Estados Unidos volvió a apretar el cerco financiero contra el narcotráfico mexicano. El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso sanciones a una docena de personas y a un par de empresas señaladas de lavar millones de dólares para el Cartel de Sinaloa, según información publicada por el diario El País con base en el comunicado oficial de la dependencia estadounidense.
La medida no solo congela los bienes de los acusados en territorio estadounidense, también prohíbe que cualquier persona o empresa de ese país haga negocios con ellos. El alcance, sin embargo, va mucho más allá de la frontera. La banca mexicana, que opera con vínculos directos al sistema financiero de Estados Unidos, ya entró en estado de alerta para revisar cuentas, cerrar accesos y reportar movimientos sospechosos vinculados a los nombres designados.
El caso tiene un componente que lo hace aún más delicado. Uno de los señalados como líder del lavado de dinero, Armando de Jesús Ojeda Avilés, aparecía hasta mayo de 2025 como funcionario público de confianza dentro del gobierno del estado de Sinaloa, a nivel municipal. Es decir, mientras presuntamente coordinaba la conversión de ganancias del fentanilo en criptomonedas para Los Chapitos, cobraba un sueldo del erario.
¿Qué hizo Estados Unidos contra esta red de lavado de dinero?
La OFAC emitió una designación formal contra 12 personas físicas y dos empresas mexicanas. Esto significa que todos sus bienes y activos dentro de Estados Unidos quedan bloqueados y deben ser reportados a la autoridad estadounidense. Además, queda prohibida cualquier transacción que involucre a estas personas si pasa por ciudadanos, bancos o empresas con presencia en ese país.
La acción no fue unilateral. Según el comunicado, la investigación se coordinó con la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México, que aportó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos a nivel local.
En términos prácticos, esto quiere decir que aunque la sanción es de Estados Unidos, la información que la sustenta también fue trabajada en México. Y aunque la UIF no confisca bienes, sí puede agregar a los señalados a su Lista de Personas Bloqueadas, lo que obliga al sistema financiero mexicano a congelar cualquier cuenta o recurso vinculado.
¿Quién es Armando de Jesús Ojeda Avilés y por qué es el nombre más sensible?
Ojeda Avilés es identificado por la OFAC como el principal lavador de dinero de Los Chapitos, la facción del Cartel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien sigue preso en Estados Unidos. Según las autoridades estadounidenses, asumió ese rol después del asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, conocido como “Kastor”, quien hasta entonces se encargaba de mover el dinero del grupo.
El método que se le atribuye es el siguiente: recolectar grandes cantidades de efectivo en territorio estadounidense, producto principalmente de la venta de fentanilo y otras drogas, convertir ese dinero en criptomonedas y enviarlo de vuelta al Cartel de Sinaloa a través de transferencias digitales que son mucho más difíciles de rastrear que las bancarias tradicionales.
El dato que más llama la atención es su perfil público. Hasta mayo de 2025, su nombre aparecía en registros oficiales como funcionario con nivel de confianza en una administración municipal de Sinaloa. La OFAC no detalló en qué dependencia exacta trabajaba, pero el solo hecho de que un presunto operador financiero del narcotráfico estuviera dentro de la nómina pública abre nuevas preguntas sobre la infiltración del crimen organizado en la estructura política mexicana.
¿Qué empresas mexicanas fueron sancionadas y qué hacían?
Dos negocios con sede en México quedaron incluidos en la lista negra de la OFAC. El primero es Grupo Especial Mamba Negra, una empresa de seguridad privada. El segundo es Gorditas Chiwas, un restaurante ubicado en el estado de Chihuahua.
Ambos negocios estarían bajo el control del empresario Alfredo Orozco Romero, quien según la investigación habría operado como asesor de seguridad de la red criminal. Para mantener su nombre fuera de los documentos oficiales, presuntamente utilizó a dos familiares como prestanombres: Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, ambas también sancionadas.
Este punto es clave porque muestra cómo el lavado de dinero del narcotráfico no necesita siempre de estructuras sofisticadas. A veces basta con un restaurante de comida tradicional o una empresa de seguridad para mover dinero ilícito, mezclarlo con ingresos legales y reintegrarlo al sistema financiero formal sin levantar sospechas inmediatas.
Junto a ellos también fueron designados Jesús Alonso Aispuro Félix, señalado como principal intermediario financiero de la red, y Rodrigo Alarcón Palomares, quien ya está detenido en México por posesión de armas y enfrenta tres cargos de lavado en un tribunal de Colorado, también vinculados al uso de activos virtuales.
¿Quién es Jesús González Peñuelas y por qué hay cinco millones de dólares por su captura?
La segunda red sancionada es encabezada por Jesús González Peñuelas, identificado como líder de una célula del Cartel de Sinaloa. A diferencia de Ojeda Avilés, González Peñuelas ya tenía antecedentes en el radar de Estados Unidos. Fue sancionado en 2021 bajo la Ley Kingpin y enfrenta causas penales abiertas en California y Colorado por producción y distribución de drogas ilegales.
Por su captura, las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de cinco millones de dólares. Junto a él fueron bloqueados los nombres de Cástulo Bojörquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Sáenz Aguilar y Noé de Jesús Castro Rocha. Todos ellos son señalados de usar empresas mexicanas para blanquear capitales, coordinar el traslado de grandes cantidades de dólares en efectivo y mover cargamentos de droga.
¿Cómo afecta esto a la banca mexicana y a los usuarios comunes?
Aunque la sanción es estadounidense, su efecto se siente del lado mexicano de la frontera casi de inmediato. Los bancos, fintechs, casas de bolsa y otros prestamistas regulados en México mantienen relaciones de corresponsalía con el sistema financiero de Estados Unidos. Esto significa que si una institución mexicana mantiene cuentas o transacciones con personas sancionadas por la OFAC, puede perder su acceso al sistema financiero global.
Por eso, ante cada nueva designación, las instituciones financieras activan sus protocolos internos de prevención de lavado de dinero. Revisan bases de datos, congelan cuentas, cierran productos y reportan movimientos a la UIF. Este proceso ya ocurrió hace pocas semanas cuando un tribunal de Nueva York reveló cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán y altos mandos de seguridad estatal.
Para el usuario común, el efecto directo es mínimo si no tiene relación con los nombres sancionados. Sin embargo, sí hay una consecuencia indirecta importante: cada vez más operaciones bancarias en México son revisadas con lupa, los requisitos para abrir cuentas y mover dinero se endurecen, y los tiempos de respuesta se alargan. Todo esto forma parte del costo de mantener al sistema financiero mexicano conectado con el estadounidense.
¿Por qué Estados Unidos endurece tanto las sanciones contra los carteles?
Desde la llegada de Donald Trump a su segundo mandato, la estrategia de Washington contra el narcotráfico cambió de enfoque. Los carteles mexicanos fueron designados como organizaciones terroristas extranjeras, una categoría que multiplica las herramientas legales para sancionar a cualquier persona o empresa que tenga vínculos financieros con ellos, incluso de forma indirecta.
El fentanilo y sus precursores químicos son considerados por la administración estadounidense como “armas de destrucción masiva” por el impacto que han generado en la crisis de salud pública en ese país. Por eso, el sistema financiero se convirtió en una de las principales herramientas de combate. La lógica es simple: si no se puede frenar la producción y el tráfico desde el origen, se ataca el dinero que mantiene viva la operación.
Esta nueva designación se suma a una larga lista de sanciones recientes y confirma que la presión sobre México no va a aflojar en el corto plazo. Para el gobierno mexicano, el reto es doble: cooperar con Estados Unidos sin ceder soberanía y, al mismo tiempo, demostrar que puede investigar y procesar internamente a quienes operan desde dentro de sus propias instituciones públicas.
