MORELIA, Mich., 20 de marzo de 2026.- La creación de un Fondo Estatal para la Inclusión Educativa y la prohibición de que escuelas condicionen el acceso de estudiantes con discapacidad al pago de “guías sombra” fueron planteadas en el Parlamento con perspectiva de discapacidad, donde se evidenció que la exclusión escolar en Michoacán persiste por barreras estructurales, económicas y de formación docente.
Al presentar la iniciativa, la diputada Sigrid Navarro Rodríguez expuso que, aunque la educación es un derecho, en la práctica niñas, niños y jóvenes con discapacidad enfrentan obstáculos que les impiden estudiar en igualdad de condiciones.
Señaló que en el estado persisten prácticas como canalizar automáticamente a estudiantes sordos a Centros de Atención Múltiple, así como la negativa de ingreso a alumnos con discapacidad física bajo el argumento de que las escuelas no cuentan con infraestructura accesible.
“En algunos municipios las escuelas dicen que no tienen condiciones y simplemente no aceptan a los estudiantes”, advirtió.
La parlamentaria subrayó que esta exclusión tiene un componente económico que profundiza la desigualdad, ya que las familias con recursos pueden optar por educación privada, mientras que quienes no los tienen quedan sin alternativas reales.
Uno de los puntos más sensibles, dijo, es la exigencia a madres y padres de contratar por su cuenta a una “guía sombra” para que sus hijas e hijos puedan permanecer en el aula.
“A muchas familias les dicen que deben pagar acompañamiento privado, pero la educación es responsabilidad del Estado, no de las familias”, sostuvo.
La propuesta plantea que ese tipo de apoyos formen parte del sistema educativo público y no representen un costo adicional, al considerar que su actual implementación opera como un filtro económico de acceso.
El Fondo Estatal para la Inclusión Educativa, detalló, tendría como objetivo financiar la adecuación de infraestructura escolar, la capacitación de docentes en atención a la diversidad y la creación de apoyos especializados dentro de las escuelas.
Además, la iniciativa incorpora la realización anual de un Parlamento de personas con discapacidad, con el fin de dar seguimiento a políticas públicas y garantizar la participación directa de este sector en la toma de decisiones.
“La educación inclusiva no es un favor, es un derecho”, enfatizó.
Durante la discusión, la parlamentaria Brissa Rubí Alvarado López respaldó la propuesta y llamó a ampliar la visión de inclusión más allá de un solo tipo de discapacidad.
Indicó que, aunque la Lengua de Señas Mexicana es fundamental, existen múltiples condiciones que requieren atención, por lo que las políticas públicas deben contemplar adaptaciones integrales.
“Las adecuaciones no deben seguirnos segregando, sino formar una sociedad en común para todos”, expresó, al recordar que la discriminación y la exclusión han sido experiencias compartidas por quienes integran este sector.
En el mismo sentido, el parlamentario Alejandro Lenin González, desde su lugar, coincidió en la necesidad de fortalecer la atención educativa especializada, al señalar que la transición hacia modelos de inclusión dejó vacíos tras la desaparición de esquemas de educación especial.
Consideró que el fondo propuesto podría recuperar capacidades institucionales para atender diversas discapacidades dentro de las escuelas públicas, con personal capacitado.
El planteamiento pone sobre la mesa una tensión no resuelta en el sistema educativo: la inclusión formal sin condiciones materiales suficientes, que termina trasladando costos al ámbito familiar.
En ese contexto, la propuesta busca reubicar la responsabilidad en el Estado y avanzar hacia un modelo donde el acceso, la permanencia y el aprendizaje de personas con discapacidad no dependan de la capacidad de pago, sino del cumplimiento efectivo de un derecho constitucional.
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