La gran reforma educativa que promete aulas menos masificadas y una atención más personalizada nace con una paradoja incómoda: puede acabar reforzando las desigualdades que pretende combatir. La bajada generalizada de ratios impulsada por el Gobierno, presentada como una medida de equidad, terminará beneficiando de forma desproporcionada a los centros con alumnado de mayor nivel socioeconómico, tanto en la red pública como en la concertada, según un informe de EsadeEcPol publicado este martes. Es el reverso silencioso de una política que, sobre el papel, parecía incuestionable.
El diagnóstico no es ideológico, sino empírico. Los centros que concentran al 25% del alumnado más acomodado absorberán más del 31% de la inversión total prevista, mientras que aquellos que escolarizan a los estudiantes más vulnerables recibirán apenas un 21,9%. La razón es tan técnica como reveladora: la reducción es lineal, pero la desigualdad de partida no lo es. Allí donde las aulas están más saturadas —habitualmente en entornos urbanos de renta media-alta— es donde más profesores habrá que contratar y más clases habrá que desdoblar.
La medida, aún en tramitación parlamentaria, plantea reducir el máximo de alumnos por aula a 22 en Primaria y 25 en Secundaria. Sobre el papel, esto implica una mejora sustancial. En la práctica, sin embargo, se traduce en una inyección de recursos que no sigue criterios de necesidad, sino de volumen. Y el volumen, en educación, está profundamente atravesado por la segregación social.
El resultado es un sistema que, sin pretenderlo, asigna más recursos a quienes menos los necesitan. En la enseñanza concertada, donde las ratios actuales son más elevadas, el impacto será aún mayor. Y no es un dato menor: el perfil socioeconómico de su alumnado es, de media, más alto que el de la red pública. La combinación de ambos factores convierte la reforma en una palanca que amplifica ventajas preexistentes.
El coste total tampoco es marginal. La bajada de ratios supondrá, al menos, 28.000 millones de euros en una década, con estimaciones que elevan la cifra real por encima de los 40.000 millones. Una inversión histórica que obliga a una pregunta incómoda: ¿se está destinando el dinero público a las políticas más eficaces?
Una medida popular, pero con escaso impacto académico
Reducir el número de alumnos por aula es una de esas políticas que gozan de amplio consenso social. Familias y docentes la perciben como una mejora directa de las condiciones educativas. Sin embargo, la evidencia acumulada en las últimas décadas cuestiona su impacto en el aprendizaje.
Estudios internacionales coinciden en que la reducción de ratios, por sí sola, apenas mejora los resultados académicos. Sí tiene efectos positivos en el bienestar del profesorado y en el clima de aula, pero no transforma de manera significativa el rendimiento de los estudiantes. Es, en términos de política pública, una medida costosa con beneficios limitados.
La paradoja se agrava al observar quiénes sí se benefician realmente de grupos más reducidos: el alumnado más vulnerable. Precisamente el colectivo que menos se verá favorecido por el diseño actual de la reforma. En otras palabras, se invierte mucho dinero en una política de impacto moderado… y además se distribuye de forma regresiva.
El peso de la segregación escolar
España arrastra uno de los niveles más altos de segregación escolar entre países desarrollados. La coexistencia de redes pública y concertada, junto con dinámicas residenciales y de elección de centro, ha configurado un mapa educativo donde el origen social pesa demasiado.
En este contexto, cualquier política universal corre el riesgo de reproducir desigualdades si no incorpora mecanismos correctores. La bajada de ratios es un ejemplo claro: al no discriminar entre contextos, refuerza las diferencias existentes.
Los barrios acomodados, con centros más demandados y aulas más llenas, serán los principales receptores de recursos. Mientras tanto, los centros de alta complejidad social —donde los desafíos educativos son mayores— recibirán menos apoyo relativo.
Alternativas más eficaces (y más justas)
Frente a este escenario, los expertos plantean alternativas basadas en la evidencia. Una de las más destacadas son las tutorías intensivas en grupos muy reducidos, dirigidas específicamente al alumnado con mayores dificultades. Este tipo de intervención ha demostrado tener un impacto significativo en el aprendizaje, especialmente en contextos vulnerables.
Otra línea de actuación pasa por incentivar al profesorado para trabajar en centros de alta complejidad, reduciendo la rotación y mejorando la estabilidad de los equipos docentes. También se propone reforzar programas ya existentes de apoyo educativo, que han mostrado resultados positivos.
El coste de estas medidas, combinadas, sería similar al de la bajada generalizada de ratios. La diferencia radica en su eficacia y en su capacidad para reducir brechas en lugar de ampliarlas.
Una decisión política con consecuencias estructurales
La reforma de las ratios no es solo una cuestión técnica: es una decisión política con implicaciones profundas sobre el modelo educativo. Apostar por una reducción universal sin priorizar a quienes más lo necesitan es, en la práctica, elegir un camino.
El debate no debería centrarse únicamente en cuántos alumnos hay en cada aula, sino en qué políticas generan más igualdad de oportunidades. Porque en educación, como en tantos otros ámbitos, no basta con invertir más: importa, sobre todo, cómo y dónde se invierte.
La promesa de aulas más pequeñas puede ser atractiva. Pero si no se corrige su sesgo de origen, corre el riesgo de convertirse en otra oportunidad perdida para construir un sistema educativo más justo. @mundiario