Expertos en materia electoral advierten que, de cara a las próximas elecciones de 2027, la captura institucional por parte de los partidos en el poder se ha convertido en el principal riesgo para la integridad del proceso venidero, pues existe incertidumbre sobre la independencia, la integración y los criterios de las instituciones que toman las decisiones que definen la equidad de la contienda y la certeza de sus resultados.
A través de su primer informe “El inicio del proceso electoral y la situación de las autoridades electorales” el Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE) enfatizó que la elección de 2027 arranca en un contexto de incertidumbre institucional que no tiene precedente desde la creación del árbitro electoral autónomo en 1996.
De acuerdo con los especialistas, no se trata de dudas sobre la capacidad técnica del Instituto Nacional Electoral (INE) para instalar casillas, contar votos o producir resultados preliminares, ya que hasta la fecha esto sigue siendo uno de los activos más sólidos del país.
Sin embargo, las dudas giran en torno a la posible apropiación de los puestos, los presupuestos y las decisiones de los órganos de control por parte de la coalición gobernante (Morena, PT y PVEM).
Y es que, luego de estudiar decenas de sesiones y cientos de acuerdos del INE, y más de 1,450 sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), emitidas en lo que va de 2026, OPINE identificó que en ambos casos existe un patrón común y constante: votaciones divididas y que muchas veces son predecibles.
Aunado a que las decisiones son de alto riesgo sobre las reglas de la contienda y coinciden en su sentido con la posición del partido en el gobierno.
“Una autoridad colegiada cuyas votaciones son predecibles con independencia del caso deja de funcionar como árbitro y empieza a funcionar como jugadora de la contienda electoral”, alertaron.
En este contexto, se habló sobre lo observado en el TEPJF, donde identificaron 146 votaciones no unánimes, pero que en la gran mayoría de los casos (114) el magistrado Reyes Rodríguez ha sido el que ha quedado en minoría, frente al bloque mayoritario conformado por los magistrados Gilberto Bátiz, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, y hasta el 31 de agosto Mónica Soto también era parte de esta mayoría.
Es así que entre las decisiones controversiales por parte del INE se encuentran el no regular las preprecampañas, no cruzar a los observadores con la base de Servidores de la Nación (decisión revocada después por la Sala Superior), no verificar que los funcionarios de casilla no sean servidores públicos, no invalidar las boletas planchadas, negar registros y ordenar cambios de identidad y colores a competidores de oposición.
Mientras que en el Tribunal, “las decisiones divididas de mayor impacto siguieron la misma asimetría: permisivo con el partido gobernante y restrictivo con el competidor nuevo”.
“Las campañas anticipadas son un riesgo si el árbitro no las sanciona; el uso de recursos públicos lo es si nadie lo fiscaliza; las boletas planchadas lo son si no se invalidan; la violencia y la intervención del crimen organizado en las candidaturas lo son si la Comisión de Integridad se usa selectivamente.
“Un sistema electoral con árbitros capturados puede producir resultados aritméticamente correctos, pero no puede producir resultados creíbles para quien pierde, y esa credibilidad es la única razón por la que las elecciones sustituyen a la violencia como método para decidir quién gobierna. La captura institucional no es un riesgo entre otros, es la condición que convierte a todos los demás en irreparables”, se enfatiza el informe.
