El gobierno de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra Cuba, este miércoles anunció cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, un caso que confronta a Washington y La Habana casi tres décadas después.
Tras el anuncio, el presidente Donald Trump celebró la decisión del Departamento de Justicia y aseguró que la comunidad cubana en Miami y fuera de esa ciudad aprecia el movimiento; sin embargo, descartó que por ahora vaya a haber una escalada directa contra la isla, reporta el portal Metro World News.
Trump dijo que no cree necesaria una escalada con La Habana, pero endureció el tono al describir a Cuba como una nación “en decadencia” y “un desastre”, en medio de la crisis de abastecimiento y energía que atraviesa el país caribeño.
Cabe mencionar que la imputación señala el presunto papel de Castro, entonces ministro de Defensa de Cuba, en el ataque contra aeronaves operadas por exiliados cubanos con base en Miami; en aquel hecho murieron cuatro personas.
Y tras esta imputación, Washington baja la expectativa de una acción militar inmediata, pero mantiene una presión creciente sobre el gobierno cubano mediante herramientas judiciales, sanciones y discurso político.
Imputación de Raúl Castro
La acusación contra Raúl Castro incluye cargos relacionados con asesinato y destrucción de aeronaves por el derribo de dos avionetas operadas por exiliados cubanos con base en Miami.
En conferencia de prensa, el secretario de Justicia interino Todd Blanche afirmó que se emitió una orden de arresto y que las autoridades estadounidenses esperan que Castro comparezca, “por su propia voluntad o de otra manera”.
Sin embargo, el impacto inmediato parece más político que operativo, pues Castro tiene 94 años, vive en Cuba y no hay señales de que vaya a ser entregado pronto a Estados Unidos.
Eso convierte la imputación en una ficha de presión: revive un caso sensible para el exilio cubano en Miami, aumenta el costo político para La Habana y coloca a la dirigencia histórica cubana bajo el foco judicial estadounidense.
Acusan acción política
El gobierno cubano respondió con dureza, el presidente Miguel Díaz-Canel condenó la acusación formal y la calificó como una acción política sin base jurídica.
Díaz-Canel sostuvo que Cuba actuó en legítima defensa en 1996 y acusó a Estados Unidos de manipular los hechos para justificar una posible agresión contra la isla.
La respuesta cubana confirma que la imputación no será leída en La Habana como un expediente aislado, sino como parte de una ofensiva más amplia de Washington.
En esa lectura también pesan las sanciones recientes y la presión de la Casa Blanca para forzar cambios políticos y económicos dentro de Cuba.
Cerco económico y diplomático
El cerco contra Cuba no se limita al expediente judicial de Raúl Castro, el Departamento de Estado informó este mes nuevas sanciones contra funcionarios y élites del régimen cubano como parte de una campaña para responsabilizar a quienes, según Washington, sostienen al gobierno de la isla.
En su comunicado, el Departamento de Estado señaló que las sanciones forman parte de una campaña integral de la administración Trump contra lo que considera amenazas a la seguridad nacional derivadas del régimen cubano.
Además, el secretario de Estado Marco Rubio llamó al pueblo cubano a exigir una economía de libre mercado y un nuevo liderazgo, al afirmar que Estados Unidos está listo para abrir un nuevo capítulo con Cuba si cambia el rumbo político de la isla.
Crisis energética en Cuba
La presión estadounidense se produce mientras la isla sufre apagones, escasez de combustible, problemas de abastecimiento y un deterioro económico que ha golpeado la vida diaria de la población.
Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y el bloqueo a los envíos de combustible a Cuba, la crisis energética en la isla se agravó con apagones severos y escasez de alimentos.
Trump usa ese contexto para argumentar que no necesita una escalada militar inmediata porque, según su visión, el gobierno cubano ya enfrenta un desgaste interno profundo.
Con esto, Estados Unidos busca aumentar el costo del inmovilismo cubano mientras la isla atraviesa una crisis profunda.
Para el gobierno de Miguel Díaz-Canel, el reto será responder sin alimentar más presión externa y, al mismo tiempo, contener el malestar interno por la situación económica.
Para Trump, el caso sirve como mensaje al exilio cubano, a sus aliados en Florida y al propio gobierno de La Habana: no habrá, por ahora, una escalada abierta, pero el cerco judicial, económico y diplomático puede seguir cerrándose.