Pedro Velasco presentó estadísticas que exhiben el rezago de extradiciones entre México y Estados Unidos. Claudia Sheinbaum cuestionó por qué Estados Unidos no ha entregado a ninguno de los 269 reclamados por México desde 2018. Foto: Especial
La relación entre México y Estados Unidos volvió a tensarse este martes, pero ahora no por aranceles, migración o seguridad fronteriza. El nuevo frente abrió desde Palacio Nacional, donde el gobierno federal reveló una cifra que sacudió la conversación política: en más de ocho años, Estados Unidos no ha entregado a ninguno de los 269 prófugos reclamados por México mediante solicitudes de extradición.
La exposición estuvo encabezada por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Pedro Velasco, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los datos, respaldados por expedientes oficiales, buscan desmontar las críticas lanzadas contra México tras el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuya detención provisional fue rechazada por autoridades mexicanas ante la falta de información suficiente enviada por Washington.
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México pone sobre la mesa la reciprocidad
Velasco explicó que, del total de 269 solicitudes presentadas entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026, 36 ya fueron rechazadas definitivamente por Estados Unidos y otras 233 siguen atoradas en distintas etapas del proceso.
De los casos pendientes, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición y 50 son peticiones de detención provisional con fines de extradición.
El dato que encendió el debate fue otro: en 47 de esos 50 casos, Washington pidió información adicional antes de actuar.
“El requerimiento de información complementaria es una práctica normal entre ambos países y está prevista en el tratado bilateral”, sostuvo el funcionario.
La presidenta Claudia Sheinbaum retomó el tema para cuestionar públicamente la falta de reciprocidad de Estados Unidos.
“¿Por qué no han entregado a ninguno si son casos relevantes para México?”, lanzó desde el Salón Tesorería.
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Factureros, Ayotzinapa y exfuncionarios
Entre los perfiles reclamados por México aparecen exgobernadores, operadores financieros ligados a empresas factureras, integrantes de la delincuencia organizada y personas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Uno de los nombres mencionados fue el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, además de Víctor Manuel “N”, acusado de delincuencia organizada y desvíos ligados a contratos irregulares en la Secretaría de Gobernación.
También destacan Rafael y Elías “N”, investigados por presuntos fraudes al Infonavit, así como José Ulises “N” y Pablo “N”, alias “El Transformer”, vinculados al caso Ayotzinapa y al grupo criminal Guerreros Unidos.
En varios expedientes, explicó Velasco, las autoridades estadounidenses condicionaron el avance de las solicitudes al envío de pruebas adicionales o mayor precisión sobre los delitos imputados.
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El caso Rocha Moya detonó el choque
La polémica estalló después de que el gobierno mexicano rechazó ejecutar una solicitud de detención provisional contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, argumentando que la petición estadounidense carecía de detalles suficientes sobre la conducta delictiva señalada.
La administración federal defendió su actuación asegurando que aplicó exactamente el mismo criterio que Estados Unidos utiliza de manera recurrente con México.
Velasco recordó que el Tratado de Extradición bilateral permite solicitar información adicional en cualquier etapa del procedimiento, además de exigir claridad sobre el delito y la existencia de una orden judicial vigente.
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Un proceso largo y político
El subsecretario detalló que cada extradición pasa por tres filtros: primero la revisión diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores; después el análisis técnico de la Fiscalía General de la República; y finalmente la valoración de un juez federal.
Para el gobierno mexicano, la discusión dejó de ser solamente jurídica y se convirtió en un tema de trato bilateral.
EL DATO
La señal enviada desde Palacio Nacional fue clara: México exige el mismo estándar que Estados Unidos reclama cuando busca detener o extraditar personas desde territorio mexicano.
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