Primero fue el cambio de perspectiva de estable a negativa de la agencia calificadora Standard and Poors, que lleva Roberto Sifón-Arévalo; ayer Moody’s Ratings que lleva Carlos Díaz de la Garza bajó la calificación soberana de México de Baa2 a Baa3 y antes, los principales bancos reducían la expectativa de crecimiento del país. Todos con sus anuncios envían las señales no sólo de alerta, sino de la urgencia de que la actividad económica de México se active y las finanzas públicas se fortalezcan, trabajo que deben realizar en conjunto la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaría de Hacienda a cargo de Edgar Amador.
Esto no es un asunto técnico reservado para economistas o mesas de dinero, más bien debe ser visto como una señal de alerta que comienza en las finanzas públicas, pasa por los bancos y termina impactando el bolsillo de empresas y de todos.
Porque cuando una calificadora le dice al mundo que el país tiene mayor riesgo, aun cuando se diga que en 18 meses no se tendrán más cambios y se entiende que es prácticamente el tiempo que se tiene para reactivar y reordenar la economía por parte del Gobierno Federal, no se debe olvidar que esos cambios significan que se encarece la deuda del gobierno y también se modifica la percepción sobre todo del sistema financiero mexicano.
La explicación parece sencilla, aunque sus efectos son profundos. Los bancos considerados sistémicamente importantes —los llamados “too big to fail”— tienen sus calificaciones topadas por la nota soberana. Es decir, no importa si su fortaleza financiera es sólida, si tienen buena capitalización, liquidez suficiente, bajos niveles de morosidad o modelos de negocio rentables: nunca podrán estar calificados por encima de México y es ahí en donde está el problema.
Los analistas especializados entienden perfectamente que la fortaleza intrínseca de los bancos mexicanos sigue siendo robusta, por algo hay ocho grupos en espera de tener una licencia bancaria, y es que ese grupo sí sabe leer balances, provisiones, calidad de activos y capacidad de generación de utilidades. Pero el mercado global no siempre entra a ese nivel de detalle. Muchas veces se queda con el encabezado: “México baja a Baa3” y esa no es cualquier nota. Es el último escalón del grado de inversión. Debajo está Ba1, territorio considerado especulativo. En otras palabras, México quedó parado exactamente en la orilla.
Moody’s fue clara: el debilitamiento de las finanzas públicas se aceleró en 2024 y aunque reconoce fortalezas, también señala que el crecimiento potencial sigue limitado por problemas estructurales como informalidad, inseguridad y falta de infraestructura energética y de agua.
La consecuencia inmediata para los grandes bancos será un aumento en su costo de fondeo internacional, particularmente en emisiones de deuda global, y eso significa que conseguir recursos será más caro. Y cuando el dinero cuesta más, tarde o temprano alguien termina absorbiendo ese costo.
Ahí es donde el ciudadano común entra en la ecuación. Porque si el costo de financiamiento del país aumenta, eventualmente también puede hacerlo el costo del crédito. Los esperados financiamientos de proyectos podrían enfrentar condiciones menos favorables si el deterioro soberano continúa. No ocurrirá mañana ni de manera automática, pero queda abierta la posibilidad real de cambios.
La buena noticia es que México todavía conserva el grado de inversión y una perspectiva estable. La mala es que ya no hay mucho margen para errores.
Tendiendo puentes CCE y SCJN
El ambiente no pudo ser más propicio para la reunión entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación encabezada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, y el Consejo Coordinador Empresarial de José Medina Mora, ya que el país vive un momento de incertidumbre global, temas de seguridad en las noticias, cambios de calificaciones del país y críticas por la reforma judicial, que ha frenado inversiones.
Por lo que el encuentro entre la SCJN y el CCE se da en un momento donde México busca sostener crecimiento, atraer capital y capitalizar el nearshoring, y la reunión refleja o envía una señal relevante sobre uno de los factores que hoy más pesa en las decisiones de inversión: la certeza jurídica.
Durante años la competitividad se discutió en términos de infraestructura, energía o costos laborales y es que, para los inversionistas nacionales e internacionales actualmente la verdadera infraestructura estratégica del país empieza a ser la confianza institucional.
Los datos ayudan a entender la dimensión del reto: aunque México captó en 2025 más de 40 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, la inversión como porcentaje del PIB retrocedió de 25.2 a 22.9 por ciento entre 2024 y 2025. Al mismo tiempo, México ocupa el lugar 121 de 143 países en el índice de Estado de derecho del World Justice Project, reflejando un deterioro sostenido en percepción de justicia, contrapesos y capacidad institucional.
En paralelo, el entorno internacional se ha vuelto más exigente, los inversionistas están observando con mayor atención la estabilidad regulatoria, la independencia judicial y la capacidad de los países para garantizar resolución imparcial de controversias. En otras palabras, el Estado de derecho se ha convertido en un componente económico tan relevante como la infraestructura física.
Por eso, el mensaje de la Corte fue tomado como una buena señal, de mantener espacios permanentes de diálogo y reafirmó la inviolabilidad de la cosa juzgada como elemento central de certeza jurídica.
El fondo importa: la estabilidad económica depende también de tribunales predecibles, resoluciones confiables y reglas claras, es decir de un Estado de derecho fuerte.
Estado de México crece más
Mientras varios estados del norte comienzan a enfrentar límites de agua, energía, vivienda e infraestructura derivados del crecimiento industrial acelerado, el Estado de México que gobierna Delfina Gómez empieza a aparecer como uno de los territorios mejor posicionados para capturar una parte importante del nearshoring. Las cifras recientes de generación de empleo formal y atracción de inversión apuntan hacia una transformación económica que hace unos años parecía difícil de imaginar.
Y es que los datos de la Secretaria de Desarrollo Económico estatal (Sedeco) que lleva Laura González Hernández, muestran que la entidad acumuló más de 281 mil nuevos empleos formales entre septiembre de 2023 y abril de 2026, lo que representa cerca del 40 por ciento de todos los puestos de trabajo generados en el país durante ese periodo, y refleja la consolidación de un estado que busca convertirse en uno de los grandes centros logísticos industriales del país.
Durante años el Estado de México –hay que reconocerlo–, fue visto como una enorme periferia urbana dependiente de la capital y eso ya ha cambiado en los últimos años, porque con más de 17 millones de habitantes, la entidad tiene ventajas difíciles de replicar: conexión inmediata con el mayor mercado consumidor de México, cercanía con el AIFA, acceso al Arco Norte y corredores hacia Veracruz, Querétaro y el Bajío.
Además, concentra algunos de los parques industriales más importantes del país y una red carretera y ferroviaria que permite mover mercancías hacia prácticamente cualquier región en cuestión de horas. Para muchas empresas que evalúan instalarse en nuestro país, esa combinación logística empieza a valer más que la simple cercanía con la frontera norte. Veremos si lo logra.
Gana terreno ANTAD
Y entre toda la información, no hay que olvidar el buen trabajo de la ANTAD que lleva Diego Cosío, ya que la expo realizada en Guadalajara, una vez más, reunió a más de mil 600 proveedores, 50 mil marcas; es un sector que mueve 1.67 billones de pesos, sostiene empleo formal y es un termómetro de la economía, un encuentro que sigue ganando terreno.
Por lo pronto, la moneda está en el aire.
