La vivienda es el primer problema para los españoles y no se resuelve con remedios mágicos. Si desde hace años no se construyó al ritmo que exigía el crecimiento de la población y de los hogares, el resultado es escasez de oferta, precios elevados y una generación de jóvenes y de no tan jóvenes que no pueden o tienen enormes dificultades para acceder a una casa.
Ocho años después, el Gobierno reaccionó con dos decretos de urgencia impulsados por los acampados al calor del caso de la señora de 87 años desalojada de la vivienda que ocupaba. Su historia es dolorosa y merece atención, como merecen los miles de ciudadanos desahuciados, pero una política de vivienda no puede diseñarse a partir de un caso, por dramático que sea.
Y menos con disposiciones intervencionistas, cargadas de ideología y de arremetidas contra la propiedad privada que no iban a poner una sola vivienda en el mercado. Las empresas del sector y hasta el Banco de España alertaban de los “efectos indeseados” de los decretos fallidos que en tres días retiraron del mercado de alquiler miles de casas y los inversores paralizaron operaciones por importe de 5.000 millones.
Una política eficaz tiene que conseguir que haya más viviendas en el mercado, tanto para alquilar como para comprar. El Banco de España calcula que entre 2021 y 2025 se acumuló un déficit de unas 750.000 casas y advierte que la creación de hogares está creciendo más que la oferta de vivienda nueva.
Por tanto, urge recuperar promociones de vivienda pública asequible y recuperar a promotores e inversores, demonizados tras la crisis de 2008. Eso requiere habilitar suelo, dar seguridad jurídica a empresarios e inversores, buscar la cooperación público-privada y la confluencia de todos los partidos políticos y de las Administraciones —es un problema nacional— que deben remover todos los obstáculos que retrasan la construcción. Y captar y formar mano de obra, que es clave para levantar viviendas, haciendo atractivo el trabajo en la construcción.
No es una buena política demonizar a los caseros. El 92% del mercado de la vivienda está en manos de pequeños propietarios y los llamados fondos buitre tan solo suponen el 8% del problema. Tampoco se debe calificar a las empresas como “buitres carroñeros”. No es serio que una ministra atribuya prácticas ilegales o abusivas a empresas que actúan dentro del marco legal.
En fin, que el problema de la vivienda no se remedia por decreto regulando la demanda, penalizando a los pequeños propietarios y protegiendo solo a los inquilinos. Regular la escasez puede repartir durante un tiempo la penuria existente. Pero solo la reactivación de la construcción permitirá que haya viviendas suficientes para quienes hoy no pueden acceder a ellas. Por tanto, ¡manos a la obra!, nunca mejor dicho. Menos decretos y más ladrillos. @mundiario
