El “perfeccionamiento’’ de la fórmula para la elección de los juzgadores del bienestar no es sino el reconocimiento del fracaso que fue el primer simulacro en el que apenas participó el 12% del padrón electoral.
La semana pasada le adelantamos que desde la Presidencia se estaba proyectando no solo la modificación de la fecha de la elección de jueces y magistrados, que debería ocurrir en junio del 2027, sino también el método para evitar otra camada de jueces del acordeón.
Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum informó que hoy sería entregado a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma constitucional para cambiar al 8 de junio del 2028 la elección judicial.
Entre los cambios que contempla dicho proyecto están la creación de una Comisión para homologar las metodologías y criterios de evaluación de los Comités de Evaluación de los tres poderes.
Como recordará, en la primera elección cada poder (Judicial, Legislativo, Ejecutivo), tenía sus propios criterios de selección lo que convirtió el proceso en un auténtico lodazal.
La propuesta ahora es que cada Poder designe a un representante para que integre la Comisión de homologación que si bien suena a más burocracia (y lo es), también es un intento por encarrilar los afanes de cada uno de ellos.
Se reducirá el número de candidatos a cada uno de los puestos en disputa.
El Comité de Evaluación de cada Poder solo podrá proponer a 4 candidatos por puesto; luego, en una tómbola (¡no podía faltar en una ley promovida por Morena!), el número se reducirá a dos, uno por género.
Se pretende también que se simplifique la boleta electoral para que los votantes no se hagan bolas y el partido en el poder los crea incapaces de saber elegir y por eso les proporcionó acordeones.
También se establecerá en la iniciativa la obligación de una capacitación permanente para jueces y magistrados, como si ello no fuera inherente a su propio cargo.
Ricardo Monreal consideró que la próxima semana, por ahí del 26 o 27, los diputados podrán aprobar la iniciativa; lo harán, por supuesto, utilizando su mayoría porque hasta donde se conoce, ni el PRI ni el PAN han sido convocados para analizar el documento.
A ver.
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El PRI y el PAN mostraron su rechazo a esta iniciativa.
El tricolor aseguró que el gobierno “no tiene otra opción más que postergar la elección hasta 2028, en un intento desesperado por ocultar el fiasco en el que convirtieron al Poder Judicial.
“En el PRI lo decimos con claridad: no debe posponerse, debe cancelarse. Se debe respetar la carrera judicial y dejar de poner en riesgo la impartición de justicia en nuestro país.
“México no merece juzgadores improvisados, parciales y subordinados al régimen, cuyo único objetivo sea proteger al poder y encubrir los vínculos criminales de Morena’’, precisó el partido en un posicionamiento.
El PAN, por su parte, consideró que era necesario sacar el proceso electoral del 2027 la elección judicial.
Sin embargo, advirtió que “la nueva propuesta del oficialismo mantiene y profundiza los riesgos de la reforma judicial aprobada en 2024’’.
Aunque la iniciativa plantea mover la elección judicial al año 2028, aseguró el blanquiazul, “el oficialismo mantiene riesgos de movilización partidista, operación política mediante acordeones, promoción gubernamental e intervención electoral en un proceso que debería estar completamente separado de cualquier lógica política’’.
@adriantrejo