Uno de los principales focos mediáticos, tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra los funcionarios de Sinaloa, fue cuál era la situación de seguridad y ubicación de Rubén Rocha Moya.
A principios de mayo, dos de los funcionarios acusados, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz, se entregaron voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos para ser juzgados, a pesar de que la FGR negó las solicitudes de extradición.
