Chihuahua— La gobernadora María Eugenia Campos Galván dijo que ya no va a parar ante la ofensiva del Gobierno federal, el cual la acusa de traición a la patria, sin pruebas, al tiempo que protege al gobernador de Sinaloa.
La mandataria brindó ayer una serie de entrevistas en medios nacionales durante su visita a la Ciudad de México, en las que acusó a la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, de pactar con el crimen organizado en Chihuahua por apoyo electoral, y señaló que han respetado la presunción de inocencia de esta última.
La mandataria estatal apareció en entrevistas con los periodistas Ciro Gómez Leyva, Pascal Beltrán del Río y Joaquín López-Dóriga, en donde sostuvo que nunca autorizó, gestionó ni tuvo conocimiento de la presencia de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en territorio chihuahuense durante el operativo realizado en el municipio de Morelos el mes pasado.
Campos Galván reiteró que permanecerá firme en el cargo pese a las presiones políticas y mediáticas generadas tras el caso del narcolaboratorio.
Trato diferente
En entrevista con Gómez Leyva, aseguró que los gobiernos de oposición han resistido durante años recortes federales, ataques políticos y la eliminación de fondos para seguridad pública.
Dijo que ha tenido que asumir funciones que corresponden al Gobierno federal, como la atención médica, el fortalecimiento policial y el control migratorio, mientras que del centro del país la acusan de invasión de facultades únicamente cuando conviene políticamente.
También afirmó que existe una diferencia en el trato que recibe respecto al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, pues aseguró que en su caso la condenan públicamente sin pruebas, mientras que en otros expedientes ligados al crimen organizado exigen investigaciones antes de emitir señalamientos.
Durante las entrevistas, Campos explicó que supo de la presencia de agentes estadounidenses únicamente después del accidente ocurrido tras el operativo en Morelos, cuando el entonces fiscal estatal le informó que dos de ellos viajaban en la unidad que cayó a un barranco.
La mandataria aseguró que mantiene comunicación institucional con autoridades estadounidenses sólo mediante el consulado en Ciudad Juárez y negó tener relación directa con el embajador de Estados Unidos en México. Indicó que jamás tuvo contacto con la CIA ni conocimiento de operaciones de esa agencia en suelo estatal.
Aprendizaje político
En la conversación con Beltrán del Río, afirmó que el caso representó un aprendizaje político y el momento en que decidió dejar de guardar silencio frente al Gobierno federal.
“Ya no voy a parar”, declaró la gobernadora al señalar que muchos mandatarios prefieren callar para conservar una buena relación con la Presidencia y garantizar recursos federales.
Campos Galván acusó a Morena de utilizar la violencia política y las campañas mediáticas como mecanismo de presión contra los opositores. Señaló que el régimen destruye instituciones, vulnera garantías constitucionales y normaliza la inseguridad en el país.
Arremetió contra la dirigencia nacional de Morena y aseguró que existen municipios serranos donde operadores políticos del partido oficialista mantienen acuerdos con grupos criminales para obtener respaldo electoral. Mencionó que Chihuahua enfrenta esa realidad en regiones controladas por el crimen organizado.
Intercambio de información
En entrevista con López-Dóriga, defendió los esquemas de cooperación institucional con agencias estadounidenses en temas fronterizos y de seguridad, aunque aclaró que toda colaboración corresponde al ámbito federal y no implica autorización para que agentes extranjeros operen directamente en territorio estatal.
Campos Galván reconoció que en Ciudad Juárez existen reuniones con agencias como el FBI, la DEA y Homeland Security para intercambio de información en temas transfronterizos. Sin embargo, insistió en que Chihuahua jamás autorizó operaciones de la CIA ni la presencia de agentes extranjeros en acciones tácticas.
La mandataria aprovechó la gira mediática para presumir resultados en seguridad pública, entre ellos la reducción de homicidios dolosos, decomisos de fentanilo y el fortalecimiento de la Policía Estatal mediante incrementos salariales, seguros médicos y esquemas de Mando Único en 17 municipios.
También lanzó críticas contra la senadora Andrea Chávez y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, a quienes acusó de actuar con violencia política y mantener una narrativa de confrontación permanente.
Respecto a la movilización organizada por Morena en Chihuahua para exigir su desafuero, negó haber utilizado recursos públicos para impedir el traslado de simpatizantes y afirmó que el rechazo ciudadano hacia el partido guinda crece en la entidad debido al abandono federal en temas como agua, seguridad y sanidad ganadera.
Campos Galván también reprochó a la presidenta Claudia Sheinbaum haber puesto en duda su versión sin respetar la presunción de inocencia. Explicó que nunca ignoró una llamada presidencial y que la comunicación ocurrió mediante el llamado “teléfono rojo” mientras ella estaba fuera de la oficina.
La gobernadora aseguró que mantiene coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con las Fuerzas Armadas. No obstante, sostuvo que el caso del narcolaboratorio exhibió el uso político de la seguridad pública y la intención de Morena de convertirla en un blanco nacional.
“Lo único que hice fue desmantelar un narcolaboratorio para evitar que destruyeran la vida de niños y jóvenes”, afirmó Campos Galván durante la serie de entrevistas concedidas en la Ciudad de México.
Preparado Estado para enfrentar juicios: De la Peña
El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, aseguró que la administración estatal está preparada para enfrentar cualquier procedimiento legal que pudiera promover Morena en contra de la gobernadora, Maru Campos. Sin embargo, sostuvo que hasta el momento no existe ninguna notificación formal y que todo permanece en el terreno político y mediático. El funcionario afirmó que no pueden adelantarse a un escenario que todavía no inicia jurídicamente.
De la Peña indicó que sería prematuro hablar de una estrategia legal específica mientras no exista un procedimiento oficial. Explicó que lo único visible hasta ahora es una “ofensiva mediática” impulsada desde Morena para posicionar el tema en la opinión pública. Añadió que la propia mandataria estatal tomará las decisiones correspondientes en caso de que surja una acción formal en su contra.
“Yo hasta el día de hoy lo que he visto es una ofensiva mediática, una ofensiva política tratando de argumentar la posibilidad de este procedimiento”, expresó el secretario durante la entrevista. Señaló, además, que no puede hablarse todavía de una defensa jurídica concreta porque no existe una acusación formal presentada ante las instancias correspondientes. Reiteró que el Gobierno del Estado permanecerá atento al desarrollo del tema.
Durante la entrevista, el secretario calificó como un “golpeteo político” los anuncios reiterados de Morena sobre la promoción de un juicio político contra la gobernadora. Aseguró que existe un interés de confrontar políticamente a una mandataria que, dijo, ha mantenido una postura firme contra el crimen organizado. Según expuso, ese es el verdadero fondo del debate político que actualmente enfrenta Chihuahua.
El funcionario contrastó esa situación con los señalamientos que pesan sobre varios gobernadores y funcionarios emanados de Morena por presuntos vínculos con el narcotráfico. De la Peña afirmó que en esos casos no existe la misma presión política ni judicial para abrir investigaciones o procesos legales. Incluso sostuvo que en algunos casos se percibe una intención de proteger a ciertos actores políticos ligados a ese partido.
“Hay una gobernadora que combate el crimen organizado y por eso la quieren enjuiciar políticamente”, declaró. Agregó que el debate nacional gira actualmente en torno a las diferencias de trato hacia distintos actores políticos dependiendo de su afiliación partidista. Consideró que la ciudadanía observa con claridad esa disparidad en los posicionamientos públicos.
De la Peña también cuestionó el mecanismo de recolección de firmas anunciado por Morena para respaldar el eventual juicio político. Recordó que ese procedimiento cuenta con reglas y pasos legales claramente establecidos, por lo que consideró extraño que se impulse una campaña casa por casa para reunir apoyos ciudadanos. A su juicio, la estrategia tiene más tintes políticos que jurídicos.
El secretario señaló que incluso sería necesario revisar una por una las firmas recabadas para confirmar su autenticidad y procedencia. Comentó que durante las movilizaciones detectaron la participación de personas provenientes de otros estados como Zacatecas, Durango, Guerrero y Veracruz. Por ello, planteó que también tendría que verificarse que los apoyos correspondan realmente a ciudadanos chihuahuenses.
Además, sugirió cruzar esa información con los padrones de programas sociales federales para descartar un uso indebido de datos personales. “Había que cruzarlo con los padrones del Bienestar, no vayan a estar utilizando firmas que son para otra cosa”, comentó durante la entrevista. El funcionario insistió en que Morena llegó a Chihuahua con una estrategia política ya definida desde el centro del país.
Sobre la posibilidad de que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, tenga facultades para promover un juicio político, De la Peña respondió que corresponderá a ella valorar jurídicamente sus atribuciones. Añadió que ese tema deberá resolverse dentro del marco legal y no únicamente desde el discurso político. Insistió en que hasta ahora no existe un procedimiento iniciado formalmente.
El secretario también habló sobre las investigaciones y señalamientos surgidos en Estados Unidos contra políticos vinculados a Morena. Aunque evitó afirmar directamente que exista un “estigma” consolidado, señaló que el número de casos ha provocado un debate público cada vez más amplio. Mencionó particularmente los casos relacionados con funcionarios y actores políticos de Sinaloa.
Finalmente, recordó las declaraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador durante el juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos. De la Peña sostuvo que en aquel momento se aseguraba que bastaban los testimonios para sostener acusaciones, aunque ahora los criterios parecen distintos cuando los señalamientos involucran a políticos de Morena.
