Por El Comité Editorial, The New York Times.

¿Ha habido alguna vez un episodio de corrupción presidencial tan flagrante y amenazante para el orden constitucional? Desde luego, no en los tiempos modernos. El Departamento de Justicia del presidente Donald Trump está utilizando el dinero de los contribuyentes para crear un fondo de enriquecimiento político de 1.800 millones de dólares. Aunque supuestamente fue creado para compensar a quienes, según el departamento, han “sufrido la instrumentalización y la persecución de la ley”, en realidad recompensará a leales dispuestos a desafiar la ley y cometer actos violentos en nombre del presidente.

El fondo consigue combinar tres de los comportamientos más alarmantes de Trump. Uno, es una forma evidente de corrupción, procedente de un presidente que ha utilizado su cargo para enriquecerse a sí mismo, a su familia y a sus aliados. Dos, el fondo continúa su patrón de uso del Departamento de Justicia como ejecutor para castigar a quien considera sus adversarios y proteger a sus amigos y aliados. Tres, el fondo es su último intento de reescribir la historia sobre las elecciones de 2020 y el ataque al Congreso del 6 de enero de 2021.

Vale la pena hacer una pausa para situar el fondo en el contexto más amplio del proyecto político de Trump: está destruyendo pilares de la democracia estadounidense para consolidarse en el poder. Sostiene que las elecciones solo son legítimas cuando él gana. Utiliza las fuerzas de seguridad federales para investigar y perseguir a sus supuestos enemigos. Expulsa de su partido a los dirigentes que se atreven a desafiarlo. Califica a los miembros del otro partido y de la sociedad civil de traidores y enemigos. Incentiva a sus partidarios a infringir la ley en su nombre y los recompensa cuando lo hacen. Ordena a sus aliados que cambien las reglas electorales para mantener a su partido en el poder.

El proyecto de Trump aún no ha triunfado, al menos no del todo. Muchos estadounidenses –en el sistema judicial, en el Congreso, en los gobiernos estatales y en otros lugares– siguen defendiendo la democracia y oponiéndose a sus ambiciones autocráticas. A estas alturas, sin embargo, nadie debería hacerse ilusiones sobre lo que intenta hacer.

La existencia del fondo es una historia de autogestión política. Es nominalmente el producto de una endeble demanda personal que Trump presentó este año contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en español), organismo que él supervisa, por la filtración de sus declaraciones de impuestos durante su primer mandato. Esa demanda dio lugar a una negociación absurda, en la que los abogados de una parte representaban a Trump, el ciudadano, y los de la otra, a Trump, el presidente.