México, 25 de mayo de 2026. - Dos exsecretarios del gabinete de Rubén Rocha Moya ya están presos en una cárcel federal de Nueva York. Otros ocho acusados sinaloenses, incluido el propio gobernador con licencia, esperan fecha para comparecer ante el Ministerio Público de la Federación.
Y la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acudirá el miércoles 27 a declarar como testigo por un caso paralelo. Tres pinzas judiciales se cierran en una sola semana sobre dos partidos distintos.
La Fiscalía General de la República (FGR) emitió el sábado 23 de mayo los citatorios para los diez acusados sinaloenses dentro de la investigación interna paralela que abrió el 1 de mayo.
La Secretaría de Gobernación precisó horas después que las comparecencias se realizarán en calidad de testigos. Rocha Moya confirmó la misma tarde, en mensaje grabado, que acudirá "con la frente en alto" sin precisar fecha de presentación.
Pinza cerrada en Nueva York
El general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, está recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde el 12 de mayo. Cruzó la garita de Nogales hacia Arizona el 11 de mayo y quedó bajo custodia del Servicio de Marshalls antes de su traslado a Manhattan.
El exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega se entregó en Nueva York el 15 de mayo, según confirmó el periodista Carlos Loret de Mola y documentó la cobertura previa de Rotativo.
La acusación del Distrito Sur de Nueva York señala a Mérida de recibir más de 100 mil dólares mensuales de Los Chapitos y de alertar al menos diez redadas a laboratorios durante 2023. A Díaz Vega lo coloca como enlace operativo entre Rocha Moya y los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Ambos enfrentan cadena perpetua y un mínimo obligatorio de 40 años, igual que el resto de los acusados, salvo Juan Valenzuela Millán, quien tiene mínimo obligatorio de cadena perpetua por el asesinato de una fuente de la DEA.
Ocho pendientes y dos calendarios distintos
Los ocho restantes enfrentan la ruta mexicana. La FGR no ha publicado fechas individuales de comparecencia para Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde con licencia de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, el fiscal general adjunto Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez alias "Cholo", José Antonio Dionisio Hipólito alias "Tornado" ni Juan Valenzuela Millán alias "Juanito".
La gobernadora de Chihuahua recibió notificación por separado en el Palacio de Gobierno chihuahuense el mismo sábado 23. Su citatorio sí tiene fecha: Campos Galván comparecerá el miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas, en calidad de testigo, por el operativo con presencia de agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara durante mayo, en el que murieron dos agentes estadounidenses y dos elementos mexicanos. "Protegen a los delincuentes y persiguen a los que tratamos de cumplir con nuestro deber", declaró la mandataria panista al recibir la notificación. El caso es distinto al de Sinaloa, pero la FGR los procesa en paralelo y bajo la misma presión de Washington.
Sheinbaum aprieta a Morena
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo endureció el discurso interno del partido este mes. Pidió a funcionarios y políticos de Morena separarse del cargo si enfrentan señalamientos de corrupción o crimen organizado, según consignó Reuters. El mensaje llegó después de que Rocha Moya solicitara licencia el 1 de mayo y de que el alcalde Gámez Mendívil pidiera la suya horas más tarde, mientras el senador Inzunza optó por la ruta contraria desde su escaño.
La presión externa sostiene la presión interna. Estados Unidos no ha aportado pruebas adicionales al documento difundido por el fiscal Jay Clayton, según la última posición oficial de la FGR. El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, determinó el 1 de mayo que la solicitud estadounidense de detención provisional con fines de extradición "carece de fundamentos". La Cancillería sigue a la espera de la entrega del anexo probatorio.
¿Qué sigue para Rocha Moya tras la licencia?
El debate jurídico sobre la inmunidad procesal del gobernador con licencia permanece abierto. El exministro Arturo Zaldívar, hoy coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, sostiene que la licencia rompe la inmunidad porque "el fuero protege a la función, no a la persona". El constitucionalista Diego Valadés y el panista Roberto Gil Zuart consideran lo contrario: la separación temporal no equivale a renuncia y el vínculo jurídico con la gubernatura permanece, lo que bloquearía cualquier orden de detención mientras el inculpado pueda regresar al cargo.
El expediente 1:23-cr-1800 USA vs. Guzmán Salazar et al., abierto originalmente contra los hijos del Chapo, acumula así dos comparecencias confirmadas en Nueva York, ocho citatorios pendientes de fecha en México y una declaración panista agendada para esta semana. El cierre del cerco depende ahora del calendario que la FGR fije para los ocho restantes y de si el Departamento de Justicia entrega o no las pruebas que la Cancillería mexicana le exige desde principios de mayo.
