La política española se adentra en un territorio desconocido. La decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de blanqueo de capitales en el denominado caso Plus Ultra ha desencadenado una sacudida política, judicial y mediática de enorme dimensión. Nunca antes en la democracia española un antiguo jefe del Ejecutivo había sido citado como investigado en una causa vinculada presuntamente a corrupción económica y utilización irregular de fondos públicos. La primera noticia la publicó el diario digital El Confidencial.

La investigación gira en torno al rescate de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas a través del fondo de apoyo a empresas estratégicas creado durante la pandemia. Desde el primer momento, aquella operación estuvo rodeada de controversia política y dudas sobre la verdadera relevancia estratégica de la compañía. La oposición cuestionó entonces tanto la solvencia de la empresa como los criterios utilizados para aprobar la ayuda. Cinco años después, aquellas sospechas han derivado en una investigación judicial de gran alcance.

Según las informaciones conocidas, el magistrado y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) analizan si parte de los fondos públicos movilizados durante el rescate pudieron integrarse en un entramado de sociedades y operaciones financieras destinadas supuestamente a ocultar el origen ilícito de determinados capitales. Las pesquisas también examinan presuntas conexiones empresariales internacionales, especialmente vinculadas a Venezuela y a entornos relacionados con la petrolera estatal PDVSA. El expresidente Rodríguez Zapatero tendrá que declarar el próximo 2 de junio como investigado por presunto blanqueo en el caso Plus Ultra. Además se le investigaría por otros tres delitos más: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

La investigación sitúa por primera vez a un expresidente del Gobierno ante una causa por presunta corrupción económica

El caso adquiere una dimensión especialmente delicada porque afecta a una de las figuras históricas del socialismo español contemporáneo. Zapatero ha mantenido durante años una intensa actividad internacional como mediador político y consultor informal en América Latina, particularmente en Venezuela, donde se hizo amigo de la ahora presidenta encargada Delcy Rodríguez. Sus defensores sostienen que se trata de una ofensiva político-mediática basada en filtraciones interesadas y recuerdan que la imputación no implica culpabilidad alguna. En el entorno del expresidente se insiste en que colaborará con la Justicia y que podrá acreditar la legalidad de sus actividades profesionales y empresariales.

Sin embargo, el impacto político resulta inevitable. La investigación amenaza con erosionar aún más la imagen del PSOE en un contexto de fuerte polarización política y creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones. El hecho de que la causa mencione supuestos pagos por asesorías, sociedades interpuestas y operaciones financieras opacas alimenta un relato especialmente dañino en una etapa en la que la corrupción vuelve a ocupar espacio central en el debate público español.

Más allá de la dimensión partidista, el caso plantea preguntas incómodas sobre los mecanismos de control aplicados durante los años de emergencia económica provocados por la pandemia. El rescate de empresas estratégicas se realizó bajo una enorme presión temporal y política. Aquella situación excepcional permitió movilizar miles de millones de euros en ayudas públicas con procedimientos acelerados. La cuestión que ahora emerge es si algunos de esos mecanismos fueron suficientemente transparentes y rigurosos.

También resulta significativo que la investigación no se limite únicamente al expresidente. Empresarios, directivos de la aerolínea, abogados y personas próximas a su entorno aparecen igualmente bajo el foco judicial. Las pesquisas intentan reconstruir un posible circuito de fondos entre empresas privadas, contratos de consultoría y sociedades mercantiles que habrían servido, presuntamente, para reintroducir dinero de origen dudoso en el circuito económico legal.

El caso vuelve a poner el foco sobre el rescate público de Plus Ultra y sus conexiones empresariales y políticas

El caso Plus Ultra refleja además cómo las fronteras entre política, consultoría internacional, influencia institucional y actividad empresarial se han vuelto cada vez más difusas en la etapa posterior a los grandes liderazgos políticos. No es un fenómeno exclusivamente español. En numerosos países occidentales, antiguos presidentes y primeros ministros han desarrollado carreras posteriores ligadas a asesorías, conferencias, mediaciones y relaciones corporativas globales. El problema surge cuando esas actividades se desarrollan en territorios opacos o próximos a intereses económicos sometidos a sospecha.

Una imputación judicial no equivale a una condena

A estas alturas, conviene recordar un principio esencial en cualquier Estado de derecho: una imputación judicial no equivale a una condena. El proceso apenas comienza y será la Justicia quien determine si existen pruebas suficientes para sostener las acusaciones o si, por el contrario, las sospechas quedan desmontadas durante la instrucción. La presunción de inocencia no es una formalidad, sino una garantía democrática básica, especialmente en investigaciones sometidas a una enorme presión pública.

Pero incluso aunque la causa no termine en condena, el daño político ya es considerable. El simple hecho de ver a un expresidente investigado por presunto blanqueo marca un antes y un después en la historia institucional española. Y vuelve a demostrar que la desafección ciudadana hacia la política no nace únicamente de las ideologías o de la crispación parlamentaria, sino también de la percepción de que las élites políticas y económicas operan con frecuencia en espacios poco transparentes.

La evolución judicial del caso determinará ahora si España está ante un escándalo de dimensiones históricas o ante una investigación que terminará desinflándose. Entretanto, el caso Plus Ultra ya se ha convertido en un símbolo de una época marcada por la mezcla explosiva de poder político, fondos públicos, influencia internacional y sospecha permanente. @mundiario