Tijuana, BC.- Este miércoles 27 de mayo, la síndica procuradora municipal de Tijuana, Teresita de Jesús Balderas Beltrán, compareció ante la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) por dos denuncias que presentó relacionadas con presuntos actos de violencia política en razón de género.
Este día estamos presentándonos ante la Fiscalía, derivado de dos denuncias que su servidora presentó”, declaró, al precisar que los expedientes tienen entre cuatro meses y un año de antigüedad.
Explicó que los casos corresponden a dos personas identificadas como Viridiana N. y Edoardo N., y que el proceso incluye la revisión de notificaciones emitidas por la autoridad ministerial.
Señaló que en abril se dictaron medidas de protección que, aseguró, no habrían sido respetadas por los señalados, lo que derivó en nuevos señalamientos incorporados a la investigación.
Ellos ya les notificaron las medidas de protección de su servidora”, afirmó, al detallar que estas incluían la restricción de acercamiento y la abstención de emitir declaraciones en su contra de esta naturaleza.
Sostuvo que las denuncias derivan de expresiones que, dijo, constituyen violencia política en razón de género, y que incluso han derivado en señalamientos sobre su vida personal y familiar.
Afirmó que, aunque la crítica forma parte del servicio público, existen límites cuando se trata de acusaciones sin sustento.
Cuando estos hechos son señalados con este dolo y esta falta de fundamento e irresponsabilidad… creo que ahí es donde es necesario también que nosotros como servidores públicos… lo señalemos”, dijo.
Sobre el avance del caso, explicó que ya existen medidas de protección notificadas por la Fiscalía y que el proceso seguirá su curso.
En el caso, los señalados como Viridiana N. y Edoardo N. habrían sido denunciados por la síndica procuradora por presuntas expresiones y publicaciones en redes sociales consideradas por la funcionaria como violencia política en razón de género, al incluir críticas a su desempeño y señalamientos sobre su vida personal. Los hechos forman parte de una investigación en curso, por lo que no existe una determinación judicial sobre los señalamientos.