La decisión de la Audiencia Nacional de requerir documentación sobre la campaña electoral del PSC en las elecciones catalanas de 2024 supone un nuevo salto cualitativo en la investigación del denominado ‘caso Leire’, una causa que ya no se limita exclusivamente a las actividades atribuidas a la exmilitante socialista Leire Díez, sino que comienza a proyectarse sobre estructuras internas del PSOE y sobre operaciones políticas de enorme relevancia institucional. Entre ellas, la campaña que llevó a Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat tras el ciclo político que cerró la etapa del procés independentista.

El movimiento judicial tiene una enorme carga política, aunque jurídicamente conviene distinguir con precisión qué investiga exactamente el magistrado Santiago Pedraz y qué no. El auto conocido este miércoles no concluye que la campaña del PSC estuviera financiada irregularmente ni que existan indicios directos contra Illa o contra la dirección de los socialistas catalanes. Lo que hace el juez es reclamar documentación económica y administrativa completa relacionada con aquella campaña electoral, incluyendo contratos, facturas, gastos de propaganda, estados contables y la información remitida tanto a la Sindicatura de Comptes como al Tribunal de Cuentas.

La solicitud se produce en el marco de una investigación más amplia en la que la Audiencia Nacional analiza la existencia de una supuesta estructura organizada desde entornos vinculados al PSOE destinada, según el auto, a “desestabilizar” o neutralizar procedimientos judiciales y actuaciones policiales que afectaban al partido y al Gobierno. Esa hipótesis judicial ha derivado ya en la imputación de varias personas relevantes, entre ellas el exsecretario de Organización Santos Cerdán, la gerente del PSOE Ana Fuentes, el exdirigente andaluz Gaspar Zarrías y el empresario Javier Pérez Dolset.

La relevancia de la documentación requerida sobre la campaña catalana reside menos en el contenido contable en sí mismo que en el contexto temporal que describe el magistrado. Según el auto, las actuaciones investigadas comenzaron a principios de 2024, precisamente en el periodo previo a las elecciones catalanas. El juez sostiene que en aquel momento ya existía una “unidad de acción y dirección” entre diversos implicados para desarrollar estrategias orientadas a proteger políticamente al partido frente a la cascada de investigaciones judiciales que cercan a Ferraz y La Moncloa.

Ese marco temporal resulta especialmente significativo porque coincide con uno de los momentos políticos más delicados del Gobierno de Pedro Sánchez. La imputación de su esposa, Begoña Gómez, el desgaste acumulado del caso Koldo y la presión sobre distintas investigaciones judiciales generaron un escenario de máxima tensión institucional. El auto sostiene que, en ese contexto, se produjo una reunión en la sede socialista entre Cerdán, Leire Díez, el empresario Pérez Dolset, el entonces director de comunicación del PSOE Ion Antolín y otras personas vinculadas al entorno socialista. Para el juez, aquel encuentro constituyó un “punto de inflexión” en las actuaciones investigadas.

El PSC defiende que ha cumplido con la legislación electoral

La petición de documentación sobre el PSC abre una dimensión catalana en una causa que hasta ahora se había interpretado principalmente como una estructura paralela del PSOE a nivel estatal. La victoria electoral de Illa en mayo de 2024 marcó un cambio trascendental en Cataluña al consolidar el fin de una década dominada por gobiernos independentistas, y el regreso de un socialista a la presidencia autonómica.

Sin embargo, el PSC ha reaccionado intentando establecer una línea de separación clara entre el requerimiento judicial y cualquier sospecha de irregularidad. En un comunicado, los socialistas catalanes recalcaron que toda la documentación electoral ya había sido entregada en su día a la Sindicatura de Comptes y que las cuentas fueron fiscalizadas sin detectarse irregularidades sustanciales. Además, subrayan que el PSC y el PSOE son partidos distintos desde el punto de vista orgánico y contable, por lo que las finanzas de ambos no están integradas.

El informe de la Sindicatura de Comptes sobre las elecciones catalanas de 2024 reflejó que el PSC dispuso de aproximadamente 2.9 millones de euros para la campaña y no detectó desviaciones graves, más allá de observaciones técnicas menores relacionadas con determinados pagos y comunicaciones empresariales.

Los contratos con Huawei cercan a Illa

Pero el problema político trasciende la contabilidad electoral. Lo que parece perseguir el juez Pedraz es reconstruir cómo funcionaban determinados mecanismos internos de autorización de pagos, contratación de campañas, relaciones con proveedores y estructuras de comunicación vinculadas al PSOE y a su entorno político. En ese contexto, la campaña catalana adquiere interés no necesariamente por sus cuentas, sino porque pudo coincidir temporalmente con actuaciones investigadas dentro de la supuesta trama.

La oposición catalana ha aprovechado inmediatamente esa grieta política. Tanto Junts como el PP han incrementado la presión sobre Illa reclamando explicaciones públicas en el Parlament. A esa ofensiva se suma otra controversia paralela en las relaciones institucionales con la empresa china Huawei y el contrato adjudicado por la Generalitat para infraestructuras tecnológicas estratégicas.

La coincidencia temporal entre ambas polémicas ha alimentado el discurso de quienes sostienen que el entorno político del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mantiene una influencia creciente en determinadas operaciones empresariales y diplomáticas vinculadas al socialismo español. @mundiario