La imagen de varios agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entrando en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, frente a la sede federal del PSOE en la calle Ferraz, simboliza el salto cualitativo que ha dado el caso Plus Ultra. Hasta hace apenas unas semanas, la investigación giraba principalmente alrededor del rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia. Ahora, el foco se desplaza hacia el supuesto entramado societario y financiero que, según la Audiencia Nacional, habría operado alrededor del expresidente socialista.

El hallazgo más llamativo de los registros fue una caja fuerte ubicada en el despacho profesional de Zapatero. La escena descrita por distintas fuentes judiciales refleja el nivel de tensión de la operación. Inicialmente, el entorno del expresidente aseguró no disponer de la llave, lo que obligó a movilizar a especialistas del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), unidad experta en aperturas de compartimentos ocultos y estructuras blindadas. Finalmente, antes de que la Policía procediera a forzar el cierre, la llave apareció y la caja pudo abrirse.

En su interior, los agentes encontraron documentos que fueron inmediatamente intervenidos.  La investigación judicial parece orientarse precisamente hacia esa arquitectura documental. Durante más de cuatro horas de registro en el despacho de Ferraz, la UDEF realizó volcados completos de ordenadores, clonó correos electrónicos y se llevó agendas, libretas, anotaciones manuscritas y dispositivos móviles. Entre ellos figura el teléfono de María Gertrudis Alcázar, secretaria histórica de Zapatero y considerada por el juez José Luis Calama como una figura central dentro de la supuesta operativa administrativa del entramado.

La importancia de esos dispositivos electrónicos resulta capital para la causa. Hasta ahora, buena parte de los indicios que sustentan la imputación del expresidente procedían de conversaciones de terceros, especialmente de mensajes localizados en teléfonos de empresarios investigados como su amigo Julio Martínez Martínez o el venezolano Rodolfo Reyes Rojas. La Audiencia Nacional busca ahora evidencias directas que permitan determinar el grado de participación de Zapatero en las gestiones investigadas.

La operación policial no se limitó al despacho del expresidente. También fueron registradas las sedes de Softgestor y Whathefav, esta última vinculada a las hijas de Zapatero. En ambos lugares se incautó abundante material informático y teléfonos móviles. En cambio, en Inteligencia Prospectiva —otra de las sociedades bajo sospecha— los agentes únicamente pudieron entregar un requerimiento de información porque el domicilio fiscal los condujo a un inmueble unifamiliar que se encuentra en obras y sin actividad aparente.

La Audiencia Nacional pone el foco en la “boutique financiera”

El avance de las pesquisas confirma que la Audiencia Nacional sospecha de la existencia de una estructura financiera más amplia y sofisticada de lo inicialmente previsto. De hecho, fuentes jurídicas señalan que el caso ya se divide en varias piezas separadas, algunas todavía secretas, centradas en rastrear movimientos internacionales de dinero y posibles nuevas redes de tráfico de influencias relacionadas con el rescate de Plus Ultra.

El juez Calama considera que determinadas sociedades investigadas pudieron servir para canalizar pagos y crear una apariencia de legalidad sobre transferencias económicas presuntamente irregulares. Una de las principales líneas de investigación gira en torno a la consultora Análisis Relevante, propiedad del empresario Martínez Martínez, amigo del expresidente y también imputado. Según el auto judicial, esta mercantil habría transferido cerca de medio millón de euros a cuentas vinculadas a Zapatero.

Parte de esos fondos acabaron en una cuenta compartida por el expresidente y su esposa, Sonsoles Espinosa. El magistrado ya ha ordenado el bloqueo cautelar de cantidades equivalentes a los pagos recibidos desde la mercantil Análisis Relevante para asegurar eventuales responsabilidades civiles futuras. La resolución judicial subraya, no obstante, que en esas mismas cuentas también existen ingresos derivados de actividades profesionales lícitas del expresidente, como conferencias o trabajos de mediación internacional.

En paralelo, la causa ha adquirido una dimensión política creciente. El juez ha admitido como acusaciones populares al Partido Popular, Vox y Hazte Oír, mientras estudia si agrupar todas las acusaciones para evitar una fragmentación procesal excesiva. Otras entidades, entre ellas Manos Limpias o Iustitia Europa, continúan pendientes de formalizar requisitos legales para incorporarse al procedimiento.

La UDEF clonó correos, ordenadores y móviles

La entrada de partidos políticos y organizaciones ideológicas en el proceso incrementa inevitablemente la presión mediática y amplifica el riesgo de que el caso se convierta en un campo de confrontación partidista. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente judicial, la clave seguirá residiendo en la solidez de las pruebas documentales y financieras que logre reunir la UDEF.

Ese es precisamente el motivo por el que las agendas, los teléfonos y los discos duros incautados adquieren ahora un enorme valor procesal. Los investigadores intentan reconstruir contactos, instrucciones, reuniones y circuitos de pagos en un periodo especialmente sensible: los años posteriores al rescate de Plus Ultra aprobado por la SEPI en 2021.

La investigación se mueve además en un terreno internacional complejo. Existen diligencias dirigidas a rastrear cuentas y operaciones en países como Estados Unidos, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos o Suiza. La sospecha judicial es que parte de los fondos pudieron circular a través de estructuras societarias opacas o cuentas en el extranjero. @mundiario