La aparición de una agenda manuscrita atribuida al empresario Julio Martínez Martínez, considerado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como uno de los principales colaboradores del entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha añadido una nueva dimensión política y judicial al denominado “caso Plus Ultra”.
Las anotaciones, incorporadas ya al sumario, apuntan hacia un contrato público relacionado con la multinacional china Huawei adjudicado por ADIF, organismo dependiente del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente.
Según los informes policiales incorporados a la investigación, la UDEF intervino en diciembre una agenda negra con la serigrafía “Plus Ultra, Líneas Aéreas” durante un registro efectuado en el entorno de Julio Martínez. En una de sus páginas aparecían varias anotaciones manuscritas que ahora concentran buena parte del interés de los investigadores: “Huawei -> 100 fin de mes” y “400 contrato”.
La Policía considera relevante que esas cifras coincidan con una licitación publicada por ADIF para el suministro de equipamiento Huawei destinado a la red ferroviaria española. El contrato tenía un valor estimado cercano a los 400.000 euros y estaba orientado a la renovación de routers y switches ya instalados en infraestructuras ferroviarias.
La coincidencia entre la cifra anotada y el importe del expediente público ha llevado a los investigadores a explorar si las referencias podrían estar relacionadas con presuntas comisiones o pagos vinculados al proceso de adjudicación.
Qué contrato se investiga exactamente
El origen documental de la sospecha es el expediente público 6.25/28510.0246, tramitado por ADIF. Licitado inicialmente a finales de diciembre de 2025, el contrato fue formalizado oficialmente y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 23 de abril de 2026.
El expediente señalado corresponde a un concurso público gestionado por ADIF para el “suministro de equipamiento Huawei para la red de datos ferroviaria”. Aunque mediáticamente se ha presentado como un contrato directo con Huawei, el organismo ferroviario sostiene que la adjudicación se realizó a través de un proveedor de las piezas y mediante un procedimiento abierto y reglado.
ADIF insiste en varios puntos clave: la adjudicación se resolvió únicamente por el criterio del precio más bajo, no implicaba incorporar nueva tecnología estratégica de Huawei y el objetivo era mantener sistemas ya instalados en la red ferroviaria. Asimismo, la entidad aclara que el importe difundido corresponde al valor máximo estimado, incluyendo posibles prórrogas.Desde el gestor ferroviario también recalcan que el contrato era un “pedido abierto”, lo que significa que no necesariamente debía ejecutarse la totalidad del presupuesto previsto. Sin embargo, la investigación judicial no se centra únicamente en la legalidad formal del concurso, sino en la posible existencia de influencias externas para favorecer determinados intereses empresariales.
El papel de Huawei y los pagos bajo sospecha
La presencia de Huawei en infraestructuras estratégicas europeas lleva años generando controversia internacional. Estados Unidos y diversos organismos europeos (como la propia UE) han alertado reiteradamente sobre los riesgos de seguridad asociados al fabricante chino debido a sus supuestos vínculos con el aparato estatal de Pekín.
Pese a ello, varios países europeos —entre ellos España— han seguido utilizando componentes de Huawei en determinados sistemas tecnológicos y de telecomunicaciones.
En este contexto, la investigación judicial adquiere una dimensión geopolítica adicional: los investigadores tratan de esclarecer si el entorno de Zapatero pudo actuar como intermediario para facilitar contratos públicos a la multinacional china pese al creciente clima de desconfianza occidental hacia la compañía.
La UDEF considera especialmente relevante la conexión financiera entre empresas vinculadas a Huawei y sociedades relacionadas con el entorno familiar del expresidente.
Según los informes policiales, la empresa Mimo Advisors SL habría transferido más de 100.000 euros a cuentas vinculadas a Zapatero, mientras que la agencia Whathefav SL, administrada por las hijas del expresidente, recibió pagos de Huawei por servicios de marketing. Asimismo, en las investigaciones aparecen aportaciones al think tank Gate Center, una entidad estrechamente relacionada con el entorno político e intelectual del exdirigente socialista.La hipótesis policial es que determinados contratos privados podrían haber servido para canalizar pagos procedentes de empresas interesadas en mantener o ampliar relaciones institucionales con las administraciones españolas. No obstante, hasta el momento no existe resolución judicial firme que concluya que esos pagos constituyeran delitos.
La figura de Julio Martínez y las sospechas de la UDEF
Uno de los elementos que más peso tienen para los investigadores es el papel de Julio Martínez Martínez, descrito en algunos informes como pieza clave de la supuesta estructura de intermediación. Durante los registros efectuados por la Policía se hallaron grandes cantidades de dinero en efectivo ocultas en distintos lugares, sobres con caracteres chinos, dispositivos electrónicos, documentación societaria y la citada agenda manuscrita.La UDEF interpreta que algunas de las anotaciones localizadas podrían reflejar operaciones vinculadas al cobro de comisiones relacionadas con contratos públicos o negocios internacionales. Sin embargo, la interpretación de esas notas sigue siendo objeto de análisis judicial y pericial. La cifra “100” escrita junto a la referencia “Huawei” aún no tiene una explicación concluyente.
Desde el entorno del Ministerio de Óscar Puente se insiste en que el expediente administrativo se ajustó completamente a la normativa de contratación pública y que no existió intervención política en el proceso. El argumento central de ADIF es técnico: la red ferroviaria ya utilizaba equipamiento Huawei y necesitaba piezas compatibles para mantener la operatividad del sistema. @mundiario