La segunda elección judicial de magistrados y jueces federales y locales en México, prevista para el 2027, sería aplazada al 2028, a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a fin de evitar que concurra con los comicios intermedios del 6 de junio del próximo año para renovar la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, entre otros miles de cargos por elegir.
“Vamos a hacer una propuesta para enviar al Congreso para mover la elección al Poder Judicial al 2028, con algunas características especiales. Hicimos una evaluación, que le encargué a Luisa María (Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo federal) desde que entró. Y ella me sugirió que era importante mover la elección al ‘28, dada la cantidad de puestos que se van a elegir en el ‘27”, anunció la mandataria mexicana, además de que “hay que hacer algunos ajustes”.
Durante su conferencia de prensa matutina habitual desde Palacio Nacional, explicó que de realizarse la siguiente elección judicial el próximo año, como establece la Constitución vigente, habría que instalar “casillas distintas; entonces, la gente tendría que ir a votar por gobernador, presidentes municipales, diputados, en una casilla, y luego moverse a otra casilla para votar por el Poder Judicial”.
Alcalde informó que la iniciativa presidencial de reforma constitucional que será remitida a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para convocar a período de sesiones extraordinarias a las cámaras de Diputados y de Senadores y votar la propuesta, contendrá el aplazamiento de la siguiente elección judicial, simplificar la boleta electoral, reducir de 4 a dos candidatos por cargo y especialidad para facilitar la elección al ciudadano y establecer la capacitación permanente obligatoria de todas las personas juzgadoras.
Detalló que en 2028 se elegirán cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito, 385 jueces de Distrito y 424 magistrados y 2,831 jueces de los poderes judiciales locales en 25 entidades federativas del país.
Análisis de perfiles
La propuesta incluye crear una Comisión Coordinadora que homologará metodología y criterios de evaluación de los candidatos, con aplicación de exámenes de conocimientos.
Los Comités de Evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, precisó, “van a evaluar conocimientos, competencias, antecedentes y buena fama pública de sus aspirantes, como ya lo hacían antes; y van a seleccionar a 4 personas, las mejores evaluadas por el Comité. Posteriormente, se realiza una insaculación pública. Y finalmente resultan dos candidatas o candidatos por cargo y especialidad, observando siempre la paridad de género”.
La simplificación de la boleta electoral corresponderá hacerla al Instituto Nacional Electoral (INE), así como la división del país en el número necesario de distritos judiciales para garantizar el derecho ciudadano de elegir a los juzgadores.
Las elecciones judiciales y las ordinarias podrán ser concurrentes en el futuro y en la misma ubicación de casillas, garantizando que los representantes de partidos no intervengan; el escrutinio y cómputo de votos se hará en las mismas casillas de votación y el Senado adelantará tres meses la emisión de la convocatoria general para la elección judicial —de septiembre a abril del año anterior a la elección— con el propósito de que los Comités de Evaluación de los tres poderes de la Unión tengan tiempo suficiente para la evaluación de candidatos.
De proponerse por los ciudadanos, la presidenta de México propuso también que la consulta de revocación de su mandato se realice también el 4 de junio del 2028.
Error sistémico
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió que realizar la elección judicial sin criterios específicos de funcionalidad, generará que colapse el sistema de impartición de justicia en México.
Mediante comunicado de prensa, propuso que la siguiente elección judicial “se limite exclusivamente a las vacantes reales generadas por causas naturales (renuncia, jubilación o fallecimiento)” y que “se abra la posibilidad para que las personas cesadas en 2025 que deseen ostentar el cargo de juezas, jueces, o magistradas y magistrados, sean consideradas con reglas diferenciadas, toda vez que ya ocuparon esos cargos”.
Para el Observatorio Permanente de Integridad Electoral (Opine), la propuesta presidencial de reforma constitucional representa una respuesta insuficiente que evade la discusión de fondo sobre la viabilidad, organización y alcances reales de la reforma judicial.
