La legislatura española atraviesa uno de sus momentos más delicados desde la investidura de Pedro Sánchez. Las investigaciones judiciales vinculadas al caso Plus Ultra y la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero han intensificado la ofensiva política del Partido Popular y de Vox, que buscan convertir el desgaste judicial en una crisis definitiva de gobernabilidad. Sin embargo, la aritmética parlamentaria vuelve a demostrar que la política española no se mueve únicamente por afinidades ideológicas, sino también por cálculos estratégicos y equilibrios territoriales.
El PP ha intentado aprovechar el creciente malestar de algunos socios parlamentarios del Gobierno para abrir el debate sobre una posible moción de censura. Pero entre reclamar explicaciones o exigir elecciones y entregar el poder a una mayoría apoyada por Vox existe, para partidos como Junts o el PNV, una distancia todavía insalvable.
La posición de Junts resulta especialmente trascendental. La formación de Carles Puigdemont ha endurecido progresivamente su discurso hacia el PSOE en los últimos meses y mantiene una relación cada vez más transaccional con el Ejecutivo. Sin embargo, su dirección insiste en que una moción de censura “no está sobre la mesa”. Los posconvergentes quieren mantener intacta su capacidad de influencia en Madrid sin aparecer alineado ni con el bloque socialista ni con la derecha española.
La formación independentista catalana sabe que la actual correlación parlamentaria le otorga una centralidad política difícilmente reeditable en caso de elecciones anticipadas. Sus siete diputados son decisivos para múltiples votaciones y le permiten negociar concesiones, reformas o acuerdos concretos con el Ejecutivo. Una moción de censura impulsada por Feijóo no sólo implicaría facilitar un Gobierno sustentado por Vox, sino también perder parte de esa posición privilegiada en el tablero político estatal.
Además, en Junts persiste una memoria política muy concreta respecto al PP. El recuerdo del conflicto del 1-O, la aplicación del artículo 155 y la alianza entre populares y Vox dificulta enormemente cualquier acercamiento estratégico. De ahí que la formación insista en diferenciar dos planos. Una cosa es exigir transparencia y explicaciones al PSOE y otra muy distinta colaborar en una operación política encabezada por quienes consideran adversarios históricos del independentismo catalán.
El PP no ve agua en la piscina
El PNV, por su parte, ha optado por una posición distinta, aunque igualmente no termina por dar el paso. Los nacionalistas vascos sí consideran que la legislatura entra en una fase de agotamiento y han pedido abiertamente elecciones antes de 2027. Pero esa presión no se traduce tampoco en apoyo a una moción de censura. El partido jeltzale intenta así marcar distancia con la crisis que afecta al PSOE y, al mismo tiempo, evitar aparecer como responsable de una hipotética llegada de Vox al Gobierno.
La estrategia jeltzale refleja el tradicional pragmatismo del PNV. El partido busca preservar su perfil institucional y moderado mientras mantiene abiertos todos los canales de negociación posibles. Pedir elecciones le permite visualizar incomodidad ante el deterioro político del Ejecutivo, pero sin asumir el coste político de precipitar un cambio de Gobierno apoyado por la extrema derecha.
ERC comparte parte de esa lógica. Los republicanos reclaman explicaciones sobre el caso Zapatero y expresan preocupación por las informaciones conocidas, pero mantienen el respaldo a la continuidad de la legislatura mientras el Ejecutivo cumpla los acuerdos de investidura. Su posición vuelve a evidenciar cómo el independentismo catalán distingue entre desgaste político del PSOE y viabilidad de la legislatura.
En realidad, el escenario actual refleja un fenómeno central de la política española contemporánea, la mayoría de socios parlamentarios del Gobierno no sostienen necesariamente al PSOE por afinidad ideológica plena, sino porque consideran más útil o menos perjudicial mantener la actual correlación de fuerzas que abrir la puerta a un Ejecutivo de PP y Vox.
Feijóo pone presión sobre los socios
Ese cálculo también explica la incomodidad creciente dentro del bloque de investidura. Los Comuns, Sumar o algunos aliados territoriales han comenzado a endurecer el tono y a reclamar explicaciones públicas más contundentes sobre el papel de Zapatero. Pero incluso quienes se muestran más críticos mantienen como línea roja clara la implicación directa del actual Gobierno o la comprobación de financiación irregular del PSOE.
La situación deja además una fotografía política compleja para Alberto Núñez Feijóo. El líder popular intenta trasladar presión a Junts y al PNV para obligarles a retratarse, pero sabe que una moción de censura sin garantías de éxito podría terminar reforzando precisamente a Sánchez. El PP necesita que los socios del Gobierno rompan definitivamente con el Ejecutivo, pero esos partidos siguen considerando que aún obtienen más capacidad de influencia manteniendo la legislatura viva que precipitando unas elecciones inciertas.
Mientras tanto, Sánchez gana tiempo. Aunque la presión política y judicial aumenta, la fragmentación parlamentaria sigue actuando como un escudo parcial para el Gobierno. Sus socios elevan el tono, toman distancia y exigen explicaciones, pero ninguno parece dispuesto todavía a asumir las consecuencias políticas de derribar el Ejecutivo.
La paradoja de la legislatura es cada vez más evidente, el Gobierno aparece debilitado políticamente, cuestionado judicialmente y sin una mayoría sólida para impulsar grandes reformas, pero la ausencia de una alternativa parlamentaria viable continúa sosteniéndolo. Y en ese equilibrio inestable, Junts y el PNV siguen jugando un papel decisivo, combinando presión y cautela mientras intentan maximizar su influencia en un escenario político cada vez más tensionado. @mundiario