En vísperas de la entrada en vigor de la Ley SB 8 en Texas, prevista para finales de este año, el sheriff del Condado de El Paso, Oscar Ugarte, aseguró ante comisionados del condado que su corporación mantendrá una participación “mínima” con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y que únicamente notificará sobre personas indocumentadas que ya se encuentren detenidas en la Cárcel del Condado.
Durante la sesión realizada el lunes 18 de mayo, la Oficina del Sheriff presentó el modelo operativo que adoptará para cumplir con la nueva legislación estatal, la cual obliga a las cárceles condales de Texas a establecer acuerdos de colaboración con ICE mediante el programa federal 287(g).
Aunque la ley exige que todos los sheriffs del estado participen en alguno de los esquemas autorizados por ICE, cada condado puede decidir el nivel de involucramiento que asumirá.
Ante los comisionados, Ugarte y su equipo explicaron que el Condado de El Paso eligió el modelo denominado “Oficial de Ejecución de Órdenes Judiciales” (Warrant Service Officer), considerado el menos intrusivo de las tres opciones disponibles.
El jefe adjunto Emmanuel Soria detalló que el esquema únicamente aplicará dentro de la cárcel y sólo en casos de personas que ya hayan sido arrestadas por delitos estatales o locales, descartando operativos migratorios en calles o vecindarios.
“Idealmente, el funcionamiento es el siguiente: cuando un individuo es detenido y llevado a la cárcel, ICE se acerca para entregar una orden de detención y notifica que requiere a dicho individuo una vez que concluya sus procesos relacionados con cargos estatales. Esto no altera nuestra labor ni representa una medida proactiva de nuestra parte para involucrarnos directamente en asuntos de inmigración”, explicó Soria.
Con este modelo, las personas detenidas podrían permanecer bajo custodia hasta 48 horas después de quedar libres de cargos locales, mientras agentes federales acuden por ellas.
Funcionarios del sheriff enfatizaron que rechazaron las otras dos modalidades previstas en la SB 8 debido a que implicaban una participación mucho más amplia de agentes locales en labores migratorias.
Entre esas opciones se encuentra el “Jail Enforcement Model”, que amplía las facultades migratorias dentro de las cárceles, y el “Task Force Model”, que permite a agentes locales participar en operativos migratorios fuera de los centros de detención.
Ugarte reiteró que su intención es evitar afectaciones mayores en las operaciones del departamento y preservar la confianza de la comunidad inmigrante.
“El objetivo es mantener un condado seguro sin perder la confianza de nuestra comunidad. Cuando la gente confía en su Policía, es mucho más fácil prevenir y resolver delitos”, expresó previamente el sheriff, quien se ha definido como estadounidense de primera generación.
Durante la comparecencia, varios comisionados expresaron preocupación por los riesgos legales y comunitarios que podría generar la implementación de la ley.
La comisionada del Precinto 3, Iliana Holguín, cuestionó que agentes locales asuman responsabilidades migratorias sin una preparación especializada.
“Los agentes federales de inmigración reciben entrenamiento intensivo, al igual que los abogados especializados. ¿Cómo esperan que un sheriff, con una capacitación mínima, pueda determinar si un inmigrante está legalmente en el país?”, señaló.
Holguín advirtió que errores en la aplicación de la ley podrían derivar en violaciones a derechos civiles y demandas millonarias contra el condado.
“Si arrestan por error a un residente legal o ciudadano, el Condado será demandado. Nos arriesgamos a pagar indemnizaciones millonarias”, alertó.
Por su parte, el comisionado del Precinto 2, David Stout, sostuvo que el principal riesgo de la SB 8 es el deterioro de la confianza entre autoridades y comunidad inmigrante.
“Tenemos una gran comunidad inmigrante y una gran comunidad hispana. Parte de la seguridad pública consiste en poder confiar en las acciones de las autoridades locales”, afirmó.
Stout advirtió que víctimas o testigos de delitos podrían dejar de denunciar por temor a ser perfilados o deportados, debilitando programas comunitarios y mecanismos de denuncia anónima que históricamente han ayudado a resolver crímenes en la región.
La Ley SB 8 ha generado controversia en Texas debido a que obliga a las oficinas de sheriffs a colaborar formalmente con ICE mediante acuerdos 287(g). Las agencias que se nieguen a cumplir podrían enfrentar acciones legales por parte de la Fiscalía General del estado.
Aunque el Condado de El Paso podría recibir una subvención estatal de 120 mil dólares para cubrir costos de capacitación, personal y equipo, funcionarios locales reconocieron que el monto sería insuficiente para sostener el programa a largo plazo.
Las autoridades precisaron además que el esquema todavía no entra en operación y que antes deberán completarse capacitaciones federales, certificaciones y protocolos internos para evitar abusos o errores durante la aplicación de la nueva legislación.