La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del caso Plus Ultra ha reconfigurado el tablero político y ha abierto un escenario de desgaste permanente para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intensifica la presión sobre los socios parlamentarios del PSOE y les acusa de sostener “al Gobierno más sucio de la democracia”, la Moncloa responde con una estrategia de resistencia política y repliegue institucional, mantener la legislatura viva hasta 2027, defender la presunción de inocencia y evitar cualquier gesto que pueda interpretarse como debilidad.
La batalla ya no es únicamente judicial ni parlamentaria. Es, sobre todo, una disputa por el relato político de la recta final de la legislatura. La ofensiva del Partido Popular ha cambiado de fase. Hasta ahora, la estrategia de Feijóo consistía en desgastar al Ejecutivo vinculando al entorno presidencial con distintas investigaciones judiciales. Pero la aparición de Zapatero en el foco de la Audiencia Nacional ha elevado el tono de la oposición y ha permitido al PP ampliar el marco político de la crisis.
Desde Sevilla, Feijóo evitó comprometerse con una moción de censura inmediata, consciente de que carece de los apoyos suficientes. Sin embargo, sí lanzó un mensaje calculado hacia Junts per Catalunya y Partido Nacionalista Vasco, si continúan respaldando al Ejecutivo, quedarán asociados al deterioro político del Gobierno.
El líder popular sabe que una moción de censura sin apoyos sería un gesto estéril y posiblemente contraproducente. Por eso intenta desplazar el foco hacia los socios parlamentarios de Sánchez, obligándoles a explicar por qué siguen sosteniendo al Ejecutivo pese a la creciente presión judicial y mediática. La estrategia implica erosionar la imagen de estabilidad que la Moncloa intenta proyectar y, quizás, provocar fisuras en la mayoría de investidura sin necesidad de asumir riesgos parlamentarios inmediatos.
La Moncloa opta por la resistencia
Sin embargo, la presión del PP choca con una realidad parlamentaria compleja. Ni Junts ni el PNV parecen dispuestos, al menos por ahora, a facilitar una alternativa encabezada por Feijóo y apoyada por Vox. Aunque el presidente de los jeltzales, Aitor Esteban, agitó el tablero reclamando elecciones anticipadas antes de final de año, los dirigentes peneuvistas han descartado apoyar una moción de censura. El mismo mensaje ha llegado desde los independentistas, que mantienen sus críticas constantes a Sánchez, pero evitan abrir la puerta a una operación parlamentaria que pudiera fortalecer a la derecha española.
La posición de ambos partidos refleja el dilema de la legislatura. Aumentar la presión sobre Sánchez sin provocar un adelanto electoral que podría alterar sus propios equilibrios territoriales y estratégicos. En realidad, tanto Junts como el PNV parecen apostar por una fórmula intermedia de elevar el coste político del apoyo al Gobierno mientras conservan capacidad de influencia sobre el Ejecutivo.
Frente a la ofensiva política y judicial, el Gobierno ha optado por una línea de resistencia calculada. El mensaje oficial es que no habrá elecciones anticipadas. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, defendió la continuidad de la legislatura insistiendo en la estabilidad institucional y en los logros económicos acumulados durante los últimos años. El ministro de Transformación Digital Óscar López reforzó esa tesis asegurando que el Ejecutivo seguirá “peleando” para aprobar leyes y mantener viva la agenda reformista.
La estrategia del Gobierno pasa por transmitir una idea de normalidad institucional pese al ruido político. La aprobación del proyecto de ley orgánica sobre Inteligencia Artificial o la continuidad de la agenda internacional de Sánchez forman parte de esa escenificación. El problema para la Moncloa es que la presión judicial ya no afecta únicamente al entorno presidencial inmediato, sino también a una figura histórica del socialismo español como Zapatero. Y eso complica la capacidad del Ejecutivo para encapsular políticamente el problema.
El silencio medido sobre Zapatero
Uno de los síntomas más reveladores de la crisis es el cambio de tono del Gobierno respecto al caso Zapatero. Mientras el Ejecutivo mantiene una defensa a ultranza de Begoña Gómez, en relación con la investigación que dirige el juez Juan Carlos Peinado que no goza de credibilidad en La Moncloa, el discurso sobre Zapatero se ha vuelto mucho más prudente.
La Moncloa evita valorar el contenido del sumario y se limita a invocar la presunción de inocencia y el respeto a la Justicia. Ese contraste no ha pasado desapercibido para la oposición, que acusa al Ejecutivo de aplicar criterios políticos distintos según el caso.
La incomodidad responde también al peso simbólico de Zapatero dentro del PSOE. Durante años, el expresidente ha actuado como referente ideológico y mediador político, especialmente en Venezuela y en la interlocución con sectores de la izquierda internacional. Su imputación golpea directamente la narrativa moral que el PSOE había intentado construir frente a la corrupción asociada históricamente al PP. @mundiario
