“Odio tener que decir ‘se los dije’, pero… Se los dije”. Palabras más, palabras menos, en esencia eso es lo que señalaron especialistas, opositores, académicos y críticos de la reforma al Poder Judicial, ahora que el gobierno por fin reconoció que era a todas luces inviable empatar la segunda parte de la elección de juzgadores con los comicios intermedios en 2027 y propusiera aplazar la votación judicial y, de paso, enmendar pifias ampliamente señaladas.
“Yo creo que (a) todos los que tuvimos la experiencia de participar nos gustaría tener mayor claridad sobre quiénes son las propuestas y cómo votar”, reconoció el lunes la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, al justificar la iniciativa de reforma de la reforma.
“Más que el costo, es la facilidad para elegir”, argumentó a su vez la presidenta Claudia Sheinbaum. “Para quienes vamos a elegir, que sea más sencilla la votación, y pueda distinguirse quién propone a los candidatos”, abundó.
No fue una ni dos, fueron decenas de voces las que en su momento advirtieron sobre los problemas logísticos que implicaba hacer concurrentes ambas elecciones. Pero ante aquellas puntuales observaciones, la mandataria solo repetía una y otra vez que el objetivo de empatar las jornadas de votación era “ahorrar recursos”, aunque ahora alegue que “no es el costo”.
“Y después (de votar por diputados, alcaldes, etc.), tendrías que moverte a otro lugar a votar por el Poder Judicial. Entonces, pues eso genera problemas”, admite ahora Sheinbaum.
Todos, desde la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y el presidente del Tribunal Electoral, Gilberto Bátiz, hasta especialistas en materia electoral y juristas, pasando además por legisladores de su propio partido, como Alfonso Ramírez Cuéllar, habían pugnado por aplazar la segunda parte de la elección judicial precisamente por advertir esos inconvenientes que ahora el gobierno decidió finalmente sí ver.
De inmediato surgieron críticas al planteamiento del Ejecutivo, en el sentido de que “es una reforma cosmética, porque no libra a los juzgadores ni a los ciudadanos de los ‘acordeones’ ni de la ‘tómbola’”, como consideró el coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira. O que se “mantiene el proceso de selección de candidaturas judiciales bajo esquemas de captura institucional, sin incorporar mecanismos verdaderamente ciudadanos”, como alertó Elías Lixa, líder de los diputados del PAN. Pero, adicional a esas observaciones de fondo, el problema también es de forma, y es que, de nueva cuenta, al estilo ‘4T’, se van a hacer las cosas al vapor.
Ya lo adelantó el líder morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, el objetivo es que se vote en fast track el martes 26 en comisiones de Diputados y, al día siguiente, miércoles 27, en el pleno. Por si fuera poco, pretenden que ese mismo miércoles se turne y se apruebe en el Senado de la República. ¡Ámonos! Así, por la vía exprés, sin discusión, sin debate de por medio, ‘sin moverle ni una coma’, como para qué, si el Legislativo no es más que una oficialía de partes. Basta que la aplanadora guinda haga lo suyo, su función acrítica de levantadedos.
Ya el tour por los Congresos estatales será, otra vez, mero formalismo. La idea es que lo voten en un solo día, el jueves 28, para que el viernes 29 se haga la declaratoria constitucional.
Y claro, si para la primera reforma judicial, teniendo meses para una discusión sensata, se hizo todo “de urgente y obvia resolución”, como dicen en la jerga legislativa, con mayor razón ahora, todo debe ser con “dispensa de trámites”, sin reflexión, qué parlamento abierto ni qué nada, no hay tiempo para esas simulaciones, pues urge concluir el trámite antes de que venza el plazo constitucional, el último día de mayo, para que el Congreso pueda realizar modificaciones en materia electoral antes de que inicie el proceso de 2027.
Y hablando de oficialía de partes y de concentración del poder, el mensaje a los legisladores es: olvídense de sus iniciativas, así sean de Morena. Aquí solo los chicharrones del Ejecutivo truenan y las únicas iniciativas que se habrán de tomar en cuenta son las presidenciales, las que van del Ejecutivo al Congreso, pues hay que seguir alimentando el récord de esta administración, que tiene el mayor porcentaje de iniciativas presidenciales aprobadas en los primeros 18 meses; las demás, que se vayan a la congeladora (por no decir al carajo).
Ahora bien, ya entrando al fondo del proyecto anunciado y en las pifias que por fin “descubrieron” que había que remendar, es afortunado, en aras de la sencillez, que se vaya a reducir el número de candidatos y que las boletas serán más claras, especificando con precisión qué poder impulsa a qué candidato.
Es positivo también que, ahora sí, la reforma establezca “criterios y metodologías unificadas de evaluación”, y que entre esos criterios “se incluya examen de conocimientos”. Mientras no sean de dudosa procedencia, como los que se aplicaron para las vacantes en el INE, todo parece ir bien, pues era inadmisible que llegaran jueces populares y con un eslogan pegajoso en redes sociales, pero sin los conocimientos necesarios para impartir justicia.
Otros puntos destacables de la iniciativa son que los comités de evaluación contarán con más tiempo para su análisis, pues se adelantará tres meses el plazo del Senado para emitir la convocatoria general, y que se recuperen las dos salas –ahora llamadas “secciones”– que fueron suprimidas en la Corte, esto luego de haberse dado cuenta de la sobrecarga de asuntos en el pleno.
La oposición ya anticipó que darán “un gran debate y vamos a hacer ahí contrapropuestas” de lo que sí debería contener esta enmienda. Pero ya está cantado que toparán con pared y la mayoría legislativa hará oídos sordos, pues la orden de darle celeridad y sin chistar ya está dada. Así que no quedará más que aplicar lo que dice aquella frase popular: “de lo perdido, lo que aparezca”.