Chihuahua— Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social del Estado y general de División retirado, aparece como socio de la empresa Grupo Especial Mamba Negra S. de R.L. de C.V., sancionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según publicaciones periodísticas.
Al respecto, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, afirmó que el encargado del sistema penitenciario deberá responder de manera personal, al tratarse de un asunto ajeno a sus funciones dentro de la corporación.
“Debo decirlo, el señalamiento se hace a la persona, al general, por tener acciones de una empresa que supuestamente está vinculada con un cártel. Él ya aclaró ante quien publicó esa información cuál había sido su participación y cómo estuvo el tema”, expresó.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado afirmó que la relación institucional con Fernández Acosta se mantiene en el ámbito estrictamente profesional y defendió los resultados obtenidos en el sistema penitenciario estatal desde su llegada al cargo.
“Hoy podemos ver un cambio radical de lo que había antes a lo que hay ahora. Tenemos un sistema penitenciario con completa gobernabilidad, con mayor control operativo, mejores condiciones de seguridad y mejores condiciones laborales”, declaró.
Respecto de las inconsistencias señaladas en las declaraciones patrimoniales del funcionario estatal y la omisión de empresas en sus reportes públicos, Loya indicó que corresponderá al propio general atender cualquier procedimiento administrativo derivado de esos señalamientos.
El secretario señaló que, según le informó Fernández Acosta, ya existió una aclaración previa con los autores del reportaje donde se expusieron los presuntos vínculos de la empresa Grupo Especial Mamba Negra con operadores financieros relacionados con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la publicación de El Universal, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) identificó a la empresa Grupo Especial Mamba Negra S. de R.L. de C.V. como una pieza estratégica dentro de una red de lavado de dinero liderada por Armando de Jesús Ojeda Avilés.
Según información obtenida por dicho medio de comunicación del Registro Público de Comercio, el funcionario estatal formalizó su ingreso a la sociedad en febrero de 2022 mediante una cesión de acciones por parte de Jesús Alfredo Orozco Beltrán.
A partir de esa fecha, Fernández Acosta adquirió el 19% del capital social, y asumió la presidencia del Consejo de Gerentes, posición que le otorga facultades legales para administrar y dirigir los destinos de la empresa sancionada.
En esta misma sociedad participa Liliana Orozco Romero, quien también ha sido señalada por las autoridades estadounidenses como parte integral de la estructura financiera del grupo criminal.
Al ser cuestionado sobre estos nexos, el subsecretario ofreció a dicho periódico la versión de que fue objeto de una estafa.
Fernández Acosta alegó que la empresa le fue presentada como un negocio legítimo de seguridad y que, tras detectar irregularidades, intentó desvincularse legalmente ante notario, un trámite que, según su testimonio, no pudo concretarse por la ausencia física de los otros socios. No obstante, el funcionario admitió desconocer que su nombre continúa figurando activamente en los registros públicos de la compañía.
De acuerdo con la información divulgada ayer, el general en retiro ha omitido reportar su participación en ésta y otras cuatro empresas de seguridad y servicios en sus declaraciones presentadas ante la Plataforma Nacional de Transparencia desde el año 2021.