“Hemos insistido en innumerables y reiteradas ocasiones en que uno de los objetivos que nos ha impulsado, y que no ha permitido que el desgaste del tiempo y la impunidad nos rebase, ha sido la idea de que denunciar podría ser la forma de detener la práctica de tortura sexual y que, de alguna forma, nuestra denuncia podría traducirse en la garantía de que ninguna mujer pudiera vivir lo que vivimos y lo que sostenemos hasta hoy”.
Esas son palabras de Norma Jiménez, una de las sobrevivientes de los hechos de represión ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006, que derivaron en detenciones arbitrarias, tortura y tortura sexual en San Salvador Atenco y Texcoco.
Las expresó durante la última audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitida en noviembre de 2018, después de que 11 sobrevivientes de tortura sexual, al no encontrar justicia a nivel nacional, acudieran al Sistema Interamericano acompañadas por el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Desafortunadamente, a 20 años de los terribles acontecimientos y tras casi ocho años del fallo de la Corte IDH, prevalece la impunidad en el caso: no ha habido una sola sentencia contra los perpetradores; continúa sin investigarse la cadena de mando durante los operativos, en los que participaron más de 2 mil elementos -entre municipales, estatales y federales-; persiste la indolencia y la falta de atención médica y psicológica hacia las mujeres, así como la ausencia de acompañamiento de las autoridades para la restitución de sus proyectos de vida. Además, no se han implementado las medidas de no repetición.
Esto se debe, por un lado, a la falta de liderazgo de la Secretaría de Gobernación para coordinar a las autoridades responsables de implementar las medidas y a la excesiva burocratización de la atención a víctimas a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Por otro lado, persisten pactos de impunidad que han impedido llevar a cabo una investigación sólida e integral sobre la planeación y ejecución del operativo, incluida la cadena de mando, conforme a lo ordenado por la Corte IDH.
En particular, respecto a la investigación, hasta ahora no ha habido avances en la indagatoria a cargo de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.
Han sido las propias sobrevivientes quienes han impulsado acciones legales frente a la fragmentación de las investigaciones en el fuero local y federal, mientras la fiscalía federal sigue sin generar un plan integral que aborde el operativo en su conjunto e investigue la cadena de mando.
Además, no se ha garantizado su derecho a participar ni a ser informadas sobre las indagatorias. A ello se suma una actuación deficiente al presentar, en reiteradas ocasiones, solicitudes de órdenes de aprehensión con múltiples fallas y sin atender el marco fáctico constatado por la Corte IDH, al excluir la responsabilidad de mandos superiores.
El actuar de esta Fiscalía Especializada dista de la política anunciada por la Fiscalía General respecto a la priorización de una perspectiva de género en las investigaciones penales.
Por ello, esta semana destacadas abogadas internacionales se sumaron a la exigencia de las mujeres, presentando un Amicus Curiae ante la Corte IDH para denunciar las omisiones y pendientes en la investigación, así como la urgente necesidad de que esta incluya los estándares internacionales derivados de una sentencia tan relevante como la del caso Atenco.
Pese al panorama desolador de 20 años de impunidad, la voz de las mujeres continúa siendo un referente por su determinación y valentía al denunciar que la tortura sexual es una práctica que tiene impactos diferenciados en las mujeres, viene acompañada de estereotipos y replica la violencia y discriminación que enfrentan en distintos ámbitos, incluido el institucional.
Porque, como se dice, lo que no se nombra no existe. Y a 20 años de Atenco, lo que no se ha nombrado plenamente es la impunidad que persiste hasta hoy y que ha permitido que la tortura sexual continúe utilizándose durante las detenciones de mujeres.
Así lo establece el Diagnóstico Nacional de Tortura Sexual de la Secretaría de Gobernación, que señala que cerca de ocho de cada diez mujeres detenidas fueron sometidas a algún tipo de tortura física durante la detención y que 4.4 de ellas sufrieron algún tipo de violencia sexual.
Ese es el legado de Paty Romero, Paty Torres, Suhelen, Italia, Norma, Edith, Mariana, Claudia, Yolanda, Ana María y Cristina: once mujeres que rompieron el silencio contra la tortura sexual y denunciaron que estos hechos suceden y no pueden volver a repetirse.
Hoy, que es tiempo de mujeres, debemos reconocer la valentía de las sobrevivientes que han alzado la voz frente a la tortura sexual para que nadie más vuelva a sufrirla; y el Estado, más que frases, les debe verdad, justicia y reparación.