fatiga de boleta ni el riesgo de que la elección judicial quede atrapada en la dinámica de los partidos políticos durante los procesos ordinarios.
A su vez, la creación de una Comisión Coordinadora para homologar criterios de evaluación confirma que los Comités de Evaluación de 2025 carecieron de la metodología técnica necesaria para garantizar perfiles de excelencia.
"Esta reforma a la reforma genera una zona de incertidumbre jurídica que solo incrementará la litigiosidad y la falta de certeza para la ciudadanía que busca justicia. Nuestra organización demanda que, si ha de existir una elección, ésta se limite exclusivamente a las vacantes reales generadas por causas naturales (renuncia, jubilación o fallecimiento)".
Una de sus propuestas es que se abra la posibilidad para que las personas cesadas en 2025 que deseen ostentar el cargo de juezas, jueces, o magistradas y magistrados, se consideren con reglas diferenciadas, toda vez que ya ocuparon esos cargos.
Consideraron que "obligar al cese masivo de juzgadores en activo solo para cumplir con un calendario político constituye un despojo que vulnera la profesionalización de la justicia.Es urgente que el Estado reconozca que existe un grupo considerable de personas juzgadoras que desean concluir su ciclo profesional en 2027".
Paso 'hacia atrás'
Por lo que "la incertidumbre del aplazamiento a 2028 rompe los planes de vida de quienes esperaban las fechas de declinación para retirarse dignamente. El hostigamiento administrativo actual ha llegado al extremo de forzar renuncias de compañeros que prefieren retirarse antes que seguir soportando la presión institucional".
Otra de sus exigencias es que se "permita la salida voluntaria de quienes así lo decidan, garantizando de manera inmediata el pago de sus prestaciones correspondientes. No es ético ni legal retener por la fuerza a profesionales mediante el acoso, ni utilizar el calendario electoral como moneda de cambio para violentar derechos. Dejen ir con dignidad a quienes ya no desean formar parte de este nuevo sistema".
Respecto a la propuesta de capacitación permanente obligatoria, la Jufed señaló que el Poder Judicial de la Federación ya contaba con uno de los sistemas de formación y carrera judicial más robustos de Iberoamérica, el cual fue desmantelado por la propia reforma.
Imponer programas de capacitación a quienes ya cuentan con décadas de experiencia jurisdiccional resulta contradictorio cuando, al mismo tiempo, se permite la llegada de perfiles sin experiencia mediante el voto popular.