El pleno de la SCJN reconoció la validez del decreto que le otorgó a la Secretaría de la Defensa Nacional la facultad de proteger y controlar el espacio aéreo mexicano
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la validez de los decretos relacionados con la protección del espacio aéreo mexicano y la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND).
En ambos asuntos, el pleno revisó el procedimiento legislativo que dio lugar a las reformas y reiteró que no todas las irregularidades tienen un efecto invalidante automático, sino que debe existir un equilibrio entre la reposición innecesaria de etapas del procedimiento legislativo y el principio de equidad en la deliberación parlamentaria. En ese sentido, el Alto Tribunal concluyó lo siguiente:
- Las posibles irregularidades ocurridas en los trabajos en comisiones legislativas fueron subsanadas con la posterior discusión y votación del dictamen por el pleno legislativo, tal como lo establece la jurisprudencia P./J. 117/2004 emitida por el pleno de la SCJN.
- El cambio de sede de la sesión plenaria de la Cámara de Senadores se realizó conforme al artículo 46, numeral 4, del Reglamento del Senado, que establece que la Mesa Directiva debe consultar dicha posibilidad a la Junta de Coordinación Política, lo que se acreditó en estos casos.
- La publicación del dictamen en la Gaceta del Senado habilitó su discusión en términos del artículo 193 del Reglamento del Senado, por lo que la temporalidad en la publicación y las dispensas de lectura acordadas por el pleno del órgano legislativo no generan, en estos casos, una vulneración al proceso legislativo con potencial invalidante.
- Conforme al acta de la sesión pública, así como a la versión taquigráfica, se observa que en todas las votaciones nominales tomadas durante la sesión existía quórum.
Con relación al fondo de los asuntos, la SCJN confirmó que el Congreso de la Unión puede asignar a la Secretaría de la Defensa Nacional funciones específicas de vigilancia y protección del espacio aéreo en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los estándares interamericanos que establecen que la actuación militar debe ser extraordinaria, subordinada, regulada y fiscalizada.
Mientras que, con relación a la extinción de la FND, el Alto Tribunal sostuvo que le corresponde al Congreso de la Unión definir la arquitectura institucional del apoyo al sector rural, siempre que respete el contenido esencial de los derechos humanos y mantenga medios razonables para cumplir con sus obligaciones constitucionales, tal como los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).