La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha abierto una grieta incómoda dentro del bloque que sostiene a Pedro Sánchez. Pero, lejos de provocar una ruptura abrupta de la mayoría parlamentaria, la reacción de los socios del Ejecutivo está siendo más compleja y matizada. Los partidos de izquierda cierran filas con la continuidad de la legislatura mientras levantan un cortafuegos alrededor del exlíder socialista.
El equilibrio que intentan construir los aliados del PSOE refleja hasta qué punto el caso Plus Ultra amenaza con alterar la estabilidad de la legislatura sin llegar, por ahora, a hacerla saltar por los aires. La mayoría de fuerzas que apoyaron la investidura comparten un diagnóstico común en que las informaciones judiciales conocidas son graves, el deterioro político es evidente y Zapatero debe dar “explicaciones”. Sin embargo, ninguna de ellas —a excepción del PNV o Coalición Canaria— considera que haya llegado todavía el momento de provocar un adelanto electoral o derribar al Ejecutivo.
La estrategia predominante consiste en separar el destino judicial y político de Zapatero de la supervivencia del Gobierno de coalición.
La posición de Sumar resume bien el delicado equilibrio de la izquierda alternativa. La formación liderada por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz necesita preservar la estabilidad del Gobierno porque su propio proyecto político depende de la continuidad de la coalición. Pero al mismo tiempo necesita marcar distancia frente a cualquier sospecha de corrupción que pueda lastrar su identidad política.
Por eso la portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, insistió en que “Zapatero no es ministro de este Gobierno”. Desde el partido de la también ministra de Trabajo creen que el caso afecta a un expresidente socialista, no al actual Consejo de Ministros. La coalición intenta así evitar que el escándalo contamine directamente a los ministros de Sumar y preserve su capacidad de seguir defendiendo una agenda progresista basada en reformas pendientes, como la regulación del mercado de la vivienda, la reforma de la llamada ley mordaza o nuevas medidas laborales.
Sin embargo, la incomodidad es palmaria. La gravedad de los indicios judiciales conocidos ha obligado a dirigentes de Sumar a endurecer el tono. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, reclamó públicamente que Zapatero dé explicaciones “cuanto antes”, mientras otros sectores del espacio confederal defienden reformar el estatuto de los expresidentes para impedir que puedan actuar como lobistas tras abandonar el cargo.
La izquierda mantiene el respaldo a Sánchez
Dentro del universo de Sumar, las posiciones más críticas han llegado desde Compromís y Más Madrid, donde existe mayor libertad para marcar perfil propio al no depender directamente de la estructura gubernamental. El diputado Alberto Ibáñez ha planteado abiertamente la necesidad de revisar el papel institucional y económico de los expresidentes, defendiendo que no debería ser compatible recibir asignaciones públicas y desarrollar actividades de influencia privada. Su intervención no se limitó a Zapatero, si no que arremetió con dureza contra todos los exmandatarios, en particular el socialista Felipe González y el popular José María Aznar, a quien acusó de tener “mucho morro” para dar “lecciones de ética pública” y pidió que “Háganos un favor y cállese”.
Desde Más Madrid, la diputada Tesh Sidi también trazó una línea roja al indicar que el problema sería distinto si aparecieran indicios que afectaran directamente al actual Gobierno. Mientras eso no ocurra, consideran que la legislatura todavía tiene recorrido.
La posición del Bloque Nacionalista Galego refleja otro tipo de cálculo político. Los nacionalistas gallegos mantienen una postura de “tolerancia cero” con la corrupción, pero subordinan cualquier decisión sobre la estabilidad del Ejecutivo al cumplimiento de los acuerdos pendientes con Galicia. Su diputado, Néstor Rego, considera que el Gobierno “necesita algo más de tiempo” y rechaza la idea de que el PP represente una alternativa regeneradora.
La excepción más clara dentro del espacio de la izquierda alternativa es Podemos. Su líder, Ione Belarra, considera que la legislatura está “muerta” desde hace tiempo y vincula directamente la crisis actual con un agotamiento más acuciante. Aun así, tampoco los morados han llegado a reclamar de forma explícita elecciones anticipadas. El partido parece más interesado en capitalizar el desgaste del PSOE desde fuera del Gobierno que en precipitar un escenario electoral incierto. @mundiario