El Gobierno atraviesa uno de sus momentos más delicados desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. La acumulación de investigaciones judiciales que afectan al entorno del PSOE y, especialmente, la irrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede federal socialista de Ferraz han desencadenado una nueva fase de acelerado desgaste marcada por la inquietud de los socios parlamentarios da La Moncloa. Nadie ha dado todavía el paso de romper con el Ejecutivo, pero el clima de desconfianza se ha intensificado de forma evidente y los partidos que sostienen la mayoría de investidura empiezan a delimitar públicamente sus condiciones de supervivencia política.

La principal línea roja que emerge con claridad es la posibilidad de que las investigaciones judiciales acrediten una posible financiación irregular del PSOE. Hasta ahora, esa hipótesis forma parte de las diligencias abiertas por la Audiencia Nacional. Sin embargo, el mero hecho de que algunos socios del Ejecutivo verbalicen ya ese escenario como un límite político revela la magnitud de la erosión que atraviesa el Gobierno.

La jornada parlamentaria estuvo marcada por el impacto político y psicológico de la entrada de la UCO en Ferraz para recabar documentación relacionada con la presunta trama conocida como las “cloacas del PSOE”, una investigación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El caso se centra en las supuestas maniobras impulsadas por personas vinculadas al entorno socialista para desacreditar a jueces, fiscales y mandos policiales que investigaban causas sensibles para el partido y para el Gobierno.

La imputación del exsecretario de Organización Santos Cerdán, de la gerente del PSOE Ana María Fuentes, del histórico dirigente socialista Gaspar Zarrías y de la exmilitante Leire Díez ha elevado aún más la presión sobre la dirección socialista. La oposición considera que el Ejecutivo se encuentra en una situación terminal, mientras que los aliados parlamentarios intentan evitar aparecer como responsables directos de una eventual caída del Gobierno sin renunciar a marcar distancias.

En ese contexto, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, fue uno de los primeros en verbalizar una advertencia política de gran calado. Aunque calificó la actuación judicial como una “anomalía terrible”, dejó claro que, si se demostrase judicialmente una financiación ilegal del PSOE, su partido pediría elecciones generales. La afirmación tiene especial relevancia porque ERC ha sido uno de los socios más determinantes para la estabilidad parlamentaria de Sánchez desde 2020.

Las palabras de Rufián reflejan el equilibrio complejo que mantienen muchos aliados del Gobierno. Ninguno quiere precipitar un adelanto electoral que pueda abrir la puerta a una mayoría del PP y Vox, pero al mismo tiempo todos intentan protegerse del desgaste político que supondría aparecer vinculados a un posible escándalo de corrupción estructural.

Yolanda Díaz dice que  no le “gusta nada”

En Sumar la incomodidad también empieza a ser visible. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reconoció públicamente que no le “gusta nada” lo que está observando en la política española, una frase interpretada en el Congreso como una señal inequívoca de preocupación interna. Aunque el socio minoritario de la coalición mantiene su apoyo al Ejecutivo, distintos dirigentes de la plataforma de izquierdas empiezan a cuestionar la estrategia de silencio y contención adoptada por el PSOE.

El dirigente de Izquierda Unida Enrique Santiago fue todavía más lejos al insistir en que la financiación irregular constituiría también una frontera política infranqueable para seguir formando parte del Gobierno. Al mismo tiempo, trató de enmarcar las investigaciones dentro de una supuesta estrategia de desestabilización impulsada desde sectores políticos, judiciales y mediáticos de la derecha. Esa preocupación interna y denuncia de una ofensiva política resume bien las tensiones que atraviesan actualmente al espacio de la izquierda gubernamental.

Mientras tanto, el Partido Nacionalista Vasco mantiene una posición ambigua pero cada vez más distante. Tras haber pedido recientemente un adelanto electoral, los nacionalistas vascos rechazaron respaldar cualquier movimiento inmediato del PP para derribar al Gobierno, aunque aprovecharon para desafiar a Alberto Núñez Feijóo a presentar una moción de censura si considera que existen razones suficientes. La portavoz del PNV en el Senado, Estefanía Beltrán de Heredia, criticó duramente al Partido Popular por utilizar lo que definió como “circos mediáticos” sin atreverse a activar realmente un relevo parlamentario.

La posición del PNV resulta especialmente significativa porque históricamente ha actuado como uno de los actores más pragmáticos del tablero político español. Sus movimientos suelen interpretarse como un termómetro de estabilidad institucional y, aunque todavía no han roto con el Ejecutivo, el tono empleado en los últimos días evidencia un deterioro creciente de la confianza.

Junts mantiene la equidistancia con el PP

Desde Junts per Catalunya, la portavoz parlamentaria Míriam Nogueras descartó que exista una operación en marcha para apoyar una moción de censura, pero reclamó a Pedro Sánchez que someta su continuidad política a una cuestión de confianza. Los posconvergentes consideran que el presidente debe tomar la iniciativa y no esperar a que sean otros quienes decidan el futuro de la legislatura.

La formación independentista catalana también intenta evitar que el Partido Popular sitúe sobre sus hombros la responsabilidad de sostener o derribar al Gobierno. En ese sentido, Junts mantiene un equilibrio en el que intenta aumentar la presión sobre el PSOE mientras evita alinearse con la derecha española en una operación parlamentaria conjunta.

En paralelo, Podemos ha optado por endurecer todavía más el discurso. Su líder, Ione Belarra, considera que la situación del Ejecutivo es “absolutamente insostenible” y sostiene que el problema político ya no afecta únicamente a determinadas personas, sino al propio PSOE como organización. Belarra intenta situar a Podemos fuera del desgaste institucional del bloque progresista y recuperar un discurso de confrontación con el bipartidismo que remite a los orígenes del 15-M.

La suma de todas estas posiciones dibuja un escenario político extremadamente inestable. Aunque ninguno de los socios parece dispuesto todavía a precipitar la caída inmediata del Gobierno, el deterioro de la confianza es evidente y cada nueva revelación judicial aumenta la presión sobre la mayoría parlamentaria.

El PSOE, por su parte, intenta transmitir serenidad institucional y mantener la idea de continuidad. La dirección socialista insiste en que colaborará plenamente con la Justicia y rechaza cualquier paralelismo con los grandes escándalos de corrupción que históricamente afectaron al Partido Popular. Sin embargo, el impacto político de las imágenes de la UCO entrando en Ferraz ha resultado demoledor desde el punto de vista simbólico. @mundiario