La libertad de expresión se encuentra bajo asedio; no es nuevo y, de hecho, lo más pernicioso no viene propiamente de la política nacional, sino de acciones delictivas en el ámbito local y no siempre aluden al crimen organizado convencional: con frecuencia tienen como origen la corrupción y la política en el ámbito municipal y estatal. El periodismo desde hace tiempo se ha vuelto una actividad de alto riesgo y más para fotógrafos, periodistas digitales y reporteros en el espacio local, aunque no se pueden ignorar casos como el de Ciro Gómez Leyva o la amenaza contra Azucena Uresti, ambos conductores líderes en la radio nacional.
Todo gobierno resiente la crítica o el escrutinio que hacen los medios de comunicación. Como ninguno, el de López Obrador, quien se autodeclaró como el presidente más observado y señalado por los medios de comunicación, según él, porque su administración eliminó los recursos que, sobre y debajo de la mesa, les daban a medios y a periodistas. Es discutible que el tabasqueño haya sido el presidente más atacado por la prensa; la realidad es que los medios electrónicos con mayor presencia han sido generosos con el obradorismo, particularmente en la cobertura noticiosa. Casi todos los espacios de deliberación o análisis grupal se han “equilibrado”, mientras que buena parte de la prensa ha transitado a la autocensura o, de plano, depuran sus secciones editoriales a manera de obedecer o complacer al gobierno.