Felipe González pocas veces habla improvisadamente sobre las crisis internas del PSOE. Y cuando lo hace, cada palabra suele ser interpretada como una señal política. Este viernes, el expresidente del Gobierno rompió parcialmente su silencio sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y dejó una de las imágenes más delicadas para el socialismo español contemporáneo: la de dos expresidentes separados políticamente, pero unidos por una mezcla de incredulidad, prudencia y tristeza ante una investigación judicial sin precedentes.
“Siento una infinita tristeza”, afirmó González al referirse a la situación judicial de Zapatero, investigado por la Audiencia Nacional por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. El veterano dirigente socialista reconoció abiertamente sus discrepancias con algunas posiciones políticas de su sucesor —especialmente respecto al actual Gobierno y a Venezuela—, aunque insistió en que eso no le impide sentir un “profundo sentimiento de tristeza”.
La declaración posee una enorme carga simbólica. Durante años, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero representaron dos formas muy distintas de entender el socialismo español, tanto en política económica como en relaciones internacionales o alianzas parlamentarias. Las tensiones entre ambos nunca desaparecieron del todo. Pero la gravedad de la situación judicial parece haber desplazado momentáneamente esas diferencias hacia un terreno mucho más humano e institucional.
La Audiencia Nacional mantiene una línea secreta de investigación para rastrear posibles fondos en el extranjero
González fue especialmente cuidadoso al medir sus palabras. Defendió la “indiscutible” presunción de inocencia de Zapatero y aseguró que no logra imaginarlo “en ese papel”, en referencia a la descripción que realiza el juez José Luis Calama, quien sitúa al expresidente como supuesto líder de una trama organizada de tráfico de influencias vinculada al rescate público de la aerolínea Plus Ultra. Sin embargo, el expresidente también dejó otra frase políticamente significativa: calificó el auto judicial de “muy impresionante”.
Esa valoración no es menor. González no cuestionó la actuación del magistrado, sino más bien lo contrario. Afirmó que José Luis Calama está demostrando ser “un juez de garantías” y sostuvo que las medidas adoptadas son “muy medidas”. En un contexto político marcado por acusaciones cruzadas sobre judicialización y lawfare, las palabras del expresidente adquieren especial relevancia porque legitiman implícitamente la actuación de la Audiencia Nacional.
La conexión exterior, en secreto
La investigación continúa avanzando mientras parte de la causa permanece todavía bajo secreto. Según distintas informaciones jurídicas, la Audiencia Nacional mantiene abierta una línea reservada centrada en las comisiones rogatorias internacionales emitidas para rastrear posibles fondos y movimientos económicos en el extranjero vinculados a la presunta trama. Ese elemento añade una dimensión internacional especialmente delicada al caso. El juez Calama ya ha solicitado información a Estados Unidos sobre varios investigados y sobre posibles conexiones financieras exteriores relacionadas con empresas y sociedades bajo sospecha.
La parte ya levantada de la investigación es la que afecta directamente al supuesto papel de Zapatero como “núcleo decisor y estratégico” de la red investigada. El magistrado considera que el expresidente habría liderado una estructura organizada orientada a obtener beneficios económicos mediante intermediación e influencia ante organismos públicos, principalmente en favor de Plus Ultra.
Dentro de esa investigación, el juez ha acordado el bloqueo de hasta 490.780 euros de las cuentas de Zapatero, cantidad que, según la resolución judicial, coincide con los ingresos recibidos por el expresidente desde la consultora Análisis Relevante entre 2020 y 2025.
La medida cautelar ha elevado todavía más el impacto político del caso, porque convierte la investigación en algo mucho más tangible y visible para la opinión pública. Ya no se trata únicamente de sospechas o diligencias preliminares: existen registros, bloqueo de cuentas, análisis de transferencias y una estructura societaria bajo examen judicial.
Al mismo tiempo, el Gobierno intenta contener el daño político sin romper totalmente con Zapatero. Mientras algunos ministros y dirigentes socialistas insisten en defender su honorabilidad y apelan a la presunción de inocencia, otras voces dentro del espacio progresista —como Yolanda Díaz— han comenzado a reclamar explicaciones públicas rápidas por parte del expresidente.
El PSOE afronta así uno de los momentos más incómodos de los últimos años. Porque la investigación no afecta a un dirigente menor ni a una figura retirada de la vida pública. Zapatero sigue siendo un referente político para una parte importante del socialismo y mantiene influencia tanto en la estrategia internacional del partido como en determinados equilibrios internos del Gobierno.
Las palabras de Felipe González reflejan precisamente esa complejidad. No son una defensa política cerrada ni tampoco una condena anticipada. Expresan más bien el desconcierto de una generación socialista que observa cómo uno de sus expresidentes más emblemáticos queda atrapado en una investigación judicial de enorme gravedad institucional. Y quizá por eso la frase más relevante de González no fue jurídica ni política, sino emocional: “siento una infinita tristeza”. Porque detrás del terremoto judicial y del enfrentamiento partidista empieza a percibirse también otra dimensión más profunda: la erosión simbólica de una parte de la historia reciente del PSOE. @mundiario