La entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede federal del PSOE ha provocado una de las ofensivas políticas más duras de la oposición contra el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios. El Partido Popular ha intensificado su estrategia de desgaste exigiendo a PNV, Junts y al resto de aliados del Ejecutivo que rompan con el presidente, mientras Vox reclama directamente “detener y juzgar” a los responsables de la presunta trama investigada por la Audiencia Nacional.
La imagen de agentes de la UCO entrando en la sede socialista de Ferraz para requerir documentación vinculada a la investigación sobre las llamadas “cloacas del PSOE” ha desencadenado una reacción furibunda, pero coordinada, proveniente del PP. Alberto Núñez Feijóo aprovechó el impacto político y psicológico de la operación para elevar el tono contra el Gobierno y, sobre todo, contra los partidos que sostienen la mayoría parlamentaria de Sánchez.
El líder del PP definió la situación como “agónica” y aseguró que el ambiente político es ya “irrespirable”. Su intervención improvisada en los pasillos del Congreso reflejó un intento claro de convertir el avance judicial de la investigación en un punto de inflexión político para la legislatura. Más que centrar exclusivamente los ataques sobre el PSOE, Feijóo dirigió buena parte de su mensaje a los socios parlamentarios del Ejecutivo, a quienes responsabilizó de permitir la continuidad de un Gobierno cercado por investigaciones judiciales.
El objetivo de Génova sigue siendo trasladar la presión desde La Moncloa hacia los grupos que hacen posible la supervivencia parlamentaria del Ejecutivo. Los populares consideran que el desgaste judicial y político del PSOE solo puede traducirse en un cambio de escenario si PNV, Junts o los socios minoritarios deciden retirar su apoyo al Gobierno. De ahí que Feijóo insistiera reiteradamente en reclamar elecciones anticipadas y en pedir públicamente a esos partidos que “digan que esto se acabó”.
La dureza verbal utilizada por los populares revela además un cambio de fase en la oposición parlamentaria. Expresiones como “tragan con un estercolero”, “son cómplices” o “protegen para seguir saqueando España” marcaron las intervenciones de numerosos diputados del PP durante la sesión de control. El partido busca consolidar el relato de que la continuidad del Ejecutivo no depende ya únicamente de Sánchez, sino de una red de apoyos parlamentarios que, según los populares, habrían asumido el coste político y moral de sostenerlo.
PNV y Junts evitan votar junto al PP en el Senado
Sin embargo, la ofensiva del PP también está encontrando resistencias y contradicciones. Aunque Feijóo ha asegurado en la última semana que hará “todo lo posible” para lograr un cambio de Gobierno en España, sigue sin disponer de los apoyos necesarios para presentar una moción de censura viable en el Congreso. Esa limitación parlamentaria explica parte de la estrategia discursiva desplegada estos días después de que reventara también la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra. El PP se limita a aumentar la presión pública sobre los socios sin activar todavía un mecanismo institucional que previsiblemente fracasaría.
El debate celebrado en el Senado evidenció precisamente esa complejidad política. El PP logró aprobar una moción de reprobación al Ejecutivo con el apoyo de Vox y UPN, pero no consiguió que PNV ni Junts se sumaran a la ofensiva. Ambas formaciones optaron por la abstención, manteniendo así una posición ambigua que refleja tanto su distancia creciente con el Gobierno como sus profundas diferencias con el bloque de la derecha.
Especialmente significativa fue la intervención de la portavoz del PNV en el Senado, Estefanía Beltrán de Heredia, quien acusó al PP de utilizar “circus mediáticos” y retó directamente a Feijóo a presentar una moción de censura si realmente considera que existen motivos suficientes. El mensaje del PNV fue claro al indicar que, aunque los nacionalistas vascos han endurecido sus críticas al Ejecutivo y han llegado a pedir elecciones antes de final de año, siguen rechazando cualquier alternativa que implique gobernar junto a Vox.
Junts, por su parte, mantuvo una posición igualmente calculada. Su portavoz en el Senado, Eduard Pujol, evitó cerrar completamente la puerta a una futura ruptura con el Gobierno, pero aprovechó el debate para cargar también contra el PP y recordar las diferencias históricas entre el independentismo catalán y la derecha española. La formación de Carles Puigdemont trata así de preservar capacidad de maniobra sin aparecer subordinada a ninguno de los bloques.
Abascal clama por “detenerlos y juzgarlos”
Mientras tanto, Vox ha aprovechado la situación para elevar aún más el tono político y judicial. Santiago Abascal habló directamente de una “mafia” vinculada al entorno de Sánchez y Zapatero y reclamó “detenerlos y juzgarlos”. Además, la formación ultra ha registrado una petición de comisión de investigación en el Senado sobre las presuntas tramas de financiación irregular del PSOE y el supuesto uso de estructuras del Estado en beneficio del partido.
Toda esta escalada política se produce en un contexto extremadamente delicado para el Gobierno. La investigación de la Audiencia Nacional dirigida por el juez Santiago Pedraz no solo afecta ya a antiguos cargos socialistas o colaboradores periféricos, sino que se adentra progresivamente en estructuras internas del partido y en figuras que formaron parte del núcleo político más próximo a Sánchez. La petición de documentación, correos electrónicos, registros de visitas y movimientos económicos incrementa la presión institucional y alimenta el desgaste político del Ejecutivo.
No obstante, el escenario sigue abierto. A pesar de la contundencia del discurso del PP y del evidente deterioro político del Gobierno, los socios parlamentarios mantienen por ahora una posición de cautela. Ninguno parece dispuesto, al menos de momento, a precipitar una ruptura definitiva sin medir antes las consecuencias políticas y electorales de un eventual cambio de ciclo. @mundiario