Ante las acusaciones de que el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y los candidatos de Morena recibieron apoyo del Cártel de Sinaloa en las elecciones del 2021, no sorprende ahora que el liderazgo de Morena se preocupe ahora sí por la injerencia extranjera en los procesos electorales, particularmente por una futura injerencia de la Casa Blanca de Donald Trump.
De la nada surge esta semana una propuesta de reforma constitucional del senador Ricardo Monreal buscando proteger los procesos electorales de la injerencia extranjera. La propuesta detalla las actividades o acciones que podrían inclusive invalidar los resultados electorales: “Financiamiento ilícito, propaganda, desinformación o manipulación digital provenientes del extranjero. Intervención de gobiernos, organismos o agentes extranjeros para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos o autoridades electorales. Presión política, económica, diplomática o mediática con el fin de alterar la voluntad popular. Vulneración del territorio nacional -por tierra, mar, aire o aguas nacionales- con fines de intimidación o afectación al orden constitucional. Apoyo, promoción o ejecución de acciones orientadas a alterar el orden democrático”.
Indudablemente es importante blindar las elecciones de la injerencia extranjera y, de hecho, la mayoría de los países con gobiernos democráticamente electos tiene legislación para proteger las elecciones de influencia extranjera. Esta misma preocupación deberían haberla tenido por la injerencia de las organizaciones criminales trasnacionales en las elecciones que se llevaron a cabo en la última década.
No sólo el Gobierno de Estados Unidos, sino medios de comunicación, han documentado cómo elecciones presidenciales e intermedias fueron en parte definidas por los recursos y la violencia ejercida por grupos del crimen organizado -ahora definidos como organizaciones terroristas- a favor de precandidatos y candidatos de Morena, aliados y en algunos casos partidos de la oposición.
Si hay un actor que ha influenciado no sólo las elecciones, sino el mismo comportamiento del Gobierno federal, han sido las organizaciones criminales. En el sexenio pasado, la estrategia de “abrazos y no balazos” permitió que incrementara el control territorial de estas organizaciones, permitiendo que aumentaran dramáticamente la violencia, los homicidios y los desaparecidos.
No sabemos si fue la injerencia en las elecciones o la negligencia criminal del ex Presidente lo que llevó a la decisión de no perseguir a los cárteles. Pero sí sabemos que tuvieron una gran capacidad de influenciar las políticas públicas del Gobierno pasado.
Pero ahora el enfoque será en la injerencia por parte de los vecinos: “Rechazo la injerencia extranjera”. “No hay pruebas”. “No a la injerencia”. “Sin pruebas es política la acusación”. Estas son las frases que sigue usando la presidenta Claudia Sheinbaum, acusando al Departamento de Justicia ante la “injerencia” de lo que representa el indictment -una acusación formal- en contra del Gobernador y otros nueve funcionarios y ex funcionarios sinaloenses.
En este “indictment” se detalla cómo el Cártel de Sinaloa, mediante violencia y repartición de efectivo, aseguró que todos los candidatos de Morena ganaran las elecciones en el Estado de Sinaloa. Y a pesar de que la Presidenta quiere negar que hay pruebas e indicios de la injerencia criminal, tiene que estar preparada para la información que proporcionarán o filtrarán las autoridades estadounidenses, proveniente de las diferentes investigaciones y juicios en curso.
No sólo surgirá información específica sobre funcionarios, individuos y empresas vinculados a Morena. Seguramente habrá información más detallada de cómo Morena y sus redes negociaron y facilitaron la participación de los “narcos terroristas” para asegurar las elecciones.
Y esta realidad es lo que debería preocupar a Morena, porque esta información seguramente tendrá impacto en las elecciones intermedias de 2027, en las elecciones judiciales de 2028 y en las presidenciales de 2030. No sorprendería que el Gobierno de los Estados Unidos transparentara investigaciones, impusiera sanciones y quitara visas a personajes que buscarían ser electos en los siguientes años.
Especialmente catastrófico para Morena sería que se declarara a esta institución política como una organización que asiste, apoya o facilita las actividades de organizaciones terroristas.
Lo comenté hace algunas semanas en este espacio: El Gobierno de México, Morena y la 4T se rehúsan a entender que la estrategia de Donald Trump va más allá del tradicional desmantelamiento de las organizaciones narco terroristas. La prioridad ahora es perseguir a los líderes y a todo funcionario, político, individuo y empresa que apoye y facilite el tráfico de estupefacientes a su país.
Es de esperarse que el Gobierno de Estados Unidos buscará influenciar las elecciones mexicanas. Pero su capacidad de influenciar los resultados dependerá en gran parte de la capacidad de la clase política y los partidos de romper el vínculo con el crimen organizado.